08/02/14. Les pensions a Catalunya estan assegurades. On no estan assegurades és a Espanya.

Benvolguts,

El bon amic i membre de l’Assemblea de Sant Martí, Lluís Solà ens fa arribar aquest correu sobre l’article d’Eduardo Magallón publicada avui a La Vanguardia, sobre Pensions!

En Lluís diu: Vegeu article que apareix avui a la Vanguardia. Penso que aporta unes dades, que publica la Seguretat Social, que fins ara eren molt difícil de trobar.

Si vau veure l'enquesta de 8TV sobre la consulta, en el sector que hi havia més indecisos era en el sector de més de 60 anys, ja que tots estan preocupats per les pensions. Penso que és una manera de demostrar amb xifres que les pensions a Catalunya estan assegurades. On no estan assegurades és a Espanya.

Precisament en el Racó del Xerraire de demà parlarem per primera vegada en profunditat d’aquest tema, entre d’altres.

Un detall singular, que no arribo a entendre és per què a l’estat espanyol els números de la comptabilitat estatal, de la SS i de les balances fiscals no es lliuren al públic el dia 1 de gener de l’any següent, tal com es fa en les empreses serioses (als EUA les empreses tenen una pruïja extraordinària a lliurar els seus comptes anuals a partir de les zero hores de l’1 de gener!), sinó que triguen 3 anys, amb les trampes que en una monarquia bananera com la nostra s’hi poden fer!

Us presentem aquest article de La Vanguardia d’avui així com un article complementari del desembre passat.

1.       Cuentas territoriales del Estado.  Andalucía, Galicia, Asturias y Castilla y León, el mayor desfase en pensiones

• Artículo de 

Catalunya casi alcanza la autosuficiencia entre ingresos y gastos de la Seguridad Social | Los datos se extraen de la información publicada por Hacienda para las balanzas fiscales

Economía | 08/02/2014 - 02:30h

Catalunya registraba en el 2011 casi el equilibrio entre aportaciones y gasto en materia de pensiones Emilia Gutiérrez

Eduardo Magallón | Sigue a este autor en Twitter

Barcelona

http://www.lavanguardia.com/economia/20140208/54400030695/andalucia-galicia-asturias-castilla-leon-mayor-desfase-pensiones.htmlPrincipio del formulario

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La comunidades de Galicia, Asturias, Castilla y León y Andalucía son las que registran mayor desfase entre lo que aportan los trabajadores de esos territorios a la Seguridad Social y lo que reciben los jubilados vía pensiones contributivas, según la documentación suministrada por el Instituto de Estudios Fiscales (IEF) para elaborar las balanzas fiscales del 2011. En Catalunya se registra prácticamente un equilibrio entre lo que aporta a la Seguridad Social y lo que recibe vía pensiones contributivas.

En el caso de Galicia los trabajadores de esa comunidad ingresaron en la Seguridad Social (esencialmente vía cotizaciones sociales) 5.136,6 millones. En cambio, los gastos vía pensiones contributivas fueron de 6.915,2 millones. La diferencia, por tanto, es de 1.779 millones, como se aprecia en el gráfico. Después de Galicia están Asturias (-1.744 millones), Castilla y León (-1.707,2 millones) y Andalucía (-1.139 millones). La quinta comunidad con mayor desfase es el País Vasco (-885 millones). Son datos del 2011, el último año disponible.

Los expertos consultados aseguran que el volumen de datos aportado por el ministerio de Hacienda en la web del Instituto es de tal magnitud que pueden hacerse múltiples aproximaciones sobre la forma en la que se distribuye el gasto por comunidades autónomas.

En este caso los cálculos se han realizado sólo con las pensiones contributivas por el enorme peso que tienen en el conjunto del presupuesto de la Seguridad Social. Las pensiones contributivas representan más del 85% de ese gasto según consta en las Cuentas del Ejercicio 2011 de la Seguridad Social, que se recoge en los Presupuestos Generales del Estado para 2013.

En el informe para las balanzas fiscales se constata que la comunidad autónoma que más aporta a la Seguridad Social en relación con lo que recibe vía pensiones contributivas es Madrid. La comunidad madrileña ingresó 17.293 millones mientras que la cuantía de las pensiones contributivas fue de 13.282 millones. La diferencia es de 4.011 millones a favor de Madrid. Los expertos consultados afirman que esa enorme diferencia es causa del denominado efecto sede. Es decir, muchas empresas pagan a sus trabajadores la Seguridad Social en Madrid porque es donde está la sede social pese a que esos empleados desarrollen su actividad en otros territorios.

Respecto a Catalunya, fuentes de la Generalitat sostienen que si además de las pensiones contributivas se toman en consideración todas las prestaciones que recibió Catalunya (esencialmente prestaciones por desempleo y jubilaciones de la Seguridad Social) el desfase se incrementaría. La razón obedece al negativo ciclo económico actual. En 2012, el Departament d'Economia que dirige Andreu Mas-Colell publicó un informe en el que constataba que en 2009 y 2010 Catalunya recibió 1.252 y 2.142 millones de euros más de lo que aportó. Por lo tanto, los técnicos del departamento estiman que esa diferencia se dio también en el 2011. Este mismo proceso se registró en los años 1995 y 1996. Pero en el conjunto de la serie histórica -el periodo de 15 años que va de 1995 a 2010- el conjunto de los trabajadores con residencia en Catalunya aportaron a las prestaciones sociales ( Seguridad Social y desempleo) 24.774 millones más de lo que recibieron vía pensiones o subsidios de paro.

En cambio, en ese mismo periodo, el resto de España tuvo un déficit de 86.332 millones. Si se reparte per cápita la mayor aportación de Catalunya equivale a 3.384 euros por persona. En cambio al resto de España le correspondería un saldo negativo de -2.228 euros per cápita.

En términos de PIB, el saldo positivo de Catalunya equivale al 12,7%. En aquel informe de la Generalitat del 2012 se justificó ese saldo negativo en 1995-96 y 2009-2010 en que con la crisis "suben las prestaciones y bajan las cotizaciones".

Con el informe del 2012, el Departament d'Economia quiere demostrar que la comunidad autónoma en un periodo prolongado en el tiempo era autosuficiente para financiar las prestaciones sociales que percibe. El estudio se elaboró semanas después de que la Seguridad Social publicará un informe que aseguraba que solamente las comunidades de Canarias, Madrid y Baleares contaban con un saldo positivo de lo que aportan respecto de lo que reciben. Según aquel informe, las 14 comunidades restantes arrojan un déficit en las prestaciones sociales.

2. El gasto en pensiones sube un 4,8% en diciembre, hasta 7.884 millones

http://www.lavanguardia.com/economia/20131219/54398379977/sube-el-gasto-en-pensiones.html

La pensión media de jubilación alcanzó a principios del presente mes los 987,48 euros mensuales, lo que supone un 3,4% más respecto al mismo mes de 2012

Economía | 19/12/2013 - 09:33h | Última actualización: 19/12/2013 - 09:37h

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MADRID (EUROPA PRESS) La Seguridad Social destinó en el presente mes de diciembre 7.884 millones de euros al pago de las pensiones contributivas, un 4,8% más que en el mismo mes de 2012, según datos hechos públicos este jueves por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

La pensión media de jubilación alcanzó a principios del presente mes los 987,48 euros mensuales, lo que supone un 3,4% más respecto al mismo mes de 2012.

Por su parte, la pensión media del sistema, que comprende las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares), se situó al iniciarse diciembre en 862 euros mensuales, lo que supone un aumento interanual del 3,1%.

En concreto, la pensión media de viudedad se situó en diciembre en 619,76 euros mensuales, un 2,6% más, mientras que la de incapacidad permanente alcanzó una cuantía media de 910,37 euros mensuales, con un incremento del 2,2%.

Asimismo, la pensión media de orfandad ascendió a 369,68 mensuales, un 1,2% más que en diciembre de 2012, mientras que la de favor de familiares se situó en 503,83 euros al mes, con un repunte del 3,2%.

En diciembre, el número de pensiones contributivas de la Seguridad Social era de 9.145.966, con un crecimiento del 1,6% sobre igual mes de 2012.

De esta cantidad, 5.513.570 fueron de jubilación, con un repunte del 2,3% respecto a diciembre de 2012, mientras que 2.345.901 fueron pensiones de viudedad (+0,6%), 933.433 de incapacidad permanente (-1%), 315.013 de orfandad (+6,8%), y 38.049 a favor de familiares (+0,2%).

Por comunidades autónomas, siete de ellas más Ceuta superaron en diciembre la pensión media nacional, establecida en 862 euros al mes. País Vasco (1.064,50 euros), Madrid (1.020,42 euros) y Asturias (1.017,95 euros) registraron las pensiones más elevadas.

Les siguen Navarra (980,83 euros), Aragón (899,87 euros), Cantabria (898,28 euros), Ceuta (893,25 euros), Cataluña (891,14 euros), Castilla y León (842,39 euros), La Rioja (829,32 euros), Melilla (822,69 euros), Canarias (805,03 euros), Castilla-La Mancha (802,70 euros), Comunidad Valenciana (793,50 euros), Baleares (790,25 euros) y Andalucía (782,71 euros).

Cierran la tabla, con las pensiones menos cuantiosas, Murcia, con una pensión media de 760,33 euros mensuales; Extremadura, con 727,18 euros, y Galicia, con 725,61 euros al mes.

Joan A. Forès

Reflexions

29/11/13. José Luis Monereo y Santos M. Ruesga. Alguien vuela sobre las pensiones públicas. Tratan de instalar la idea de que estas se han de financiar necesariamente solo con las aportaciones de los cotizantes.

Benvolguts,

Un article dels economistes José Luis Monereo y Santos M. Ruesga ens alerta de com l’estat ens enreda amb les amenaces sobre el sistema de pensions. I jo dic que també ens enreda la UE sobre el mateix motiu. Parla dels papus sobre la “sostenibilidad financiera”, expressa una idea que cal tenir en compte “ tratan de instalar la idea de que estas se han de financiar necesariamente solo con las aportaciones de los cotizantes,” i deixa pel final el punt més crític (¿) “lo que puede condicionar coyunturalmente la sostenibilidad actual de nuestro sistema de pensiones es resolver el gravísimo problema social del desempleo masivo”

Uns tasts:

·       Leyendo la prensa estos días hemos trazado esa línea para encontrarnos con la descomposición orgánica generada por la reforma en curso de nuestro sistema público de pensiones.

“Cuando hablamos de las pensiones complementarias o de las pensiones privadas, / … / no estamos siendo honestos / … / lo que necesitamos desesperadamente es que las pensiones públicas se replieguen de una o de otra manera para ampliar el espacio atribuido a las pensiones privadas” (José Antonio Herce, 2012).

·       Al albur de la “sostenibilidad financiera” de las pensiones tratan de instalar la idea de que estas se han de financiar necesariamente solo con las aportaciones de los cotizantes.

·       Aquí lo que puede condicionar coyunturalmente la sostenibilidad actual de nuestro sistema de pensiones es resolver el gravísimo problema social del desempleo masivo.

 

Alguien vuela sobre las pensiones públicas

José Luis Monereo y Santos M. Ruesga en El País

el 29 noviembre, 2013 en Derechos, Economía, Ética, Laboral, Libertades, Política, Sociedad, Valores

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TRIBUNA

La reforma socava la confianza ciudadana en el modelo de reparto

Si veis volar en círculo un grupo de aves carroñeras, trazad una línea vertical desde el centro geométrico y en el suelo encontraréis o el cadáver o el animal moribundo. Leyendo la prensa estos días hemos trazado esa línea para encontrarnos con la descomposición orgánica generada por la reforma en curso de nuestro sistema público de pensiones. El vuelo intenso de compañías aseguradoras y entidades bancarias a la caza de ahorradores, con ofertas variadas de productos financieros para colocar el resultado del miedo a la caída de las pensiones públicas, nos indica la cercanía del sujeto moribundo: la cuantía de estas.

Para lo cual se requiere de la generalización del miedo a la pérdida de una pensión pública suficiente que ponga a una parte (los que puedan) de los futuros pensionistas ante el abismo de una vejez con escasos recursos y acudan en masa a garantizarse una “pensión complementaria”. Y junto a ello, la pérdida de confianza de los ciudadanos (ideológicamente inducida) respecto a la viabilidad del sistema público de pensiones. Este es el discurso que subyace la reforma que está poniendo en marcha el Gobierno: socavar el modelo financiero de reparto, que había asegurado pensiones suficientes con criterio redistributivo y con gran capacidad de autorregulación y adaptación a los cambios económicos y demográficos a los que ha tenido que hacer frente.

Ya lo decía abiertamente un experto en la materia hace unos meses: “Cuando hablamos de las pensiones complementarias o de las pensiones privadas, / … / no estamos siendo honestos / … / lo que necesitamos desesperadamente es que las pensiones públicas se replieguen de una o de otra manera para ampliar el espacio atribuido a las pensiones privadas” (José Antonio Herce, 2012).

Para que esto ocurra es requisito necesario que se instale en la opinión pública la inevitabilidad de tal final, que el miedo al futuro de las pensiones aseguren el flujo de ahorro hacia los fondos privados de pensiones. Así no se “molesta”, así todos asumimos que en el futuro no “se van a poder pagar las pensiones”. Los agoreros que ya desde los años noventa nos anunciaban la bancarrota de la Seguridad Social parece que están ganando la batalla de la opinión pública. Al albur de la “sostenibilidad financiera” de las pensiones tratan de instalar la idea de que estas se han de financiar necesariamente solo con las aportaciones de los cotizantes. Tras este principio se oculta algo tan básico como que las pensiones no son —solo— una contrapartida a una contribución, sino un derecho básico reconocido en nuestra Constitución que demanda a los poderes públicos que garanticen, “mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad” (artículo 50 de la CE).

No deja ser paradójico que estas políticas de reducción sistemática de las pensiones públicas y de potenciación decidida de las pensiones privadas se lleve a cabo en una coyuntura como la actual, en la que es un hecho empíricamente que los fondos de pensiones se están mostrando muy frágiles y vulnerables frente a la coyuntura de crisis económica y son inseguros para garantizar los fines de protección social. Son ahora incluso parte del problema por su implicación directa en las turbulencias financieras pasadas.

Para todo ello ha de instalarse, pues, un discurso ideológico (aunque revestido de tecnicismo) que se apoye en sucesivas mentiras o medias verdades que confunden, o mejor amedrentan, al ciudadano futuro pensionista, olvidando que:

— Estas reformas no son una cuestión técnica, atribuible a los “expertos”. Es un discurso ideológico, oculto tras el nombramiento de una “comisión de expertos” para reforzar una reforma que ya estaba previamente definida, que atribuiría a la fatalidad de la economía (convertida erróneamente en una suerte de ciencia “natural” independiente de las legítimas decisiones político-institucionales) o de la demografía, este negro horizonte para las pensiones.

— Está en proceso de aplicación la Ley 27/2011, vigente desde el 1 de enero de 2013, que supone ya un importante recorte de la cuantía de las pensiones en el medio plazo. Con ella, el erario público ahorrará [dejará de gastar] un 3% del PIB a la altura del año 2050 (unos 2.000 euros anuales por pensionista).

— Los nuevos pensionistas, irán perdiendo parte del valor de su pensión inicial por aplicación del denominado Factor de Sostenibilidad desde 2023. A un ritmo de descenso acumulable del 5% del valor de la pensión inicial media por cada década de aplicación (estimaciones del comité de expertos).

— Con la puesta en vigor del índice de revalorización de las pensiones definido en la próxima reforma, el erario público se ahorrará, desde 2014 hasta 2022, 33.000 millones de euros, según indica el propio Gobierno (con una inflación prevista del 1%, bastante poco creíble).

— En cómputo global, el coeficiente de sustitución (relación entre cuantía de la pensión y el salario percibido inmediatamente antes de jubilarse, para una persona con carrera de cotización completa) pasaría de aproximadamente un 80% en el momento actual a menos del 50% a mediados de los años cincuenta. Es decir, se alejaría sustancialmente la renta disponible de los pensionistas respecto a la de los activos, abriendo camino a la extensión de situaciones de pobreza y desigualdades más intensas entre los inactivos. Se pone en cuestión, aún más, la cohesión social y territorial del Estado, de la cual el sistema público de pensiones actual es un baluarte consolidado.

Por último, resulta precipitado poner en entredicho el equilibrio interno del sistema. Existe aún un importante colchón financiero, constituido por el Fondo de Reserva. Tras cinco años de crisis, solo se ha utilizado un 5% del Fondo, con lo que la reserva existente a día de hoy es superior a los 63.000 millones de euros.

El verdadero desafío para la política pública de solidaridad social en las pensiones es incrementar los recursos del sistema aumentando los ingresos (a través de cotizaciones sociales y/o aportaciones estatales) hasta alcanzar los niveles existentes de media en los países de la zona euro. Aquí lo que puede condicionar coyunturalmente la sostenibilidad actual de nuestro sistema de pensiones es resolver el gravísimo problema social del desempleo masivo.

Y a ello lo que se opone es una política de extrema austeridad que cercena las bases del crecimiento económico y, por tanto, los ingresos de la Seguridad Social, en particular, y del Estado, en general.

José Luis Monereo  es catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Granada, y Santos M. Ruesga es catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Autónoma de Madrid.

Joan A. Forès

Reflexions