Benvolguts,
Un
article dels economistes José Luis Monereo y Santos M. Ruesga ens alerta
de com l’estat
ens enreda amb les amenaces sobre el sistema de pensions. I jo
dic que també ens enreda la UE sobre el mateix motiu. Parla dels papus sobre la
“sostenibilidad
financiera”, expressa una idea que cal tenir en compte “ tratan de instalar la idea de que estas se
han de financiar necesariamente solo con las aportaciones de los cotizantes,” i deixa pel final el punt
més crític (¿) “lo que puede condicionar coyunturalmente
la sostenibilidad actual de nuestro sistema de pensiones es resolver el
gravísimo problema social del desempleo masivo”
Uns tasts:
· Leyendo
la prensa estos días hemos trazado esa línea para encontrarnos con la descomposición
orgánica generada por la reforma en curso de nuestro sistema público de
pensiones.
“Cuando hablamos de las pensiones complementarias
o de las pensiones privadas, / … / no estamos siendo honestos / … / lo que
necesitamos desesperadamente es que las pensiones públicas se replieguen de una
o de otra manera para ampliar el espacio atribuido a las pensiones privadas”
(José Antonio Herce, 2012).
· Al albur
de la “sostenibilidad financiera” de las pensiones tratan de instalar la idea
de que estas se han de financiar necesariamente solo con las aportaciones de
los cotizantes.
·
Aquí lo que puede condicionar coyunturalmente la
sostenibilidad actual de nuestro sistema de pensiones es resolver el gravísimo
problema social del desempleo masivo.
Alguien vuela sobre las pensiones
públicas
José Luis Monereo y Santos M. Ruesga en El País
el 29 noviembre, 2013 en Derechos, Economía, Ética,
Laboral, Libertades, Política, Sociedad, Valores
TRIBUNA
La reforma socava
la confianza ciudadana en el modelo de reparto
Si veis volar en círculo un grupo de aves
carroñeras, trazad una línea vertical desde el centro geométrico y en el suelo
encontraréis o el cadáver o el animal moribundo. Leyendo la prensa estos días hemos trazado esa
línea para encontrarnos con la descomposición orgánica generada por la reforma
en curso de nuestro sistema público de pensiones. El vuelo intenso
de compañías aseguradoras y entidades bancarias a la caza de ahorradores, con
ofertas variadas de productos financieros para colocar el resultado del miedo a
la caída de las pensiones públicas, nos indica la cercanía del sujeto
moribundo: la cuantía de estas.
Para lo cual se requiere
de la generalización del miedo a la pérdida de una pensión pública suficiente
que ponga a una parte (los que puedan) de los futuros pensionistas ante el
abismo de una vejez con escasos recursos y acudan en masa a garantizarse una
“pensión complementaria”. Y junto a ello, la pérdida de confianza de los
ciudadanos (ideológicamente
inducida) respecto a la viabilidad del sistema público de pensiones.
Este es el discurso que subyace la reforma que está poniendo en marcha el
Gobierno: socavar
el modelo financiero de reparto, que había asegurado pensiones suficientes con
criterio redistributivo y con gran capacidad de autorregulación y adaptación a
los cambios económicos y demográficos a los que ha tenido que hacer frente.
Ya lo decía abiertamente un experto en la materia
hace unos meses: “Cuando hablamos de las pensiones complementarias o de las pensiones
privadas, / … / no estamos siendo honestos / … / lo que necesitamos
desesperadamente es que las pensiones públicas se replieguen de una o de otra
manera para ampliar el espacio atribuido a las pensiones privadas”
(José Antonio Herce, 2012).
Para que esto ocurra es requisito necesario que se instale en
la opinión pública la inevitabilidad de tal final, que el miedo al futuro de
las pensiones aseguren el flujo de ahorro hacia los fondos privados de
pensiones. Así no se “molesta”, así todos asumimos que en el futuro
no “se van a poder pagar las pensiones”. Los agoreros que ya desde los años
noventa nos anunciaban la bancarrota de la Seguridad Social parece que están
ganando la batalla de la opinión pública. Al albur de la “sostenibilidad financiera” de las pensiones
tratan de instalar la idea de que estas se han de financiar necesariamente solo
con las aportaciones de los cotizantes. Tras este principio se oculta algo tan
básico como que las pensiones no son —solo— una contrapartida a una
contribución, sino un derecho básico reconocido en nuestra Constitución que
demanda a los poderes públicos que garanticen, “mediante pensiones adecuadas y
periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante
la tercera edad” (artículo 50 de la CE).
No deja ser paradójico que estas políticas de
reducción sistemática de las pensiones públicas y de potenciación decidida de
las pensiones privadas se lleve a cabo en una coyuntura como la actual, en la
que es un hecho empíricamente que los fondos de pensiones se están mostrando muy frágiles
y vulnerables frente a la coyuntura de crisis económica y son inseguros para
garantizar los fines de protección social. Son ahora incluso parte del problema por su implicación
directa en las turbulencias financieras pasadas.
Para todo ello ha de instalarse, pues, un discurso
ideológico (aunque revestido de tecnicismo) que se apoye en sucesivas mentiras
o medias verdades que confunden, o mejor amedrentan, al ciudadano futuro
pensionista, olvidando que:
— Estas reformas no son una cuestión técnica,
atribuible a los “expertos”. Es un discurso ideológico, oculto tras el nombramiento de una
“comisión de expertos” para reforzar una reforma que ya estaba previamente
definida, que atribuiría a la fatalidad de la economía (convertida
erróneamente en una suerte de ciencia “natural” independiente de las legítimas
decisiones político-institucionales) o de la demografía, este negro horizonte
para las pensiones.
— Está en proceso de aplicación la Ley 27/2011,
vigente desde el 1 de enero de 2013, que supone ya un importante recorte de la
cuantía de las pensiones en el medio plazo. Con ella, el erario público ahorrará [dejará de gastar]
un 3% del PIB a la altura del año 2050 (unos 2.000 euros anuales por
pensionista).
— Los nuevos pensionistas, irán perdiendo parte
del valor de su pensión inicial por aplicación del denominado Factor de
Sostenibilidad desde 2023. A un ritmo de descenso acumulable del 5%
del valor de la pensión inicial media por cada década de aplicación
(estimaciones del comité de expertos).
— Con la puesta en vigor del índice de
revalorización de las pensiones definido en la próxima reforma, el erario público
se ahorrará, desde 2014 hasta 2022, 33.000 millones de euros, según
indica el propio Gobierno (con una inflación prevista del 1%, bastante poco
creíble).
— En cómputo global, el coeficiente de sustitución
(relación entre cuantía de la pensión y el salario percibido inmediatamente
antes de jubilarse, para una persona con carrera de cotización completa) pasaría de
aproximadamente un 80% en el momento actual a menos del 50% a mediados de los
años cincuenta. Es decir, se alejaría sustancialmente la renta
disponible de los pensionistas respecto a la de los activos, abriendo camino a
la extensión de situaciones de pobreza y desigualdades más intensas entre los
inactivos. Se pone en cuestión, aún más, la cohesión social y territorial del
Estado, de la cual el sistema público de pensiones actual es un baluarte
consolidado.
Por último, resulta
precipitado poner en entredicho el equilibrio interno del sistema. Existe aún
un importante colchón financiero, constituido por el Fondo de Reserva. Tras
cinco años de crisis, solo se ha utilizado un 5% del Fondo, con lo que la
reserva existente a día de hoy es superior a los 63.000 millones de euros.
El verdadero desafío para la política pública de
solidaridad social en las pensiones es incrementar los recursos del sistema
aumentando los ingresos (a través de cotizaciones sociales y/o aportaciones
estatales) hasta alcanzar los niveles existentes de media en los
países de la zona euro. Aquí lo que puede condicionar coyunturalmente la
sostenibilidad actual de nuestro sistema de pensiones es resolver el gravísimo
problema social del desempleo masivo.
Y a ello lo que se opone es una política de
extrema austeridad que cercena las bases del crecimiento económico y, por
tanto, los ingresos de la Seguridad Social, en particular, y del Estado, en
general.
José Luis Monereo es
catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad
de Granada, y Santos M. Ruesga es catedrático de Economía
Aplicada en la Universidad Autónoma de Madrid.
Joan
A. Forès
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