16/08/14. Juan Ramón Rallo. ¿Por qué en España se recauda menos que en Europa? Economia submergia i corrupció. Espanya versus Europa i els paisos nòrdics

Benvolguts,

Avui comentarem un article de Juan Ramón Rallo, ¿Por qué en España se recauda menos que en Europa. Sembla que aquest xicot és com el Pancho López, pequeño pero matón. Als 30 anys ja ho ha fet tot. I coixeja cap a la dreta liberal i portadora de valores eternos. Guaiteu quins són els objectius del Instituto Juan de Mariana (IJM):

És un think tank independiente con sede en Madrid fundado en el año 2005 (el xicot tenia 21 anys...): "dar a conocer al gran público español, europeo y latinoamericano, los beneficios que para los intereses generales proporcionan la propiedad privada, la libre iniciativa empresarial y la limitación del ámbito de actuación de los poderes públicos". No deu estar massa d’acord amb el Pablo Iglesias ni amb Friedrich Engels (autor del sempre recomanable llibre “Els orígens de la familia, la propietat privada i l’estat”. http://es.slideshare.net/javiercabrerau/el-origen-de-la-f).
http://es.slideshare.net/guestc81620/el-origen-de-la-familia-la-propiedad-privada-y-el-estado-federico-engels?related=1

Sembla que el Pancho López vagi disfressat de Robin Hood!: Troba que la UE, Suècia i Finlàndia, no són bons exemples de gestió de la pressió fiscal, ja que l’economia submergida del Reino de España no és tant més alta que la d’aquests països:

·       La economía sumergida no es en España abisalmente diferente a la del resto de Europa o a la de los países nórdicos

I asegura que al Reino de España els estratos más humildes de la sociedad, són els que proporcionalment paguen menys impostos:

·       Quienes pagan relativamente muchos menos impuestos en España frente a Europa no son las rentas más altas, sino los estratos más humildes de la sociedad

·       Los tipos efectivos sobre la renta de la mitad de la población más pobre son muchísimo más bajos en España que en los nórdicos

I conclou que no cal apujar impostos. ¿Puede España duplicar la tributación que están soportando las rentas más bajas? A mi juicio no: lo razonable es bajar el gasto y bajar impuestos, no lo contrario.

És clar que cal abaixar la descomunal despesa del Reino de España, però de passada podria apujar impostos a les rendes més altes…

És interessant perquè dóna moltes dades comparatives entre el Reino de España i Europa i també és interessant perquè distingeix molt bé entre impostos directes, indirectes, cotitzacions SS a càrrec de l'empresa i del treballador, tot sempre degudament cuinat... 

 

Ara podem veure la seva exposició i els seus raonaments:

¿Por qué en España se recauda menos que en Europa

Juan Ramón Rallo en Vozpopuli.com

el 16 agosto, 2014 en Derechos, Economía, Ética, Igualdad, Internacional, Justicia, Libertades, Política, Sociedad, Sociología, Valores

Juan Ramón Rallo Julián (nacido el 13 de marzo de 1984) es un economista español de la escuela austríaca. Rallo es escritor, docente en varias universidades, y también es conocido por su presencia mediática en espacios de análisis económico. Es socio fundador del Instituto Juan de Mariana y su actual director.

Es licenciado en Derecho y licenciado en Economía por la Universidad de Valencia (con sendos Premios Extraordinarios de fin de carrera), máster en economía de la Escuela austríaca y doctor en economía por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Actualmente es profesor y codirector del Máster en Economía del Centro de Estudios Superiores Online de Madrid Manuel Ayau (OMMA) y en la Escuela Superior de Negocios ISEAD.

El Instituto Juan de Mariana (IJM) es un think tank independiente con sede en Madrid fundado en el año 2005. Sus objetivos son, según sus estatutos, "dar a conocer al gran público español, europeo y latinoamericano, los beneficios que para los intereses generales proporcionan la propiedad privada, la libre iniciativa empresarial y la limitación del ámbito de actuación de los poderes públicos".^[1

ImprimirOPINIÓN

La presión fiscal de España en el año 2012 fue del 33,3% del PIB mientras que la del resto de Europa fue del 39,5%. Más de seis puntos sobre el PIB de diferencia que, en caso de suprimirlos, le permitirían a Hacienda recaudar más de 60.000 millones de euros adicionales y acabar con el déficit público. La respuesta, pues, parece obvia: hay que equiparar fiscalmente a España con Europa y… problema terminado.

Sin embargo, mucho me temo que quienes defienden la necesidad de tal incremento en la presión fiscal se están imaginando que serán otros, acaso los ricos, los que carguen con tamaña factura. Tal vez convendría que desglosáramos a qué se debe nuestro diferencial tributario con Europa.

La estructura de la presión fiscal en la Unión Europea

La presión fiscal española —equivalente al 33,3% del PIB en 2012— se desglosa del siguiente modo: 10,6% del PIB en impuestos directos, 10,7% en impuestos indirectos y 12% en cotizaciones sociales. Dentro de los impuestos indirectos destaca el IVA —con el 5,5% del PIB—, y dentro de los directos el IRPF —con el 7,7% del PIB— y Sociedades —con 2,2% del PIB—; a su vez, las cotizaciones a la Seguridad Social se dividen en 8,4% del PIB a cargo del empresario, 1,8% a cargo del trabajador y 1,8% a cargo de los autónomos.

En cambio, en el conjunto de la Unión Europea, la presión fiscal del 39,5% del PIB se divide del siguiente modo: 13,2% del PIB en impuestos directos, 13,6% en indirectos y 12,7% en cotizaciones sociales. Dentro de los indirectos, destaca el IVA —con el 6,1% del PIB—, y de los directos el IRPF —con el 9,4% del PIB— y Sociedades —con el 2,6% del PIB—; a su vez, las cotizaciones sociales se dividen en 7,3% del PIB a cargo del empresario, 3,9% a cargo del trabajador y 1,5% a cargo de los autónomos.

Por consiguiente, para equipararnos fiscalmente con Europa, la recaudación por impuestos directos debería aumentar en 2,6 puntos del PIB (sobre todo, 1,7 puntos de IRPF y 0,4 puntos de Sociedades), la recaudación por indirectos en 2,9 puntos y las cotizaciones sociales en 0,7 puntos (si bien, las que se encuentran a cargo del empresario deberían reducirse en 1,1 puntos, las de los autónomos en 0,3 puntos y las de los trabajadores por cuenta ajena aumentar en 2,2 puntos). Dicho de otro modo, para equipararnos con Europa deberíamos subir muy sustancialmente la fiscalidad indirecta (IVA e Impuestos especiales) y la del IRPF, así como las cotizaciones sociales a cargo del trabajador.

Por supuesto, una mayor recaudación por estos conceptos no significa que los tipos impositivos deban subir: en teoría, es posible bajar los impuestos y recaudar más (eso es lo que sucede, por ejemplo, con la recaudación por Sociedades en Irlanda). Para saber exactamente quién soportaría la carga de la “equiparación fiscal con Europa” debemos echarle un vistazo a los tipos impositivos implícitos sobre el trabajo, el consumo y el capital (es decir, el gravamen medio al que tributa el gasto al consumo, las rentas del trabajo y las rentas del capital).

Pues bien: para equipararnos con Europa, el tipo implícito sobre el consumo debería aumentar del 14% al 24,5% (un aumento de la fiscalidad sobre el consumo del 75%), el tipo implícito sobre las rentas del trabajo debería pasar del 33,5% al 36,1% (un incremento del 7,7%) y el tipo implícito sobre las rentas del capital desde el 25,3% al 29,5% (un incremento del 16%). Por tanto, el sablazo fundamental vendría de una mucho mayor tributación indirecta (casi duplicar su carga actual). Tal vez alguno considere que al menos con este esquema las empresas también saldrán esquilmadas; sin embargo, dentro de los tipos implícitos sobre el capital, los que más habría que subir, para equipararnos con Europa, son los que afectan a familias y autónomos: del 13% al 16,8% (un 29,3% de subida), mientras que los que afectan a empresas apenas crecerían del 17,8% al 19,2% (un 7,8%).

La estructura de la presión fiscal en Suecia

Visto lo visto, parece que la Unión Europea no es un magnífico espejo tributario en el que mirarse: sí, la presión fiscal es mayor que en España pero la soportan esencialmente las familias a través de una mayor fiscalidad indirecta, mientras que a las empresas apenas se las toca el pelo. Tal vez sea conveniente emular fiscalmente dentro de Europa a ese paradigma de Estado socialdemócrata que es Suecia.

En Suecia, la presión fiscal es del 44,2% del PIB —10,9 puntos superior a la española— y se desglosa del siguiente modo: 18,3% del PIB en impuestos directos, 18,7% en impuestos indirectos y 7,2% en cotizaciones sociales. Dentro de los impuestos indirectos destaca el IVA —con el 9,3% del PIB— y dentro de los directos el IRPF —15,2% del PIB— y Sociedades —2,9% del PIB—; a su vez, las cotizaciones sociales las paga íntegramente el empresario —con 7% del PIB— y los autónomos —con 0,2% del PIB—, no hay propiamente cotizaciones sobre el trabajador por cuenta ajena.

Por tanto, para equipararnos fiscalmente con Suecia deberíamos aumentar la recaudación por impuestos directos en 7,7 puntos (en especial, IRPF con 7,5 puntos adicionales y Sociedades con 0,7 puntos, minorando otra tributación directa), la recaudación por impuestos indirectos debería incrementarse en 8 puntos y la recaudación por cotizaciones sociales habría que reducirla en 4,8 puntos (1,4 puntos la del empresario, 1,8 puntos la del trabajador y 1,6 puntos la del autónomo). Por tipos impositivos implícitos la imagen cambia poco: el tipo implícito sobre el consumo en Suecia es del 26,5% (un 90% superior al español), sobre el trabajo un 38,6% (un 15% superior al español) y sobre el capital un 30,6% (un 21% superior al español).

Por consiguiente, el sistema sueco implica una subida generalizada de impuestos, especialmente en impuestos sobre el consumo, cuyo tipo medio se incrementaría en un 90%. ¿Verdaderamente queremos cuasi duplicar el IVA y los Impuestos Especiales? Acaso algunos crean que la clave del modelo sueco es que esos altos impuestos indirectos se ven compensados por una fiscalidad extremadamente progresiva en los impuestos directos. Pero no: el tipo medio efectivo por quintil de renta en el IRPF subiría, especialmente, para el 60% de la población con menor renta (cuyos tipos efectivos se duplicarían o más que duplicarían).

Para muestra, un botón: las rentas inferiores a 2.000 euros anuales no pagan prácticamente IRPF en España, mientras que en Suecia abonan el 11,2%.

En definitiva, copiar el modelo sueco implicaría duplicar la tributación sobre el consumo y duplicar (o más que duplicar) el tipo efectivo del IRPF del 60% de contribuyentes con menor renta (el 20% más rico, en cambio, sólo la vería aumentar un 27%). ¿Ese es el modelo tributario que queremos para España?

La estructura de la presión fiscal en Finlandia

Quizá ni la Unión Europea ni Suecia sean buenos modelos fiscales a copiar. Pero, ¿qué tal Finlandia? La presión fiscal de Finlandia es prácticamente la misma que la sueca —44,1% del PIB— pero repartida de una forma algo distinta: 16,3% del PIB por impuestos directos, 14,7% por indirectos y 13,2% por cotizaciones sociales. Dentro de los impuestos indirectos destaca el IVA, con el 9,2% del PIB, y dentro de los directos el IRPF, con el 13% del PIB y Sociedades con el 2,2%; a su vez, las cotizaciones sociales se distribuyen con un 9,2% para empresarios, 3% para trabajadores y 1% para autónomos.

Por tanto, para parecernos a Finlandia deberíamos aumentar la recaudación por impuestos directos en 5,7 puntos (en especial, IRPF con 6,3 puntos adicionales, para así reducir otra recaudación directa como la de Sociedades), la recaudación por impuestos indirectos debería incrementarse en 4 puntos y la recaudación por cotizaciones sociales debería crecer 1,2 puntos (0,8, puntos la del empresario, 1,2 puntos la del trabajador y reducir 0,8 puntos la del autónomo). Por tipos impositivos implícitos la imagen es muy similar: el tipo implícito sobre el consumo en Finlandia es del 26,4% (un 88,5% superior al español), sobre el trabajo un 40,1% (un 19,7% superior al español) y sobre el capital un 29,9% (un 18% superior al español). Hay que aclarar que el tipo implícito sobre el capital es más alto por la superior tributación de las rentas del capital familiares y de autónomos (tipo implícito del 22,7% frente al 13% español) no por la tributación de Sociedades (que es más bajo en Finlandia: del 17,5% frente al 17,8% español).

Por consiguiente, el modelo tributario finés también implica una subida de la tributación sobre el consumo del 90% y una rebaja en la tributación a las empresas. Pero, ¿es al menos su tributación directa más progresiva que al sueca? Pues no. Nuevamente, los contribuyentes que más notarían la subida de los tipos efectivos del IRPF son el 60% de contribuyentes con menor renta.

Una breve nota sobre la economía sumergida

Por terminar de despejar mitos: la economía sumergida no es en España abisalmente diferente a la del resto de Europa o a la de los países nórdicos. Según las estimaciones más fiables, las del experto mundial Friedrich Schneider, el peso de la economía sumergida en el PIB español es del 18,6%, frente al 18,4% de la Unión Europea, al 13,9% de Suecia o al 13% de Finlandia. La diferencia con Suecia, pues, es de apenas 4,7 puntos de PIB: si esos 4,7 puntos tributaran al 40%, lograríamos una recaudación adicional de 1,9 puntos. Con respecto a Finlandia es de 5,6 puntos, por lo que si la graváramos al 40%, recaudaríamos 2,25 puntos adicionales. Por tanto, si la presión fiscal en Europa es 6,2 puntos superior a la española o si en Suecia y Finlandia es 10,9 puntos mayor, no es porque nuestra economía sumergida esté mucho más extendida: es porque en los otros países se pagan más impuestos.

Conclusión

Tal como reza la sabiduría convencional, es verdad que en España pagamos menos impuestos que en el conjunto de Europa o que en los países nórdicos y, por eso, nuestra presión fiscal es más reducida. Pero, a diferencia de lo que sostiene la sabiduría convencional, quienes pagan relativamente muchos menos impuestos en España frente a Europa no son las rentas más altas, sino los estratos más humildes de la sociedad: por un lado, los gravámenes sobre el consumo son en España mucho menores que en Europa y, sobre todo, que en los países nórdicos; por otro, los tipos efectivos sobre la renta de la mitad de la población más pobre son muchísimo más bajos en España que en los nórdicos.

¿Puede España duplicar la tributación que están soportando las rentas más bajas? A mi juicio no: lo razonable es bajar el gasto y bajar impuestos, no lo contrario. Pero eso, duplicar la tributación de los ciudadanos más pobres, es lo que en el fondo —quizá sin saberlo— defienden quienes quieren más gasto y más impuestos. El “que paguen los ricos” es puro populismo tributario, pues los ricos no están pagando sustancialmente menos que en el resto de Europa: quienes pagan menos que en el resto de Europa —de la Europa con Estados más grandes— son los pobres. ¿De verdad queremos saquearlos tributariamente para mayor gloria de un Estado sobredimensionado?

Juan Ramón Rallo

Joan A. Forès

Reflexions

29/11/13. José Luis Monereo y Santos M. Ruesga. Alguien vuela sobre las pensiones públicas. Tratan de instalar la idea de que estas se han de financiar necesariamente solo con las aportaciones de los cotizantes.

Benvolguts,

Un article dels economistes José Luis Monereo y Santos M. Ruesga ens alerta de com l’estat ens enreda amb les amenaces sobre el sistema de pensions. I jo dic que també ens enreda la UE sobre el mateix motiu. Parla dels papus sobre la “sostenibilidad financiera”, expressa una idea que cal tenir en compte “ tratan de instalar la idea de que estas se han de financiar necesariamente solo con las aportaciones de los cotizantes,” i deixa pel final el punt més crític (¿) “lo que puede condicionar coyunturalmente la sostenibilidad actual de nuestro sistema de pensiones es resolver el gravísimo problema social del desempleo masivo”

Uns tasts:

·       Leyendo la prensa estos días hemos trazado esa línea para encontrarnos con la descomposición orgánica generada por la reforma en curso de nuestro sistema público de pensiones.

“Cuando hablamos de las pensiones complementarias o de las pensiones privadas, / … / no estamos siendo honestos / … / lo que necesitamos desesperadamente es que las pensiones públicas se replieguen de una o de otra manera para ampliar el espacio atribuido a las pensiones privadas” (José Antonio Herce, 2012).

·       Al albur de la “sostenibilidad financiera” de las pensiones tratan de instalar la idea de que estas se han de financiar necesariamente solo con las aportaciones de los cotizantes.

·       Aquí lo que puede condicionar coyunturalmente la sostenibilidad actual de nuestro sistema de pensiones es resolver el gravísimo problema social del desempleo masivo.

 

Alguien vuela sobre las pensiones públicas

José Luis Monereo y Santos M. Ruesga en El País

el 29 noviembre, 2013 en Derechos, Economía, Ética, Laboral, Libertades, Política, Sociedad, Valores

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TRIBUNA

La reforma socava la confianza ciudadana en el modelo de reparto

Si veis volar en círculo un grupo de aves carroñeras, trazad una línea vertical desde el centro geométrico y en el suelo encontraréis o el cadáver o el animal moribundo. Leyendo la prensa estos días hemos trazado esa línea para encontrarnos con la descomposición orgánica generada por la reforma en curso de nuestro sistema público de pensiones. El vuelo intenso de compañías aseguradoras y entidades bancarias a la caza de ahorradores, con ofertas variadas de productos financieros para colocar el resultado del miedo a la caída de las pensiones públicas, nos indica la cercanía del sujeto moribundo: la cuantía de estas.

Para lo cual se requiere de la generalización del miedo a la pérdida de una pensión pública suficiente que ponga a una parte (los que puedan) de los futuros pensionistas ante el abismo de una vejez con escasos recursos y acudan en masa a garantizarse una “pensión complementaria”. Y junto a ello, la pérdida de confianza de los ciudadanos (ideológicamente inducida) respecto a la viabilidad del sistema público de pensiones. Este es el discurso que subyace la reforma que está poniendo en marcha el Gobierno: socavar el modelo financiero de reparto, que había asegurado pensiones suficientes con criterio redistributivo y con gran capacidad de autorregulación y adaptación a los cambios económicos y demográficos a los que ha tenido que hacer frente.

Ya lo decía abiertamente un experto en la materia hace unos meses: “Cuando hablamos de las pensiones complementarias o de las pensiones privadas, / … / no estamos siendo honestos / … / lo que necesitamos desesperadamente es que las pensiones públicas se replieguen de una o de otra manera para ampliar el espacio atribuido a las pensiones privadas” (José Antonio Herce, 2012).

Para que esto ocurra es requisito necesario que se instale en la opinión pública la inevitabilidad de tal final, que el miedo al futuro de las pensiones aseguren el flujo de ahorro hacia los fondos privados de pensiones. Así no se “molesta”, así todos asumimos que en el futuro no “se van a poder pagar las pensiones”. Los agoreros que ya desde los años noventa nos anunciaban la bancarrota de la Seguridad Social parece que están ganando la batalla de la opinión pública. Al albur de la “sostenibilidad financiera” de las pensiones tratan de instalar la idea de que estas se han de financiar necesariamente solo con las aportaciones de los cotizantes. Tras este principio se oculta algo tan básico como que las pensiones no son —solo— una contrapartida a una contribución, sino un derecho básico reconocido en nuestra Constitución que demanda a los poderes públicos que garanticen, “mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad” (artículo 50 de la CE).

No deja ser paradójico que estas políticas de reducción sistemática de las pensiones públicas y de potenciación decidida de las pensiones privadas se lleve a cabo en una coyuntura como la actual, en la que es un hecho empíricamente que los fondos de pensiones se están mostrando muy frágiles y vulnerables frente a la coyuntura de crisis económica y son inseguros para garantizar los fines de protección social. Son ahora incluso parte del problema por su implicación directa en las turbulencias financieras pasadas.

Para todo ello ha de instalarse, pues, un discurso ideológico (aunque revestido de tecnicismo) que se apoye en sucesivas mentiras o medias verdades que confunden, o mejor amedrentan, al ciudadano futuro pensionista, olvidando que:

— Estas reformas no son una cuestión técnica, atribuible a los “expertos”. Es un discurso ideológico, oculto tras el nombramiento de una “comisión de expertos” para reforzar una reforma que ya estaba previamente definida, que atribuiría a la fatalidad de la economía (convertida erróneamente en una suerte de ciencia “natural” independiente de las legítimas decisiones político-institucionales) o de la demografía, este negro horizonte para las pensiones.

— Está en proceso de aplicación la Ley 27/2011, vigente desde el 1 de enero de 2013, que supone ya un importante recorte de la cuantía de las pensiones en el medio plazo. Con ella, el erario público ahorrará [dejará de gastar] un 3% del PIB a la altura del año 2050 (unos 2.000 euros anuales por pensionista).

— Los nuevos pensionistas, irán perdiendo parte del valor de su pensión inicial por aplicación del denominado Factor de Sostenibilidad desde 2023. A un ritmo de descenso acumulable del 5% del valor de la pensión inicial media por cada década de aplicación (estimaciones del comité de expertos).

— Con la puesta en vigor del índice de revalorización de las pensiones definido en la próxima reforma, el erario público se ahorrará, desde 2014 hasta 2022, 33.000 millones de euros, según indica el propio Gobierno (con una inflación prevista del 1%, bastante poco creíble).

— En cómputo global, el coeficiente de sustitución (relación entre cuantía de la pensión y el salario percibido inmediatamente antes de jubilarse, para una persona con carrera de cotización completa) pasaría de aproximadamente un 80% en el momento actual a menos del 50% a mediados de los años cincuenta. Es decir, se alejaría sustancialmente la renta disponible de los pensionistas respecto a la de los activos, abriendo camino a la extensión de situaciones de pobreza y desigualdades más intensas entre los inactivos. Se pone en cuestión, aún más, la cohesión social y territorial del Estado, de la cual el sistema público de pensiones actual es un baluarte consolidado.

Por último, resulta precipitado poner en entredicho el equilibrio interno del sistema. Existe aún un importante colchón financiero, constituido por el Fondo de Reserva. Tras cinco años de crisis, solo se ha utilizado un 5% del Fondo, con lo que la reserva existente a día de hoy es superior a los 63.000 millones de euros.

El verdadero desafío para la política pública de solidaridad social en las pensiones es incrementar los recursos del sistema aumentando los ingresos (a través de cotizaciones sociales y/o aportaciones estatales) hasta alcanzar los niveles existentes de media en los países de la zona euro. Aquí lo que puede condicionar coyunturalmente la sostenibilidad actual de nuestro sistema de pensiones es resolver el gravísimo problema social del desempleo masivo.

Y a ello lo que se opone es una política de extrema austeridad que cercena las bases del crecimiento económico y, por tanto, los ingresos de la Seguridad Social, en particular, y del Estado, en general.

José Luis Monereo  es catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Granada, y Santos M. Ruesga es catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Autónoma de Madrid.

Joan A. Forès

Reflexions