Benvolguts,
Em permeto tornar a copiar l’article que el
duo Felipe González i Carmen Chacón varen fer-se publicar a El País el 26 de juliol del 2010, amb
la sentència del TC contra Catalunya del 28 de juny, publicada el 9 de juliol, i
la manifestació del 10 de juliol, encara calents!
A la viquipèdia
hi trobem els antecedents:
L'Estatut d'Autonomia de
Catalunya de 2006 va ser aprovat en referèndum pel poble de
Catalunya el 18 de juny de 2006 i és vigent des del 9 d'agost
d'aquell any. Als pocs mesos es varen presentar diversos recursos en
contra davant el Tribunal Constitucional, per part de més de
50 diputats del Partit Popular, el defensor del poble i els governs de cinc
Comunitats Autònomes.
Durant l'espera per la sentència i en previsió que seria clarament
negativa, una dotzena de diaris catalans van publicar el 26 de
novembre de 2009
un editorial conjunt titulat La dignitat de Catalunya per denunciar
que un tribunal amb diversos membres amb el mandat exhaurit, un recusat i un
altre mort no hauria de dictar sentència sobre una llei referendada pel poble
de Catalunya,
així com el fet que s'estigués tres anys sense dictar cap resolució.
Pel que fa al recurs del PPC, el Tribunal Constitucional va dictar
sentència el 28 de juny del 2010, després de tres
anys de deliberacions i, sobretot, d'aturada per la paràlisi en la que es
trobava el tribunal, i després de quatre anys de vigència i de desenvolupament
legislatiu de l'Estatut. Els altres sis recursos encara estan pendents de
resolució.
El 28
de juny de 2010,
el Tribunal Constitucional, davant el recurs d'inconstitucionalitat presentat
per diputats del Partit Popular, va dictar sentència per majories variables. Va
publicar el veredicte[13]
aquell mateix dia, i el cos de la sentència el 9 de juliol,
un dia abans de la manifestació.[1][2]
Va deixar clara
la "ineficàcia jurídica" del Preàmbul (en referència al
terme Nació
per referir-se a Catalunya) tot i que el veredicte manté la definició de
Catalunya com a nació, va declarar 14 articles inconstitucionals (1
totalment i 13 parcialment), i en va reinterpretar 27 més. Com a més destacat
estableix que el català no és la llengua preferent de l'Administració ni tampoc la llengua vehicular del sistema
educatiu ni
accepta el deure de conèixer el català; diu que de nació només n'hi
ha una i és "la Nació espanyola"; només admet les vegueries si es
conserven les províncies; desballesta bona part dels
articles sobre el poder judicial català amb el Consell de Justícia de Catalunya
al capdavant i
repeteix 14 vegades la "indissoluble unitat de la Nació espanyola".[14][15]
Aquesta manifestació té un origen semblant a la que es va produir el 24 d'abril
de 1932 a la Rambla
de Barcelona quan l'Estatut de 1932, que
el poble català havia aprovat en referèndum, fou retallat a Madrid.[16][17]
Gràcies a aquesta sentència el català va
passar a ser no preferent en les relacions entre catalans,
entre espanyols i catalans, entre valencians i balears amb els Gobiernos del
PPSOE. Gràcies a aquesta sentència el miserable sicari Bauzá està destrossant
la convivència a les Illes amb el seu decret amb trampa del trilinguisme. Gràcies
a aquesta sentència l’altre sicari Alberto Faura del País Valencià ha pogut
impedir que TV3 es torni a poder sintonitzar al sud de l’Ebre i a més hagi
destrossat l’única televisió valenciana en català, TVV, que està sent desmantellada
aquests dies. Gràcies a aquesta sentència les Majors del cinema no es molesten
a doblar les pel·lícules al català en igualtat de circumstàncies al castellà i
les empreses comercials no es molesten a retolar en català en igualtat de
circumstàncies al castellà. I encara no ha arribat però pot arribar que
obliguin a retolar establiments i carrers amb Supermercado/Supermercat,
Calle/Calle.
I ara l’article:
Apuntes
sobre Cataluña y España
El problema sigue
estando en la resistencia del PP a reconocer la diversidad de España y en la
obstinación de los sectores catalanes que magnifican las fricciones y minimizan
los avances históricos conseguidos
Cataluña es hoy uno de
los sujetos políticos no estatales, llamados naciones sin Estado, con mayor
nivel de autogobierno de toda Europa, gracias a la Constitución española de
1978 y a los Estatutos de Autonomía de 1979 y 2006.
El camino recorrido por
nuestra democracia ha ido superando dos resistencias. La de los centralistas,
que consideran el proceso como un debilitamiento de la nación española y una
afrenta al castellano. Y la de los separatistas, que presentan los avances como
un engaño y magnifican cualquier fricción como ofensas a Cataluña.
La Constitución y los
Estatutos, como el bloque institucional básico que asegura tanto la articulación
de España como la cohesión interna de Cataluña, han sido las normas que mayor
apoyo social han alcanzado nunca en Cataluña. Son las normas que permiten la
convivencia de identidades diversas en un mismo espacio y con las mismas reglas
de ciudadanía.
Una amplia mayoría de
catalanes compatibiliza su identidad catalana y española, sin considerarlas
excluyentes, con un acento mayor o menor en cada una de ellas.
En esta perspectiva ha de
entenderse el proceso de tramitación del Estatut de 2006 y la sentencia
del Tribunal Constitucional. Pero esta merece algunas consideraciones:
- Los votos particulares
que respaldan la impugnación del PP expresan una visión preconstitucional del
Estado. Se niega la noción misma de autogobierno, se cuestiona la inmersión
lingüística que cohesiona a Cataluña, se escatima la condición de parte del
Estado a la Generalitat, y se llega a desfigurar incluso su nombre. Y, para
ello, se invoca como autoridad jurídica y política... la Biblia.
- La sentencia aprobada
por la mayoría del TC resulta ambivalente. En su fallo preserva la inmensa mayoría de los preceptos
estatutarios y rechaza casi todas las objeciones del recurso del PP. Pero
en los fundamentos de la sentencia se refleja un desconocimiento de la
diversidad catalana en la realidad española. Usa expresiones ofensivas:
ciudadanía catalana como "una especie de subgénero de la ciudadanía
española"; injustificada primacía natural de cualquier norma estatal, u
obsesión injustificada por la indisoluble unidad de la nación española.
- Si a ello se unen las
dilaciones, la obstrucción intencionada de su renovación por parte del PP, o la
recusación de algún miembro, se entiende perfectamente que la sentencia del TC,
mucho más que el fallo, produjera indignación y rechazo en sectores amplios de
la sociedad catalana.
En rigor, los efectos jurídicos del
fallo sobre la realidad del Estatuto son pequeños. No solo por la extensión del
texto afectado -un solo artículo e incisos de párrafos de 13 artículos sobre
238-, sino también porque la práctica totalidad sigue en vigor, y podrá ser
desarrollado con la misma normalidad jurídica y política con la que se ha hecho
en los cuatro años transcurridos.
El fallo consagra y
constitucionaliza el mayor nivel de autogobierno alcanzado; reconoce derechos
propios a los ciudadanos de Cataluña, y todas las competencias que el Parlament
había propuesto. Reconoce los derechos históricos, el estatuto lingüístico, la
bilateralidad en las relaciones con el Gobierno central y convalida el sistema
de financiación y la organización territorial propia de Cataluña. Por tanto,
mayor autogobierno institucional y de fuentes del derecho.
El problema no radica,
pues, en la Constitución, que se ha revelado por más de tres décadas como un
texto incluyente de la diversidad y ha permitido el desarrollo de un proceso
federalizador en la configuración del Estado de las Autonomías, aunque no
estuviera contemplado en su letra. Tampoco radica en este Estatut, a
pesar de las insidiosas campañas del Partido Popular sobre la ruptura de España
o el tutelaje de ETA. Estos cuatro años de desarrollo sin fricciones lo
demuestran.
El problema sigue estando
en la resistencia del PP a reconocer la diversidad de España y en la
obstinación de los sectores catalanes que magnifican las fricciones y minimizan
los avances históricos que hemos vivido. Y radica también en la falta de
energía de quienes desde Cataluña y desde el resto de España apostamos por la
vía del entendimiento y rechazamos tanto el camino de la imposición
uniformadora como el de la separación.
El malestar que predomina en Cataluña se
observa con extrañeza en el resto de España. Como ya sucedió con la aprobación
del nuevo sistema de financiación, un 5% de problemas ensombrecen el 95% de
avances y soluciones.
Las responsabilidades
políticas de esta situación están repartidas, aunque en distintas proporciones.
Todas las fuerzas políticas incurrimos en oportunismos. Pero los más
responsables de la situación son los que, tras perder la votación sobre el Estatut
en las Cámaras y en el referéndum, decidieron recurrirlo al Constitucional,
para pasar a continuación a bloquear su renovación, a torpedear su composición
y a presionarlo. También tienen grave responsabilidad quienes se excluyeron del
consenso del Estatut y ahora se rasgan las vestiduras reivindicando la
misma norma que rechazaron. Eso sí, proponen como mágica solución la independencia con
argumentos que combinan la apelación a las emociones -especialmente las
negativas- con la invocación de un grosero cálculo económico cada vez más
distante de las tradiciones progresistas y más cercano a los postulados de la
Liga Norte italiana.
Tras la manifestación de
Barcelona, ya ha habido quien ha proclamado sin más que la vía del autogobierno
está superada, sin tener en cuenta la pluralidad de opciones que animaban tanto
a los asistentes como a los no asistentes. Sin embargo, la vía del autogobierno, como la de la
Constitución, es la única con plena vigencia.
Lo que ha caducado es la
composición del Tribunal Constitucional. Por eso urge su cambio, que aliviará
la pesadumbre que produce la lectura de las 800 páginas de esta sentencia y que
nos lleva a añorar los tribunales presididos por García Pelayo, Tomás y
Valiente o Cruz Villalón.
Cuando se disipe la
espuma y se observe con serenidad la situación, se comprobará que no hay un
antes y un después. La historia de las relaciones entre Cataluña y España, con
encuentros y desencuentros, es una realidad multisecular, cuyo devenir hay que
medirlo en unidades de tiempo más amplias que los incidentes de recorrido. Y en
esta relación se reiteran las posiciones abiertas desde el siglo XIX.
- La de quienes se
identifican con una historia única, con una sola lengua, en una España
uniforme. Apoyan la involución que preconiza el PP y sus medios, azuzando el
desencuentro, y ahora miran para otro lado esperando que la tempestad amaine.
- La de los que nunca han
aceptado un espacio público compartido con España; la del lamento independentista y soberanista
que exagera y amplifica los agravios y, cuando no existen, los inventa.
- Las de quienes no
confundimos el griterío anticatalanista de los centralistas con España, igual
que distinguimos entre una minoría estridente de catalanes y Cataluña; los que
pensamos que esta sentencia no es la Constitución; los convencidos de que la
fuerza de España está en su diversidad, en la potencia del autogobierno, de la
federalización inserta en el marco normativo que nos dimos. Es el camino de la
mayoría de catalanes y españoles.
Lo conseguido hasta
ahora, convivir en paz y libertad sin renunciar a lo que somos ni a lo que
queremos ser, es lo que importa, a pesar de quienes se empeñan en atizar el
enfrentamiento. Nuestro
reto no se limita a restituir los preceptos del Estatut objetados que
pueden recuperarse. Va más allá. Debemos demostrar que estos 30 años de
convivencia y autogobierno no han sido un paréntesis, sino el inicio de una
nueva etapa; hemos de poner de manifiesto que la Constitución de 1978 fue punto
de encuentro y de partida; que la concepción de España como "Nación de
naciones" nos fortalece a todos. Que no hay ninguna razón para
rechazar la diversidad identitaria que caracteriza a España como una nación
política y cultural, no como un mero armazón jurídico. Este reto exige
perseverancia y energía, porque implica trabajar sobre una materia que no son
solo preceptos legales, son emociones y sentimientos de pertenencia. Pero en
este reto nos jugamos la convivencia libre, democrática, en paz.
Carme Chacón es
ministra de Defensa y Felipe González
fue presidente del Gobierno español.
Joan
A. Forès
Reflexions
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