dijous, 3 d’abril del 2014

03/04/14. José María Ruiz Soroa y Joseba Arregi. Los derechos “y punto". La secesión no es un derecho, pero sí es una demanda razonable que una parte de los ciudadanos pueden plantear a su Estado.


Benvolguts,

Continuo usant articles acabats de sortir del forn per demostrar quins raonaments fan els espanyols respecte a nosaltres. I no és un o dos espanyols, no! Són tots! Bascos renegats, catalans renegats, espanyols unionistes...

I aquests articles, trets de la tria feta per uns honorables ciutadans espanyols del grup Caffe Regio són els que s’empassen els espanyols de tota mena...

Avui he triat Los derechos “y punto” de José María Ruiz Soroa y Joseba Arregi

Si us llegiu aquest article sense prejudicis previs, gairebé el podrieu entendre, encara que no estar-hi d’acord.

Però resulta que aquests ciutadans provinents d’Euskadi (també podrien ser catalans), són llops amb pell de corder.

La seva tesi és:

Els catalans tenen dret a decidir en unes votacions quin és el camí que volen seguir. I els espanyols tenen dret a acceptar una possible secessió o no. Només cal presentar-ho al Congreso español i reformar la Consti...

He buscat a Google qui són aquests personatges i he trobat aquests enllaços de més avall. Tant l’un com l’altre defensen les seves posicions de nacionalista y frentista identificant-se amb els Ciudadanos per exemple. Però juguen fent trampa ja que sostenen que si un pot ser nacionalista basc, un altre pot ser nacionalista espanyol. Però no expliquen que un nacionalista basc o un nacionalista català no agredeixen, mentre que els autoanomenats no nacionalistes o sigui els nacionalistes espanyols pertanyen a un país imperialista que ha basat el seu pas per la vida com individu i com a col·lectivitat en l’agressió…

I fan trampa quan diuen que els unionistes espanyols o no-nacionalistes només són otros nacionalistas. No és veritat. No és comparable el nacionalisme espanyol, intrínsecament imperialista, amb un nacionalisme català o basc que no és imperialista ja que no té cap raó per ser-ne, per atacar els seus veins. Per tant no són otros nacionalistas…

Vegeu aquest paràgraf:

José María Ruiz Soroa:'De cómo llegué a ser nacionalista y frentista'

Los nacionalistas nos llaman "frentistas españoles". Vale, pero en nuestro "frente" pensamos que la política se basa en las relaciones de la común ciudadanía, no sobre la unidad de identidad y lengua. Una de las acusaciones recurrentes de los nacionalistas periféricos contra cualquiera que discuta sus planteamientos y apueste por la unidad española es la de que, en el fondo, uno no hace sino hablar desde otro nacionalismo. Una acusación ésta en la que también se complace un cierto pensamiento de izquierda, para el que sólo existen en la palestra celtibérica nacionalismos en pugna…



Ara us recordo aquest acudit de l’Eugenio i a continuació ja teniu prou bagatge per llegir l’article Los derechos “y punto.

Lo saben aquel que dice, que era una escala de veïns de 9 pisos més sobreàtic i que un dia els propietaris dels 9 pisos varen decidir que l’ascensor no tenia per què arribar al sobreàtic. Varen votar i per 9 a 1 va quedar que no hi havia ascensor pel sobreàtic...

Doncs això!

Los derechos “y punto”

José María Ruiz Soroa y Joseba Arregi en El País


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TRIBUNA

La decisión de las Cortes de consultar a la sociedad catalana no es sólo posible, sino recomendable

Asistimos hoy en España a un fenómeno lamentable, el de la banalización argumentativa de un asunto de considerable importancia. El tema es la eventual secesión de Cataluña; la banalización consiste en convertir en eje del debate un objeto de razón tan poco perfilado y elaborado como el llamado derecho a decidir. Comenzaron los independentistas arguyendo como suficiente justificación democrática de su reclamación que los catalanes tenían ellos solos el derecho a decidir su futuro, y punto. Y tras unos meses de indecisión, los unionistas han adoptado el mismo lenguaje conceptual y han comenzado a argüir que el derecho a decidir es de todos los españoles en su conjunto, y punto. Se termina así por discutir de una banalidad inconcreta, el derecho a decidir, que no es que exista o no exista, sino que simplemente es inconcebible (y, por ello, irrazonable) mientras no se precise el qué, cómo, cuándo, para qué y con quién de esa decisión que se reclama.

Digámoslo desde el principio: el paradigma democrático actual sobre el asunto de la secesión territorial de partes de un Estado, un paradigma derivado de la reflexión doctrinal e institucional y de la práctica seguida en los casos de Quebec / Canadá y Escocia / Reino Unido, permite establecer con bastante seguridad dos afirmaciones generales:

1.       Primera, que la sociedad catalana no es titular de un derecho unilateral a la secesión, porque tal derecho no existe ni en teoría ni en Derecho Internacional.

2.       Pero, segunda, que el Estado español está obligado a dar un cauce democrático para tratar y componer la demanda seria, persistente y fundada de secesión de una parte de su territorio.

Al final, es una cuestión de democracia, pero entendida esta en toda su complejidad y no solo como puro mayoritarismo. La secesión no es un derecho (no es un simple “queremos y punto”), pero sí es una demanda razonable que una parte de los ciudadanos pueden plantear a su Estado. Y este debe ser capaz de dar una respuesta fundada a esta demanda, una respuesta que atienda a los principios e intereses en juego y que, desde luego, no podrá ser un simple “no queremos y punto”.

Sí, claro, pero ¿qué me dicen ustedes de la Constitución? ¿No es cierto que esta proclama la indisoluble unidad de la nación española? ¿Cómo entonces admitir la secesión de una parte de esa nación? La respuesta es sencilla: reformando la Constitución, que es algo expresamente admitido por su propio texto y por el Tribunal Constitucional: ningún contenido constitucional está vedado a la reforma, menos aún una cuestión de carácter tan acusadamente contingente e histórico como la de los territorios que integran la nación española.

¡Ah, les he pillado, dirá el neonacionalista español! Porque para reformar la Constitución hace falta el voto mayoritario de todos los españoles, luego son todos ellos los que deciden la cuestión con arreglo al Estado de derecho. Evidente, claro está. Pero dígannos: ¿es que acaso podría la mayoría de los españoles decidir por esta reforma, o no reforma, de la Constitución ignorando y despreciando lo que los propios catalanes quieran? ¿Y cómo saber lo que quieren si no es preguntándoselo? Seamos serios, conocer cuál es la voluntad asentada, clara y suficiente de los miembros de la sociedad afectada es el primer paso, el paso obligado, para poner en marcha (o no) un proceso de reforma constitucional. Y como la Constitución actual no prohíbe tal consulta, y como todo lo que no está prohibido constitucionalmente es posible para el legislador ordinario, es fácil concluir que la decisión de las Cortes Generales de consultar a la sociedad catalana no es solo posible, sino recomendable. Por lo menos para los que nos tomamos la democracia en serio. Ese es el principio, aunque haya que discutir todavía mucho de plazos, preguntas, quórum y mayorías.

Más aún, militando como militamos en el bando de los unionistas (porque creemos en el valor del proyecto histórico de una España común), defendemos la conveniencia de regular positivamente, en una norma general estatal, el proceso previo a la puesta en marcha de la reforma constitucional en lo referente a la unidad nacional.

Y es que cuando un sistema político compuesto de naturaleza federativa está aquejado de fuertes tensiones en su integración —y este es el caso español— el dotarle de una vía formal y reglada de salida actuaría como válvula para reducir la tensión. Por otra parte, sería mucho más fácil intentar convencer a millones de ciudadanos de que se queden en la casa común española si ellos supieran que, en último término, si desean abandonarla, podrían hacerlo porque hay un procedimiento establecido para ello. De lo contrario, si la salida es imposible, malamente se puede convencer a nadie de la bondad de permanecer en la unión, salvo a los ya adictos. Si es imposible, no se puede ni siquiera debatir razonablemente sobre ella, solo queda blandir los axiomas “… y punto”.

José María Ruiz Soroa es abogado y Joseba Arregi, doctor en Teología y Sociología. Ambos participan en el libro colectivo La secesión de España (Tecnos), que se publica estos días.

Joan A. Forès
Reflexions

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