Benvolguts,
No cal comentar
gaire. On intervenen les empreses de l’IBEX35
i hi ha litigis Espanya paga i l’empresa cobra. D’aquest mètode se’n diu:
“Capitalitzar els beneficis i socialitzar les pèrdues”
Vegem les explicacions de Jesús Cacho:
El almacén de gas Castor y el poder
del señor Pérez
Jesús Cacho
vozpopuli.com
14 Mayo, 2017
OPINIÓN
“El coste del almacén submarino de gas situado frente a las costas de
Castellón, es uno de los ejemplos más claros de despilfarro de dinero público
que se han vivido en España”. La
frase pertenece a la organización ecologista Greenpeace, y es parte de un comunicado emitido días atrás, después
de que se conociera el contenido el informe encargado al Massachusetts Institute of Technology (MIT) sobre las causas de los
terremotos que en el verano de 2013 sacudieron la costa castellonense. La
organización recalca la necesidad de “desmantelar la plataforma tan pronto como
las condiciones lo permitan y evitar que en el futuro vuelvan a ponerse en
marcha proyectos como este que acarrean riesgos para el medio ambiente y la
salud de las personas, y que suponen un gran desembolso para las arcas
públicas”.
Decir que es uno de
casos más claros de despilfarro de dinero público es decirlo todo o casi nada
en un país donde los escándalos económicos se suceden con desesperante
regularidad. Es, sobre todo, una nueva demostración de la connivencia dolosa
que en España sigue existiendo entre el poder político y el económico, una
muestra del poderío de ese “capitalismo de amiguetes” madrileño -siempre
dispuesto a prosperar allí donde no existe una separación clara entre lo
público y lo privado- que encarna como pocos Florentino Pérez, el capo de ACS,
y una evidencia de la falta de respeto de los políticos con el dinero del
contribuyente, carencia ligada a un vacío legal que, salvo excepciones, exime
de responsabilidades a los gestores de la cosa pública que toman decisiones de
gasto a la ligera porque saben que esa responsabilidad terminará diluyéndose en
el tiempo, porque ya se sabe que en España “el dinero público no es de nadie”.
Desde principios de
siglo, los Gobiernos de la nación han puesto el acento en incrementar las
reservas estratégicas del país, dada la casi total dependencia del gas natural
importado, principalmente de Argelia y
Catar, mediante planes que contemplaban la construcción de nuevos almacenes
subterráneos y la ampliación de depósitos existentes. El de gas submarino
denominado Castor, proyectado en
aguas de Castellón, frente a la
costa de Vinaroz, pretendía
almacenar gas suficiente para abastecer las necesidades de consumo de España
durante 17
días. El Gobierno Zapatero, mediante el Real
Decreto-Ley 855/2008, de 16 de mayo, adjudicó la construcción y explotación
del silo durante 30 años a la empresa Escal-UGS
(controlada en un 66,7% por la
constructora ACS (Florentino Pérez), y por la canadiense Dundee Energy en el 33,3% restante).
Ese Decreto, firmado por Miguel Sebastián,
entonces ministro de Industria,
incluida 14
artículos,
el último de
los cuales detallaba las condiciones de extinción de la concesión, determinando
que si ésta caducaba o se extinguía, el almacén revertiría al Estado, que
vendría obligado a indemnizar a la concesionaria con el valor neto contable de
las instalaciones, siempre y cuando siguieran activas. En caso de dolo o negligencia,
la compensación consistiría en el valor residual de las mismas.
En mayo de 2012, el
Gobierno Rajoy declaró lesivo para el Estado el citado artículo 14 y lo
impugnó, al considerarlo contrario a la Ley
de Hidrocarburos, pero en octubre de 2013, la Sección
Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo falló en
contra del Gobierno. En el informe
de gestión del ejercicio 2013 remitido a la CNMV, ACS afirmaba que su filial “tiene derecho a devolver la concesión en
cualquier momento”, por lo que “el valor de la inversión es totalmente recuperable”.
Florentino siempre gana.
Fuente inagotable de empleo y riqueza
El Castor, el mayor
almacenamiento subterráneo de gas planeado en España con capacidad para 1.900 millones de metros cúbicos, aprovechaba una planta ya
existente a 22
kilómetros frente a las costas de Vinaroz. El proyecto contemplaba la construcción
de una planta terrestre en el mismo municipio, y una canalización subterránea
hasta la planta marina. Desde el primer momento, el anuncio despertó las
alarmas de toda la comunidad costera, donde nunca se creyeron las promesas del CEO de Escal-UGS,
un tipo ‘echao palante’ según el
cual aquello iba a ser una fuente inagotable de empleo y riqueza para la zona,
y quienes lo criticaban eran unos envidiosos.
Lo cierto y
verdad es que los estudios geológicos y medioambientales que en Vinaroz y su
zona reclamaron con obstinación para evaluar el impacto del silo subterráneo
nunca se efectuaron.
El Instituto
Geológico y Minero de España (IGME) terminó validando los informes técnicos que
la concesionaria presentó a Industria, sin evaluar en modo alguno los
potenciales riesgos sísmicos.
El 5 de
septiembre de 2013,
apenas dos meses después de que Escal-UGS
empezara a inyectar el gas colchón –que permite la posterior extracción del gas
útil- en el depósito, situado a dos kilómetros de profundidad bajo el mar, la
costa de Castellón registró el primer temblor sísmico, que sería seguido por
cerca de 500,
el mayor de los cuales de magnitud 4,2 en la escala Richter. La consiguiente alarma
provocada en la zona movió al Gobierno a ordenar la paralización inmediata de
la inyección de gas a finales del mismo mes.
En julio de 2014,
Escal UGS renunció a la explotación del almacén, y unas semanas después y con
las vacaciones de verano de por medio, la parlanchina vicepresidenta Soraya
anunciaba que el Ejecutivo, Real Decreto-Ley de 3 de octubre de 2014, había
acordado dar por finiquitada la concesión de explotación del almacén e
indemnizar con 1.350 millones (valoración de la inversión efectuada) a la
filial de ACS, sin considerar, que se sepa, la posibilidad de pleitear contra
ella o pedir responsabilidades al anterior Gobierno por la escandalosa cláusula
comentada. ¿Por qué tanta prisa en pagar?
El Gobierno encargó a Enagás Transporte, la gestora técnica del sistema gasista, la
administración y mantenimiento de la instalación, así como el pago a Escal UGS de la cifra mencionada. Los 1.350 millones se repercutirán en el recibo del gas durante
los próximos 30
años, de modo que serán los consumidores quienes paguen los platos rotos del
desatino y del poder del Florentino Pérez con los Gobiernos del PSOE y del PP. En septiembre de 2013,
tras la crisis sísmica, el Ejecutivo
pidió informes al IGME y al Instituto Geográfico Nacional (IGN).
Ambos concluyeron lo que todo el mundo sospechaba: que hubo relación entre la
inyección de gas y los terremotos que se registraron en la zona, aunque no
entraron a valorar si la concesionaria actuó con diligencia a la hora de
ponderar los riesgos sísmicos, y si calculó correctamente la presión que la
estructura geológica podía aguantar por la inyección del gas colchón. El
ministro Soria, que
tardó meses en hacer públicos los informes a pesar de serle requeridos,
se encargó de pedir también un estudio al MIT.
El pasado 3 de
mayo, después de 18 meses de espera y de 600.000 euros, se
conoció por fin el dictamen del famoso MIT:
“La falla de Amposta, alguna de sus
ramificaciones y varias de las fallas del yacimiento próximo a Amposta fueron
desestabilizadas de forma significativa por la inyección de gas”. Ya
tenemos culpable. El informe, sin embargo, escurre una vez más el bulto, no se
sabe si a pedido del cliente, a la hora de identificar a los culpables humanos
del desastre, que es lo que en última instancia interesaría a los paganos
españoles. Toda la explicación que se aporta es que “lo ocurrido no se podría haber previsto con
los estándares que se emplean en la industria para este tipo de almacenamientos
de gas”, una conclusión que puede ser clave a la hora de determinar
en los tribunales quién corre con la cuenta del estropicio.
Entre un fusil y un soldado, se perdió un pan
El almacén seguirá en
estado de hibernación en el que se
halla desde finales de 2013. Ni desmantelamiento ni reapertura. El riesgo tanto de
inyectar gas como de tratar de extraerlo es tan alto, que mejor no meneallo.
“Mejor dejar las
cosas como están”, en versión Álvaro Nadal, el actual y listísimo ministro de Energía. Dios proveerá. La
factura es enorme. Mantener la cosa en estado de hibernación cuesta 15,7 millones al año. A los 1.350 pagados
por el Gobierno a la promotora, hay que añadir los 110 que ya había recibido con
anterioridad, y otros 295,6 en concepto
de “derechos retributivos” por los 27 meses
en que el almacén estuvo operando. En total, más de 1.700 millones.
A todo ello habrá que añadir el coste del desmantelamiento —143
millones según las previsiones efectuadas en 2008, cifra muy superior a estas
alturas-, más
los intereses del pago de la indemnización durante los próximos 30 años.
La factura, según Greenpeace, podría
superar los 4.000 millones.
Todo un
ejemplo de despilfarro de dinero público.
El episodio entero
está judicializado. Hasta en tres instancias: el juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 4 de
Vinaroz, el Supremo y el Constitucional. Dicho lo cual, urge una comisión de
investigación que aclare las responsabilidades contraídas por los altos
funcionarios de la Administración, ministros de Energía incluidos, en la
concesión al gran Floro de tanto oropel. En esta hora escandalizada por las trapacerías de tanto saqueador de
lo público, un asunto como el Castor
no puede quedar en agua de borrajas. He ahí un caso donde Ciudadanos debería meter el flequillo sin miedo a despeinarse. El
señor Pérez seguirá recibiendo en el palco del Real Madrid a políticos, empresarios y periodistas, todos dispuestos
a esconder sus debilidades y a rendir pleitesía al más preclaro representante
de nuestro capitalismo castizo. Es evidente que sin Florentino Pérez
de por medio, ni el Gobierno Zapatero
hubiera incluido esa vergonzosa cláusula, ni el Gobierno Rajoy se hubiera dado tanta prisa en pagar la cuenta. Urge
saber quién se dejó convencer por las lisonjas del tycoon, para que pague las consecuencias.
Jesús Cacho
Joan A. Forès
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