Benvolguts,
Vegem l'estudi fet per l'organisme Asociación de Geógrafos de España (AGE). No us el perdeu! I al mateix temps pensem si alguna entitat se n'ha aprofitat de tot aquest desgavell.
- Qui ha pagat el desgavell? Els "españolitos que vienen al mundo os guarde Diós".
- Qui se n'ha beneficiat? Els Florentinos, o sigui l'IBEX, el Puente Aéreo, els BOEs, etc.
Com a exemple, aquesta setmana s'ha sabut que la nova ministra de Medio Ambiente era la que en la seva reencarnació anterior com a funcionària en el Ministerio de Fomento-Gobierno de España, va autoritzar en el seu moment la Declaración de Impacto Ambiental en el projecte de la Plataforma de gas CASTOR (del Florentino of course). Qui se'n devia beneficiar?
"En el 2009 firmó la Declaración de Impacto Ambiental del polémico almacén de gas frente a la costa de Castellón. Teresa Ribera, la nueva titular de Transición Energética y Medio Ambiente, experta en el sector y comprometida en la lucha contra el cambio climático..."
Corrupció. Corrupció. Corrupció...
Quina frase coneguda defineix la desgràcia denunciada per l'AGE?
Doncs aquella que diu que la forma de treballar dels Florentinos consisteix a
"socialitzar les pèrdues i capitalitzar els beneficis"
El títol de l'article diu que:
España 'despilfarró' 80.000 millones en obras e infraestructuras entre 1995 y 2016.
Com que els grans números són difícils de païr, crec que cal aclarir que 80.000M€ és més de la meitat de tota l'ajuda de la Comissió Europea a Espanya precisament en aquest periode. O també es pot expressar com la suma de l'espoli de l'Estat espanyol a Catalunya en els 5 darrers anys!
Vegem l'estudi fet per l'organisme Asociación de Geógrafos de España (AGE).
OBRA PÚBLICA
España 'despilfarró' 80.000 millones en obras e infraestructuras entre 1995 y 2016
Son actuaciones "que no se debieron haber hecho" porque han carecido de uso, como carreteras de titularidad estatal o autonómica (entre ellas algunas radiales), aeropuertos, estaciones de tren, desalinizadoras o centros culturales.
Imagen del aeropuerto 'fantasma' de Murcia-Corvera. (EP)
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ALICANTE
EFE
La Administración General del Estado y las comunidades autónomas españolas han despilfarrado 80.000 millones de euros de dinero público entre 1995 y 2016 en infraestructuras, equipamientos y obras que han resultado "innecesarias", según la Asociación de Geógrafos de España (AGE).
Así se pone de manifiesto en un estudio que publicará el próximo día 15 en su página web la AGE y que ha sido realizado por las universidades de Barcelona, Girona, Valencia, Cantabria, Complutense de Madrid, Tenerife, Sevilla, Málaga y Alicante, según ha adelantado el presidente nacional de este colectivo, el catedrático de la institución docente alicantina Jorge Olcina.
El presidente de AGE ha señalado que se trata de actuaciones "que no se debieron haber hecho" porque han carecido de uso, como carreteras de titularidad estatal o autonómica (entre ellas algunas radiales), aeropuertos, estaciones de tren, desalinizadoras o centros culturales, y que, además, han sufrido cuantiosos sobrecostes.
El estudio, que no ha incluido las dotaciones financiadas por los ayuntamientos por la complejidad para recabar estas cifras, refleja la multitud de "megaproyectos"que no han servido para objeto que se pretendía, y Olcina ha citado, en el caso de la Comunitat Valenciana, el trazado inicial del trasvase Júcar-Vinalopó, que posteriormente se varió pese a la inversión hecha, y alguna planta desalinizadora que no ha llegado a usarse.
Olcina ha explicado que este estudio ha sido "muy voluntarista" por parte de equipos de geógrafos de las universidades citadas ya que ha carecido de ayuda económica del Estado y se ha elaborado porque los profesionales vieron "la necesidad de hacerlo, aunque fuera por amor al arte".
De esta forma, han buscado ofrecer a la sociedad los datos desde el punto de vista académico de la gestión de las administraciones públicas con el fin de que, posteriormente, los ciudadanos puedan tomar "decisiones a la hora de ir a votar".
Manifiesto
El experto ha adelantado la cifra del despilfarro de dinero público en esas dos décadas en España durante la presentación pública del manifiesto "En defensa del territorio. Ante los nuevos retos del cambio global", que es una adenda al "Manifiesto por una nueva cultura del territorio", documento que data de 2006 y que debe de servir de guía para el desarrollo urbano en España.
En esta actualización sobre el citado documento estratégico sobre los procesos que atañen al territorio, la AGE y el Colegio de Geógrafos piden más "prudencia" a las administraciones públicas competentes a la hora del crecimiento urbanopara, entre otros aspectos, preservar la conectividad ecológica y funcional, y adaptar el espacio geográfico a los efectos del proceso del cambio climático.
"Nuestro país no puede quedar al margen de estos nuevos procesos de adaptación de los territorios al calentamiento global", según Olcina, quien ha advertido de que existe en las administraciones una cierta "relajación" en el cumplimiento de algunas de sus obligaciones, por ejemplo, la de incorporar estudios y cartografías en los procesos de evaluación de la sostenibilidad ambiental y territorial.
Concretamente, los geógrafos detectan que, a la hora de diseñar sus planes urbanísticos (PGOU), los municipios únicamente tienen en cuenta el riesgo de inundaciones y no la posibilidad de deslizamientos de tierras, movimientos sísmicos, sequías o los temporales en el caso de los lugares en primera línea de costa, y todo ello pese a que hay cartografía suficiente de ese tipo de situaciones.
EFE
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