Benvolguts,
Ja hem explicat manta vegades que la justícia espanyola (i l’exèrcit
espanyol, i la podridura extractiva borbònica), així com els Congressos i
Senats, els IBEXs, els grans terratinents, tots els estaments corruptes i
caciquils, que exerceixen de raffles i roben o faciliten el robatori de tot el
que poden), no són característics del franquisme sinó que són característics de
la raça, de l’ADN, de la “hidalguia”, i doncs són "portadores de valores eternos..."
En el títol Así han bloqueado los tres poderes del
Estado el acceso a la Justicia de las víctimas del franquismo, es demostra
que és un mal endèmic, que abasta a tots els estaments.
En Vicent Partal diu, parodiant la Llei de Murphy, que si en un país o estament, hi
ha possibilitats de corrupció, n’hi ha, si hi ha possibilitats de robar... es
roba!
“Si en un país pot haver-hi corrupció, n’hi
ha!”. Hem de recordar repetidament que quan hi ha corrupció i hi ha diners
públics que van a parar a butxaques privades, Serra, Rato, Bárcenas, Soria,
Juanca, Urdangarin & Company, Pujols, Gürtels. etc, aquests diners haurien
anat a augmentar el benestar de la societat espanyola: a infraestructures, a
pensions de jubilats, a pagar deutes de l’Estat…
Un altre detall interessant és quines ciutats han
protestat i què les lliga? Doncs que pertanyen a la part conquerida i
reconquerida, la perifèria, del territori espanyol, a la part republicana: Vitoria,
Pamplona, Elgeta, Arrasate, Durango, Barcelona, Madrid (o Zaragoza!?).
Vegem l’article de l’Alejandro
Torrús a Público:
Así han bloqueado los
tres poderes del Estado el acceso a la Justicia de las víctimas del franquismo
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deberes que la ONU puso a España: juzgar o extraditar a los responsables
franquistas
MADRID
El Congreso convalidó el jueves el Real Decreto Ley que
permitirá sacar los restos del dictador del Valle de los Caídos. España pondrá
fin de esta manera al agravio histórico que suponía mantener al dictador que
masacró a su propio pueblo enterrado con honores. Se solucionará así uno de los muchos défictis del
Estado español en relación a los derechos de verdad, justicia, reparación y
garantías de no repetición de las víctimas de la dictadura. Un paso
adelante para las víctimas y también para la democracia.
Sin embargo, aún queda
mucha tarea pendiente. Cuando el entonces Relator Especial de la ONU para la promoción de la
verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo
de Greiff, visitó España publicó un extenso informe en el que señaló todas las tareas
pendientes del Estado español en esta materia. A saber: encontrar a los
desaparecidos y modificar sistema de exhumaciones; anular las
sentencias del franquismo; abrir los archivos y crear un organismo que
ayude a crear un relato oficial de la historia.
"Estamos peor que hace cuatro años. Los tres poderes del Estado
han fortalecido la política de impunidad del franquismo", denuncia Jacinto
Lara
Todas estas medidas,
en mayor o menor medida, fueron tenidas en cuenta por la ministra de Justicia,
Dolores Delgado, cuando anunció su deseo de reformar la Ley de Memoria Histórica.
Sin embargo, hay una parte de las recomendaciones de Pablo de Greiff que
el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha ignorado: el acceso a la Justicia de las víctimas del franquismo. El
Relator de la ONU emplazó a España a derogar o dejar sin efecto las
disposiciones de la Ley de Amnistía, que en la práctica "cumple las funciones de una ley de punto
final en tanto que se ha utilizado para archivar prácticamente la totalidad de
los casos que llegan ante los jueces", y a "juzgar o
extraditar" a los responsables
de la dictadura franquista.
¿Y qué ha pasado
desde entonces? El abogado de
las víctimas de la dictadura franquista en el proceso abierto en Argentina y
en muchas de las querellas presentadas en suelo español, Jacinto Lara, responde
que en materia de acceso a la Justicia las víctimas de la dictadura están peor ahora que hace cuatro
años. "En este tiempo, los tres poderes del Estado han
fortalecido la política de
impunidad del franquismo y el Ejecutivo del PSOE no ha formulado
ninguna medida para remediarlo", denuncia Lara, que considera que acabar
con la impunidad de la dictadura es posible "con voluntad política".
"Juzgar a los responsables franquistas es posible. El
Derecho Internacional lo avala. Hacen falta reformas legales y voluntad
política. Decir que España no puede juzgar a los
responsables de la dictadura es un insulto a la inteligencia",
denuncia Lara, que señala que la política de
impunidad del franquismo es mantenida por los "tres poderes del Estado".
El Parlamento
blindó la Ley de Amnistía
El Poder Legislativo, con los votos de PP, PSOE y Ciudadanos, rechazó en marzo del presente
año dejar sin efecto la Ley de
Amnistía, tal y como solicitó el Relator de la ONU. La propuesta llegó
al Congreso de la mano de los distintos colectivos y víctimas que integran
la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella
Argentina (CEAQUA).
Solicitaban añadir un párrafo a la conocida
Ley de Amnistía que estableciera, concretamente, que la norma "no impedirá" que
"los juzgados y tribunales investiguen, enjuicien e impongan las penas
correspondientes a las personas responsables de haber cometido delito de
genocidio, lesa humanidad,
delitos de guerra y otras graves violaciones de derechos humanos".
El Congreso rechazó modificar la Ley de Amnistía con los votos de PP,
PSOE y Cs
La propuesta, tal y
como se ha señalado, fue rechazada por PP, PSOE y Ciudadanos. El socialista Manuel Cámara ha incidido en que de
cambiarse la norma se darían situaciones de "inseguridad jurídica". La decisión fue
duramente criticada por otros partidos del Congreso como Unidos Podemos o ERC. También por la Red de Ciudades contra la impunidad franquista,
que incluye a consistorios como el de Barcelona, Madrid o Zaragoza,
emitió un comunicado en el que emplazó al Congreso
a asumir las demandas del Relator
Especial de la ONU.
El Poder Judicial
no quiere investigar
El abogado Jacinto
Lara también recuerda que en los últimos años las víctimas del franquismo han interpuesto hasta 12 querellas en los juzgados
españoles para que se investigaran las torturas de diferentes miembros de la
Brigada Político y Social, como Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño. Nueve de estas
querellas ya han sido inadmitidas por la Justicia.
Asimismo, los
ayuntamientos de Vitoria, Pamplona, Elgeta, Arrasate y Durango también han interpuesto querellas contra
la dictadura. La
única que fue admitida a trámite y de la que se llegaron a realizar diligencias
judiciales fue la querella del Ayuntamiento de Elgeta. Sin embargo, la jueza que dio el paso tenía condición de
sustituta y fue rápidamente
removida del juzgado, que inmediatamente ordenó el cierre de la
causa.
En este sentido, también cabe destacar que la Audiencia
Nacional rechazó extraditar a los acusados de torturas durante el
tardofranquismo Antonio González Pacheco, miembro
de la BPS, y Jesús Muñecas, agente de la Guardia Civil.
El Ejecutivo,
cerrado en banda
Las actuaciones del Ejecutivo en los últimos tiempos que
han apuntalado la política de impunidad de la dictadura se pueden vertebrar en
dos ejes.
El Consejo de Ministros rechazó en 2015 extraditar a
Argentina a los imputados por crímenes de lesa humanidad
Por un lado, el Consejo de Ministros desoyó la advertencia de la ONU de
juzgar a los críminales franquistas o colaborar con Argentina y extraditar a
los imputados crímenes de lesa humanidad en el franquismo.
El Consejo de Ministro rechazó el de 15 de marzo de
2015 la petición de la Justicia de Argentina de entregar a una veintena
de miembros de la dictadura franquista (desde exministros a miembros de la BPS)
para su toma de declaración por los graves delitos por los que son acusados.
Entre ellos se encuentran los exministros Fernando Suárez y Rodolfo Martín Villa.
Tras la negativa a extraditar a Argentina del Estado
español, la jueza argentina María Servini envió comisiones rogatorias a España
para poder tomar declaración a los imputados en suelo español con la
colaboración de jueces de aquí. La
reacción del Gobierno del Partido Popular fue contundente. El 20 de
septiembre de 2016 la Fiscalía General del Estado envío una circular a los
juzgados con peticiones desde Argentina instándoles a rechazar
estas comisiones y recordando que el juez Garzón fue investigado por intentar
juzgar el franquismo.
¿Qué puede hacer el
Gobierno de Sánchez?
La pregunta, ante esta situación de impunidad, es
pertinente. ¿Qué puede hacer el Gobierno de Sánchez para acabar con la
impunidad de la dictadura?
En primer lugar,
Jacinto Lara emplaza al nuevo Ejecutivo a dejar
sin efecto la circular de la Fiscalía que pide a los jueces no
colaborar con la Justicia de Argentina en su causa contra los crímenes del
franquismo y que, por contra, la oriente a la Fiscalía para que pida a los
jueces que colaboren con Argentina y que la jueza pueda pisar suelo español y
tomar declaración a los imputados. "La nueva Fiscalía lo tiene muy fácil.
Solo tiene que dejar sin efecto la anterior y mostrar su predisposición del
Estado a colaborar con Argentina. Eso es lo que nos pidió el Relator de la
ONU", incide Jacinto Lara.
En segundo lugar, el abogado de la CEAQUA
pide al Gobierno de Sánchez que haga suyas las reformas legales que permitirían
que la Justicia sí pudiera investigar los crímenes franquistas. Así,
pide al PSOE que utilice su papel de
impulsor legislativo para pedir que se anule la Ley de Amnistía y
para que apoye otra propuesta, ya en trámite parlamentario, que pide reformar
el Código Penal para
"incorporar el principio de legalidad desde una perspectiva
internacional".
Joan A. Forès
Reflexions
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