Comentem un article de títol ¿Por qué hay que cambiar los partidos?
Un comentari previ a l’article. Els autors:
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Molinas
fou director de l’Instituto Cervantes (mal senyal) i ministre de cultura amb
ZP. La seva dona Elvira Lindo va protagonitzar el polèmic discurs de la Mercè a
Barcelona el 2008, convidada pel batlle Joan Clos. La de la Nuez és advocada de
l’estat (mal senyal). Sense conèixer-los els tenia automàticament mal
considerats però m’ha semblat interessant passar-vos les seves apreciacions i
reflexions, ja que destapen les clavegueres de la burocràcia espanyola que
sustenta tots els partits polítics. 300.000 càrrecs de confiança des de
conserges a primers ministres...Merda i merda i merda. Un detall és que ells
només parlen del PSOE, el PP i CiU, però n’hi ha d’altres de partits tant
podrits com aquests, amb els mateixos mètodes, les mateixes corrupcions...
Crec que no calen massa comentaris. Només esgarrifar-se
del que l’escrit diu, que tots ho havíem pensat però que mai no ens
havíem atrevit a preguntar!
César Molinas y Elisa
de la Nuez
El País
el 27 mayo, 2013 en Derechos, Libertades, Política, Sociedad
Un programa
reformista tiene que empezar por rediseñar las organizaciones políticas, porque
las que existen funcionan mal, defienden intereses particulares y son incapaces
de articular una salida a la crisis
En España hay que cambiar los partidos
políticos porque funcionan rematadamente mal, porque se han convertido en instituciones para la defensa de intereses
particulares en detrimento del interés general y porque son incapaces de
articular una salida creíble a la crisis económica, institucional y moral que
aflige a la sociedad española desde hace ya seis años. Todo ello entre otras
razones que también se podrían aducir.
La democracia española se ha degradado
tanto que lo único importante que se dirime en las elecciones es quién
gestionará la licitación pública, las subvenciones y la regulación. Es decir, las elecciones deciden a los amigos de
quién irán a parar los despojos de la acción política. Otras cuestiones como,
por ejemplo, qué hacer con los seis millones de parados, cómo mejorar la
enseñanza, cómo acabar con la corrupción o qué hay que hacer para salir de la
crisis acaban siendo irrelevantes porque los principales partidos españoles no
tienen propuestas diferenciadas sobre cómo resolver estos problemas. Es más, la
cuestión no es tanto la falta de diferenciación como que no haya propuestas
serias de ningún tipo por parte de los partidos con experiencia de gobierno,
sea este nacional, autonómico o municipal. Los programas electorales acaban siendo
o sartas de ocurrencias o propuestas destinadas a no cumplirse.
Dicen que Carlos V dijo
una vez, refiriéndose a Francisco I: “Mi primo y yo nos parecemos mucho: los
dos queremos Milán”. Los principales partidos políticos españoles se parecen en
eso y en mucho más. Todos quieren, por supuesto, el poder y las prebendas que
conlleva. Faltaría más, para eso están. Pero además se parecen en la defensa del interés particular
de la clase política contra el interés general y en la carencia de ideas para
sacar a España del atolladero en el que está metida. Por si esto
fuera poco, se parecen también en que tienen un funcionamiento interno muy opaco y poco democrático
que imposibilita el debate interno, el surgimiento de proyectos nuevos, la
promoción de las personas más capaces y la renovación de las personas en los
puestos de dirección. ¿Cómo se ha llegado a esta situación y qué
puede hacerse para corregirla?
Un ciudadano inquieto no tiene nada que hacer en
una agrupación del PP, del PSOE o de CiU
El fortalecimiento de las
cúpulas dirigentes de los partidos como medio de evitar la inestabilidad
política fue una opción que se adoptó, por omisión, cuando se decidió dejar
vacía de contenido la Ley de Partidos Políticos de 1978. En la práctica esto
dejó la puerta abierta a la autorregulación de los mismos, lo que ha llevado a
la falta de transparencia y de democracia interna y a la cooptación como método
principal para determinar las carreras políticas y para la elaboración de las
listas electorales. Esto ocurrió ya en la Transición: la célebre frase de
Alfonso Guerra “el
que se mueve no sale en la foto”, que transmite lo esencial del
funcionamiento de los partidos políticos españoles entonces y ahora, fue
pronunciada en 1982. A grandes rasgos, la situación actual es la siguiente.
· Los partidos mayoritarios españoles, incluyendo a CiU, no son canales de
participación política.
· Un ciudadano con inquietudes, que no busque un cargo público sino un marco
de discusión política de sus ideas e iniciativas y una canalización de su
tiempo hacia actividades socialmente útiles, no tiene nada que hacer en una
agrupación del PP, del PSOE o de CIU.
· En las reuniones de dichas agrupaciones casi todos los militantes que
asisten tienen un cargo público o han conseguido su trabajo gracias al partido.
· No se entendería —y sería tremendamente
sospechoso— que alguien fuese a las reuniones con objetivos distintos a los de
conseguir un cargo o un puesto de trabajo. ¿A qué viene? ¿A espiar? ¿Quién lo envía?…
· En el diseño español, la única participación
política que se espera de la ciudadanía es que acuda a las urnas cuando se
convocan elecciones.
· No es solo el ciudadano de a pie el que no puede
debatir sus iniciativas.
· Tampoco pueden hacerlo los militantes.
· Los órganos de dirección están muy atentos en abortar cualquier iniciativa
transversal que suponga contactos directos de unas agrupaciones con otras.
· No se conoce ninguna rebelión horizontal que haya tenido éxito en el PP.
· Hubo una —y famosa— en el PSOE, que terminó con éxito llevando a Zapatero a
la secretaría general no siendo el candidato oficial, aunque sus
promotores acabaron siendo marginados al pactar el nuevo líder con el aparato.
· La ausencia de debate caracteriza también a los órganos directivos de los
partidos. Por poner solo un ejemplo ¿cuántas veces ha debatido la Junta
Directiva del PP el caso Bárcenas desde que estalló el pasado
mes de enero? Pues, por lo que parece, ni una sola vez.
· Tampoco parece que sea costumbre de este partido
—ni de otros— presentar las cuentas anuales a sus máximos órganos de dirección.
Consecuentemente, si no hay debate tampoco puede haber mecanismos de rendición
de cuentas ni de petición de responsabilidades.
· El poder de las cúpulas directivas es omnímodo porque es casi imposible
derribarlas y de su voluntad dependen las carreras de los que militan en los
partidos.
Así las cosas y con el tiempo, a base de
cooptación reiterada, se ha consolidado en España una casta —la llamada “clase política”—
de personas que deben su cargo o su empleo al favor político. Esta casta abarca desde los
conserjes de Baltar hasta las más altas magistraturas colegiadas del Estado,
pasando por los miles y miles de empleados públicos de la Administración
central, CC. AA. y CC. LL (corporaciones locales). nombrados inicialmente a
dedo y consolidados con posterioridad mediante discutibles procesos de funcionarización, por no hablar de la miríada de
organismos que se han creado con la finalidad de pagar nóminas y repartir
dietas. Unas 300.000 personas sería una estimación prudente del
tamaño de un colectivo que ha acabado replicando las características del
caciquismo español tradicional. El interés particular de esta clase
política consiste en perpetuarse en su actual estado, manteniendo la
jerarquía comensalista (De la
viquipèdia: El comensalismo es una forma de interacción biológica en la que uno de los
intervinientes obtiene un beneficio mientras que el otro no se ve ni
perjudicado ni beneficiado) con la
que accede a las arcas públicas y a la extracción de rentas del sector privado
de la economía mediante la licitación, la contratación y la regulación. De este modo se
configura una élite extractiva que, como todas ellas, resiste ferozmente a todo
cambio que pueda acabar afectando al statu quo, aunque sea de manera indirecta.
Una casta de 300.000 personas ha acabado
replicando el caciquismo español tradicional
Esta es la razón de fondo
por la que la clase política española no es capaz de articular respuestas
creíbles a la crisis: porque todas estas respuestas requieren reformas
profundas que afectan a su interés particular. Un programa de reformas
coherente y suficiente requiere una visión del futuro y una capacidad de
liderazgo —saber tirar de la sociedad hacia ese futuro— que es totalmente
extraña a nuestro sistema de partidos políticos:
· el sistema está diseñado para conseguir la estabilidad a toda costa y,
desde este punto de vista, es un sistema muy eficaz, aunque el precio que se ha
pagado en términos de corrupción, ineficiencia y desmoralización de la sociedad
haya sido muy alto.
· Pero en la agenda de los tiempos está el cambio, no la estabilidad, y eso
el sistema español no está pensado para hacerlo.
Por esta razón, un
programa reformista tiene que empezar por rediseñar los partidos políticos.
Como se hace en los países constitucionalmente más avanzados, los partidos no
deben autorregularse, sino que deben estar regulados desde fuera, por la ley.
Los partidos son entidades especiales que tienen el monopolio de la
representación política y que se financian principalmente con fondos públicos.
La Ley de Partidos debería exigir a estas instituciones transparencia y
democracia interna con el fin de fomentar el debate, la circulación de ideas y
la competencia entre iniciativas diversas. Así es como funcionan las democracias de los países de
nuestro entorno, el diseño español actual es una anomalía histórica y
geográfica que obstaculiza la salida de la crisis. Hay que cambiarlo
ya.
¿Cabe confiar en que este
cambio se haga de manera espontánea, desde dentro de los propios partidos
políticos? Lamentablemente eso es muy improbable. Tiene que ser la sociedad
civil la que, movilizándose, tome el protagonismo y exija los cambios
necesarios. Si no lo hace, las cosas seguirán empeorando.
César Molinas y Elisa de la Nuez son
promotores de una iniciativa para cambiar la Ley de Partidos Políticos
Joan A. Forès
Reflexions
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