Benvolguts,
L’autor, de qui ja varem publicar la biografia
el 20 de juliol de l’any passat sembla un economista i polític honest, crític
amb tot el que considera poc ètic, que ha dimitit o l’han expulsat més d’una
vegada dels cercles de poder espanyols. L’enemic del meu enemic és el meu amic, diuen!
I en aquest article ens parla de l’enganyifa que
suposa la pretesa intenció del Gobierno d’abaixar les cotitzacions socials i en
contrapartida apujar els IVAs, que acaba amb la transferencias de recursos
de las clases bajas a las altas!
Aquesta és una posició recurrent en altres economistes
com la Núria Bosch...
Llegiu-lo, assimileu-lo i encara estareu:
Més emprenyats i
cada cop amb més ganes de fugir del malson d’Espanya!
Las cotizaciones sociales en la
contrarreforma fiscal
Juan Francisco Martín Seco en República de las
ideas
el 29 marzo, 2014 en Derechos, Economía, Libertades, Política, Sociedad
OPINIÓN
Entre los múltiples horrores que plantea el
informe de los expertos gubernamentales se encuentra lo que se ha dado en
llamar devaluación
fiscal. Últimamente, los economistas somos expertos en inventar
nombres que sirven para ocultar, bajo la apariencia de tecnicismos, las medidas
más regresivas e injustas, transferencias de recursos de las clases bajas a las altas.
La denominada devaluación fiscal consiste lisa y llanamente en una reducción de
las cotizaciones sociales compensada por un incremento del IVA, esto es, en un
traspaso de la carga fiscal de los empresarios a los consumidores.
La propuesta, desde luego, no es original. Hace
tiempo que los organismos internacionales vienen interpretando una melodía
parecida. Sin ir más lejos, dos semanas atrás, Bruselas recomendó a España,
como mejor receta para rebajar la tasa de paro y elevar la competitividad de la
economía, reducir las cotizaciones sociales que pagan los empresarios y
aumentar el IVA. Y como los modelos económicos pueden elaborarse a la carta y según
las finalidades que persiguen quienes los construyen, la Comisión ha presentado
un estudio en el que pretende demostrar que la medida produciría en el primer
año un incremento
del 1% tanto del PIB como de la tasa de empleo.
Y hablando de estudios sobre la materia, ninguno
tan prodigioso y milagrero como el elaborado por el Ministerio de Trabajo en la
memoria económica del decreto ley que aprueba la tarifa plana en las cotizaciones sociales.
Sostiene que la medida no tendrá coste alguno para las cuentas públicas. Se
supone que portentosamente saldrá lo comido por lo servido. Es decir, que lo
que se pierda por la rebaja de cotizaciones se recuperará a través de más
empleo y más recaudación de impuestos. La tarifa plana de las cotizaciones,
según sostienen, se va a convertir:
· en mayor
creación de puestos de trabajo,
· en ahorro
de costes empresariales que se destinarán a más inversión,
· en rebaja
de los precios, incrementos de la competitividad y de las exportaciones,
· al tiempo
que se produce una reducción de las importaciones.
Además, se continúa afirmando, al disminuir las
cotizaciones, las empresas podrán:
· reducir
deuda,
· rebajar
el coste de financiación
· y
aumentar la inversión, creando con ello más empleo.
Por otro lado, mantiene el informe, al favorecerse
más los contratos fijos que los temporales, aumentará el consumo, sobre todo de
bienes duraderos. También se reducirá, según ellos, el gasto en prestaciones
sociales y se desincentivará la economía sumergida. Vamos, el cuento de Alicia
en el país de las maravillas.
Lo que no se entiende es
que, siendo el panorama tan espléndido, la medida haya tardado tanto en
aplicarse. Es más, podríamos haber inventado el presupuesto
perfecto; con los mismos argumentos se podría proponer, por ejemplo,
incrementar sustancialmente las pensiones y el seguro de desempleo sin que ello
represente ningún coste para las cuentas públicas. Lo único cierto es que con
la tarifa plana a los empresarios les va a resultar mucho más barato contratar
a los trabajadores, que habrían empleado de cualquier modo, aun cuando no se
hubiese aprobado la medida.
El informe de los expertos gubernamentales no cae
en planteamientos tan ilusorios y pueriles como los que plantea la memoria
elaborada por los chicos de Fátima Báñez. Los redactores son conscientes de que si no se quiere
incrementar el déficit público, la rebaja en las cotizaciones tiene que
compensarse con la elevación de los impuestos indirectos. Es más,
con cierto realismo se cuestionan la eficacia de las múltiples exenciones o
bonificaciones sobre las cotizaciones sociales decididas a menudo por los
respectivos gobiernos, tales como las de la tarifa plana, bajo el epígrafe de
políticas activas de empleo, y que únicamente sirven para discriminar a unos colectivos
frente a otros, pero no para reducir la tasa de paro. Aunque este
planteamiento parece entrar en contradicción con su propuesta de reducción de
cotizaciones sociales que, por la misma razón, no tendría efecto sobre la
creación de puestos de trabajo.
Por otra parte, el informe
Lagares pone también en duda, y con razón, el principio básico del Pacto de
Toledo: la separación de fuentes o la creencia de que las pensiones deben
financiarse exclusivamente con las cotizaciones sociales. Es una lástima que
este cuestionamiento no se haya tenido en cuenta a la hora de plantear la
viabilidad de las pensiones futuras y la reforma del sistema.
No obstante, los redactores tienen muy claro que
su objetivo en esta materia es recomendar que antes o después se transfiera la carga fiscal
de los empresarios a los asalariados o a los consumidores, aunque para ello
tengan que caer en contradicciones como la de que mientras se argumenta, para
rebajar las cotizaciones sociales, que estas constituyen un impuesto sobre el
trabajo, se pide que se intensifique este carácter relegando las bases de
cotización y centrándose en los rendimientos del trabajo al estilo del IRPF, lo
que también parece contradictorio con su pretensión de incrementar lo que
llaman contributividad (barbarismo espantoso), que consiste en ligar las
prestaciones a las cantidades cotizadas.
En ese objetivo tampoco les importa manipular los datos
o utilizarlos de forma tendenciosa. Afirman que las cotizaciones
sociales son más altas en España que en el resto de los países europeos, lo que
en absoluto es cierto. Según el Statistical Annex of European Economy, informe
de otoño de 2013, en 2012 los ingresos en nuestro país por cotizaciones
sociales alcanzaron el 13% del PIB, mientras que la media de la Eurozona de los
18 se eleva al 15,8%, Francia al 19%, Alemania y Holanda al 16,8%, Italia al
13,8 y hasta Grecia es superior con el 13,7%.
La devaluación fiscal
constituye tan solo parte de la denominada devaluación interna, reducción de
las cargas fiscales de las empresas como complemento de la bajada de salarios
para mantener la competitividad y estimular el crecimiento. Dos son
los factores en los que se encuadra esta política:
· En primer
lugar, un hecho: la pertenencia a la Unión Monetaria y, por lo tanto, la
imposibilidad de devaluar la moneda. Era evidente que la incorporación al euro iba a servir de
pretexto para deprimir los salarios y reducir las cargas fiscales de las
empresas.
· En
segundo lugar, una creencia: la de basar el crecimiento en el sector exterior
mediante el procedimiento de quitar un trozo de pastel al vecino.
Pero por esto mismo, la devaluación fiscal
participa de los interrogantes que plantea la devaluación interna mediante la
disminución de salarios.
· Por una
parte, no existe garantía de que la reducción en las cotizaciones sociales se traduzca
en una bajada de los precios y no en un incremento del excedente empresarial.
· Por otra
parte, hay que
suponer que si todos los países adoptan la misma política, los efectos sobre el
crecimiento y el empleo se neutralizarán y el único resultado previsible será
la redistribución de la renta a favor de los empresarios y en contra de los
consumidores y de los trabajadores.
· Aún más,
es previsible que la subida del IVA tenga un impacto negativo sobre la demanda
interior con lo que el efecto neto será el contrario del que nos
intentan vender.
La prédica puritana del
presidente de la Comisión acerca de que la sociedad española debe sacrificarse
aceptando la subida del IVA si quiere ver reducida la tasa de paro tiene mucho
de ideología y poco de ciencia económica. En los momentos actuales, con el consumo por
los suelos, el cambio de cotizaciones sociales por IVA puede tener un efecto
negativo sobre el crecimiento y el empleo y, eso sí, un efecto positivo sobre
los beneficios empresariales. La gran mayoría de la sociedad
española ya ha hecho bastantes sacrificios, bien sea a través de descensos de salarios bien
a través de recortes sociales de todo tipo, sin que por ello el paro se haya
reducido. El efecto ha sido el contrario. La presunta ganancia de
competitividad adquirida ha sido más que compensada por la revalorización del
euro, fruto de la política aplicada por el Banco Central Europeo.
Joan
A. Forès
Reflexions
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