Benvolguts,
De l’article dels
president i vicepresident de Catalunya al diari El País d’avui n’hem de
remarcar les expressions o conceptes que considerem que necessiten comentari.
Una de les
sentències de l’article fa:
Señalar al diferente
como amenaza,
como elemento
de división de una sociedad que vivía tan tranquila en sus sagradas e inquebrantables certezas, es,
aparte de terriblemente
injusto, un grave obstáculo para la búsqueda de soluciones.
Aquesta criminalització de la diferència, tant sovint usada
pels espanyols de la dreta de l’esquerra i del mig, de dalt i de baix, sempre
ens ha sobtat, i molt! En l’apunt de fa 4 anys
de títol El
Català i el País dels cecs, hi trobem els mots que fan frisança als
espanyols “de cualquier pelaje” que diuen ells. Aquests mots són: anomalia, no acceptació de “l'altre”, diferència i en
consequència malden per destruir tot allò que
és diferent. Us suggerim de llegir l’esmentat apunt que ens
sembla molt definitori d’aquesta característica dels espanyols!
Volem recordar que
si se cerca en el Bloc Reflexions:
El català, com diu
l’articulista, és pels espanyols una anomalia, una no-acceptació de la pluralitat
lingüística
Castella i per extensió
Espanya, segons l’articulista, no accepta “l'altre” i
malda per destruir
tot allò que és diferent
D’aquí se’n conclou que el
problema catalan és de Castella i per extensió d’Espanya...
Una de les sentències
de l’article és la que diu:
Queremos recordar que lo hemos propuesto ya (el
diàleg) en diversas ocasiones. Hoy, pese a los malos augurios y el rechazo frontal del Gobierno español, volvemos a insistir en ello. Tal vez sea injusto atribuir al presidente
Rajoy, a su Gobierno y a su partido esa actitud en exclusiva...
I el dubte que
pretenen expresar no és tal dubte ja que, com molt bé diuen els autors, en
Rajoy i la seva cohort tenen i mantenen aquesta actitud negativa sempre que
tenen un micròfon aprop. Així veiem doncs que el mot “injusto”
es refereix als altres:
Observamos con pena y tristeza que esa misma posición, sin ningún tipo de
matiz, la comparten PP, PSOE y
Ciudadanos.
I és d’aquests que
es queixen!
Aquí és aplicable
la frase de Martin Luther King, encara que ell es referia a qui guarda silenci
davant d’una iniquitat i aquí en Puigdemont i en Junqueras es
refereixen als col·laboradors actius de la iniquitat:
Vegem doncs l’article:
Que gane el
diálogo, que las urnas decidan
En
democracia no existe el derecho a no dialogar. Nosotros ya estamos sentados en
la mesa. ¿Van a tardar mucho los demás invitados? Es más: ¿van a venir?
Las
diferencias solo separan y dividen si no se quiere acordar la forma de
resolverlas
Nicolás Aznárez
El Gobierno de Reino Unido y Escocia pactaron un referéndum. La
pregunta, siguiendo las recomendaciones de la Comisión Electoral de Reino Unido, fue: “¿Debería Escocia
ser un país independiente? Sí o no”. Sin más. Hubo acuerdo porque
hubo voluntad política de convocar y permitir el referéndum. No se dejó en manos
de tribunales lo que se pudo resolver políticamente. Y todo parece
indicar que Escocia y Reino Unido volverán a pactar la
celebración de un nuevo referéndum de independencia. El segundo en tres años. No está mal para
algo que en España no puede ni tan solo formar parte de una mesa de diálogo
entre los Gobiernos español y catalán.
Pactar la forma de
resolver las diferencias políticas siempre une. Las diferencias sólo separan y dividen si no se quiere acordar
la forma de resolverlas; las diferencias son consustanciales en la sociedad
democrática, no son negativas, hay incluso que tratarlas con delicadeza si se
trata de diferencias cuya defensa es más difícil y comprometida. Ahí es donde la
democracia se robustece y se afianza ante la pulsión populista y simplona de
resolver la diferencia mediante la prohibición, los muros y la discriminación.
Señalar al diferente como amenaza,
como elemento de
división de una sociedad que vivía tan
tranquila en sus sagradas e inquebrantables certezas,
es, aparte de terriblemente injusto, un grave obstáculo para la búsqueda de soluciones.
Como
consecuencia del acuerdo entre Escocia
y Reino Unido se produjo un amplio
debate, un
debate de ideas. Finalmente, una mayoría de escoceses optó por
el no, de acuerdo con
las tesis del Gobierno de Londres.
Fue así, sin más. La vida siguió en Escocia
y en Reino Unido, como hubiera
seguido con la victoria del sí. El
referéndum de independencia contó con una participación récord del 84,59%, 12 puntos más que
en el referéndum del Brexit, que fue del 72,2%, una cifra que se consideró un hito
puesto que era la más elevada en una votación en los últimos 25 años.
Estos datos describen algo muy relevante que deberían anotar quienes acusan a
los partidarios de cambios como una especie de agentes al servicio de la
división de la sociedad:
los
campos separados en una disputa democrática se unen sin ningún género de dudas en las urnas. Insistimos: no separan las diferencias,
lo que separa es la ausencia de acuerdo para resolverlas.
En consecuencia, el
escenario del referéndum acordado es el que desearíamos en Catalunya. Queremos recordar
que lo hemos propuesto ya en diversas ocasiones. Hoy, pese a los malos augurios y el rechazo frontal
del Gobierno español, volvemos a
insistir en ello.
Tal vez sea injusto atribuir al presidente Rajoy, a su Gobierno y a su partido esa actitud en exclusiva.
Observamos con pena y tristeza que esa misma posición, sin ningún tipo de matiz, la comparten PP, PSOE y Ciudadanos.
Así las cosas, parece
bastante indiscutible que la actitud del Gobierno catalán y del Parlament de
Catalunya se asemeja a la posición escocesa (dialogar y acordar
un referéndum), pero que la actitud del Gobierno español y las Cortes
Generales no se parece en lo más mínimo a la del Gobierno y el Parlamento británicos. No sólo hay una preocupante
ausencia de voluntad de diálogo, sino que camina en la dirección exactamente
inversa:
querellas,
judicialización de la política, guerra sucia, amenazas de uso de medidas
excepcionales, etcétera.
Y ya hay los primeros
resultados: primeras
condenas de inhabilitación a cargos públicos para el presidente Artur Mas y las
consejeras Ortega y Rigau, mientras se está a la espera de la sentencia contra
Francesc Homs. Todos ellos por haber cometido el delito de dar voz a los
ciudadanos.
En sintonía con la
voluntad de Gobierno, Parlament y
sociedad, se ha puesto en marcha en Catalunya
el Pacto Nacional por el Referéndum, del que participa una pluralidad
aplastante de la sociedad catalana, incluidos agentes económicos y sociales.
Sondeos de todo tipo y procedencia señalan que alrededor del 80% de
los catalanes querrían ser consultados acerca del futuro político de Catalunya en relación con España. El Pacto tiene como propósito reiterar la voluntad de celebrar un
referéndum, acordado, como prioridad. Tal vez alguien nos considere ilusos.
Es mejor ser iluso que irresponsable, es mejor
esforzarse para hallar soluciones que optar por no desgastarse y hacer del
quietismo virtud.
Si se mantiene el rechazo frontal no es ninguna
sorpresa que reiteremos que no vamos a renunciar a ejercer ese derecho. Vamos a
hacer lo indecible para que los ciudadanos de Catalunya puedan votar en 2017, en
un referéndum de autodeterminación. Estamos en esto por convicción y
compromiso, rindiendo cuentas ante los electores.
Y no se nos
ocurre pensar que el futuro de Catalunya no lo van a decidir sus ciudadanos y
sí el Gobierno español.
El mismo Gobierno que,
con su habitual proceder, ha logrado un hartazgo muy mayoritario en la sociedad
catalana, incluso en sectores que no comparten, muy legítimamente, que Catalunya se convierta en un Estado
independiente.
Vamos a hacer lo indecible para que los ciudadanos de Cataluña puedan
votar en 2017
El Estado ha abandonado
a todos los catalanes, también a los que no quieren la independencia, pero aman
a Catalunya como el que más y
sufren, por tanto, cuando su país sufre. Que no sean independentistas no significa que la desatención
de Catalunya no la sientan profundamente y paguen también las consecuencias. El Estado
ha abandonado también a los catalanes que hubieran querido ver en el español
aquel Estado propio que no es ajeno a
sus demandas. Y para esos catalanes y también para todos los demás,
el Gobierno de la Generalitat va a
poner las urnas. Que decidan. Es su derecho, y lo van a ejercer.
Hace tiempo que es la
hora de la política. En Catalunya la hacemos, y seguro que no siempre lo
hacemos bien. También hay que estar dispuesto a escuchar y hablar de ello. Sin embargo, otros han decidido delegar en los tribunales su
responsabilidad política. Se esconden detrás del Constitucional, de la Audiencia Nacional y
del Supremo, comprometiendo la labor y la independencia
del poder judicial. Europa ya se ha percatado de ello y ha mostrado
sin ambigüedades su preocupación por esa deriva que compromete seriamente un
poder fundamental para la salud del Estado
de derecho, como se desprende del reciente informe de la Comisión de Venecia. Y se escuchan voces del exterior cada vez más claras abogando por un
diálogo político y una solución política. Como el informe de la Fundación Konrad Adenauer. O como el propio Parlamento británico, donde se ha formalizado un Grupo de Discusión sobre Catalunya en
el que participan miembros de todos los partidos. Algo, por cierto, que es
posible en Westminster y no en las Cortes.
Hace pocos días, en Madrid, un veterano demócrata español
como Antonio Garrigues Walker
recordaba algo con lo que estamos de acuerdo los demócratas en general,
partidarios o contrarios a la independencia: en democracia no
existe el derecho a no dialogar. Nosotros ya estamos sentados en la mesa del diálogo. ¿Van a
tardar mucho los demás invitados? Es más: ¿van a venir? Cuando sea demasiado tarde, por
favor, no nos miren a nosotros. Sean, por una vez, tan exigentes, críticos e
implacables con sus gobernantes inmóviles como lo han sido con nosotros todos
estos años en que desde el rechazo a la sentencia contra el Estatut hemos
consolidado una amplia mayoría favorable a que los catalanes decidan su futuro
en referéndum.
Carles Puigdemont es presidente de la Generalitat de
Cataluña y Oriol Junqueras vicepresidente.
Joan A. Forès
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