El dia 7 de juliol varem publicar una crònica
de El País destapant la podridura del Tribunal de Cuentas.
En l’apunt del dia 1 dèiem:
Mostrem dos articles: Relaciones familiares en el Tribunal de
Cuentas i Con
el dinero de los catalanes se mantiene el NEPOTISMO del Tribunal de
Cuentas español.
Hi ha una sucosa actualització, també de El
País del 7 de juliol. Vegeu com la corrupció traspua per tots els porus, amb permís actiu
del PPSOE!:
Avui a la cadena 13 dels bisbes han explicat que “els
informàtics de la CNMV no sabien informàtica (només sabien usar Word o Excel i encara).
Si
aquesta notícia sembla curiosa continueu llegint i ho comprendreu:
El Tribunal de Cuentas dio plaza
fija de informático a siete de sus secretarias
Allegadas de directivos lograron los primeros
puestos en el examen, delante de un ingeniero
Concurrieron 256 personas, y el 57% de los
aprobados eran eventuales
Un pleno del Tribunal de Cuentas
Las últimas oposiciones que convocó el Tribunal de Cuentas, cuya
lista de aprobados fue publicada el 21 de marzo de 2011, permitió a siete secretarias
eventuales de altos cargos y a la hija del entonces secretario general hacerse
con una plaza fija en el organismo. Es decir, coparon el 57% de las
14 plazas de “auxiliar de grabación” (departamento de informática: 2.264,20
euros mensuales de salario) que se convocaron. Entre las
secretarias que aprobaron los cuatro ejercicios se hallaban dos del
expresidente Manuel Núñez
y las de otros consejeros de este organismo, tanto del PP como del PSOE. Este
tribunal se encarga de fiscalizar las cuentas de todas las Administraciones. Algunos de esos
consejeros acababan sus mandatos de nueve años y el cese de estos significaba
la salida del tribunal de sus secretarias.
- Solo
5 informáticos de los 60 del Tribunal de Cuentas son técnicos
- El
parentesco en el Tribunal de Cuentas alcanza a 100 empleados
- El
Tribunal de Cuentas dio obras a la firma que reformó casas de cargos
Los
consejeros del Tribunal (que son elegidos por las Cortes Generales por un
periodo, renovable, de nueve años, y a propuesta de los partidos políticos) son
la élite de la institución: aparte de chófer, ahora, tras la crisis, tienen un
sueldo de 4.700
euros netos. Una empleada de limpieza gana en este tribunal 1.730 euros;
el jefe de salud laboral, 5.966, también brutos. Los consejeros tienen
derecho a elegir a dos secretarias de su confianza. El tribunal les hace un
contrato de eventual durante la legislatura. Pero si cesa el consejero, ellas
también. Aparte de la secretaria de Núñez, también ganaron la plaza las
secretarias de dos consejeros propuestos por el PSOE y la del actual presidente
del Tribunal, Ramón Álvarez de Miranda, entre otras.
Casi todos los aprobados (ocho de ellos vinculados
con altos cargos) en la última oposición para cubrir 14 puestos de trabajo en
el Tribunal de Cuentas acabaron en el departamento de informática. Siete de los
aprobados eran secretarias de altos cargos y parte de ellas continúan hoy
haciendo lo mismo que antes, pero ya con una plaza fija. Hubo una secretaria,
vinculada al exministro socialista ya fallecido Luis Martínez Noval, que se
presentó a la oposición y no aprobó. Pero no se quedó en la calle. Hoy sigue
como eventual y trabaja para una de las consejeras del tribunal, propuesta por
el PSOE.
Un mes antes de celebrarse
estos exámenes, un colaborador de uno de los aspirantes a una de estas 14
plazas se convirtió en una especie de adivino y acudió a un notario de Madrid
para dejar constancia fehaciente (y anticipada) de los nombres de los ganadores
de las mismas y de otras dos simultáneas de subalterno y mozo que se celebraron
entonces. Sostenía que casi todas estaban dadas de antemano.
Acertó en un 89%
de los nombres, pese a que a estos ejercicios de acceso al órgano fiscalizador
concurrían un total de 256 aspirantes.
En una nota remitida a EL PAÍS, un portavoz del
Tribunal señala que a estas oposiciones “concurrió un elevado número de
personal eventual del tribunal, aunque no todos los que se hallaban en esa
situación laboral”. Y añade que tampoco aprobaron todos las que se presentaron,
aunque tuvieron”, explica este organismo, “un porcentaje de éxito elevado
debido a que el
Tribunal de Cuentas, en el marco del plan de formación, organizó un curso de
preparación para las pruebas selectivas que fue impartido por funcionarios del
tribunal fuera de la jornada laboral para todos los empleados que lo
solicitaron”. Tras ese curso, y con vistas a los exámenes, las
secretarias debían acreditar que sabían hacer “tratamiento de textos, grabar datos
y algún conocimiento en sistemas operativos”. Se convirtieron así en personal
fijo laboral en la plantilla del Tribunal de Cuentas (cerca de 200 personas de
las 700 que emplea). En este tribunal, los funcionarios son mayoría (el resto
hasta algo más de 700).
Este periódico destapó el pasado 24 de junio que más
de un centenar de empleados del Tribunal de Cuentas tienen lazos familiares
entre ellos y/o con altos cargos del tribunal, y también con los dos últimos
presidentes del Comité de Empresa (ambos de UGT) del órgano que tiene la misión de
velar porque las administraciones desvíen a un fin legal el dinero de las arcas
públicas. El personal laboral está sujeto al Estatuto de los Trabajadores, que
permite a sindicatos y responsables del tribunal negociar un convenio colectivo
que regula el acceso a la plantilla del tribunal y que faculta a los sindicatos
a intervenir en las pruebas selectivas. Solo los dos últimos presidentes del comité de empresa, Julio
Ronda y Ángel Otero, acumulan a 16 familiares o allegados en el tribunal entre
primos, hermanos, cuñados, primera y segunda esposa y nueras...
La composición del tribunal examinador de las
citadas 14 plazas de auxiliar de grabación la aprobó la Comisión de Gobierno
del Tribunal, principal núcleo de decisión tras el pleno, que entonces presidía
Núñez. Según fuentes del Tribunal, el procedimiento habitual es que el
secretario eleve junto con el presidente a la Comisión los nombres de los
miembros del tribunal examinador, para que aquella los avale (o no).
El exsecretario Pajares, que aparte de a su hija
tiene también a un yerno en el tribunal, está ahora adscrito a la Sección de
Fiscalización, al frente de la cual está Javier Medina, el segundo hombre con
más poder dentro del Tribunal. Medina y Pajares escriben artículos conjuntos
sobre derecho y fiscalización en revistas especializadas. Medina tiene en el tribunal a su esposa, a una
hermana y a su hermano Enrique. Durante estos exámenes, el presidente del
jurado opositor fue su hermano Enrique, que entonces era el gerente del
Tribunal. También era jurado en la oposición el expresidente del Comité de
Empresa Julio Ronda, que tiene dentro una de las sagas familiares más
voluminosas: sin salir de sus dependencias, puede encontrase en el pasillo con
su primera esposa, con un hijo que tuvo con ella, con su segunda esposa, con su
nuera, con sobrinos… Y también integraban el jurado un miembro del
cuerpo de gestión informática y un técnico auditor. Un jefe de informática del Tribunal se ha
quejado en un informe de la ineficiencia de los empleados de su departamento
para desarrollar programas que permitan agilizar la actividad de la
institución. De
una plantilla de 60 informáticos, solo cinco están capacitados para ello.
El actual presidente del Tribunal, Ramón Álvarez de
Miranda, comparecerá mañana en el Congreso para explicar el abultado número
de familiares que acoge este organismo. Se lo pidió el PSOE; y el PP, el
partido que lo propuso, se lo recomendó. Solo lleva dos años en la presidencia,
desde que en julio de 2012 se renovó el tribunal, que supuso que varios
consejeros saliesen, otros llegaran y otros fueran renovados en sus cargos.
Muchos de los parientes que hay en el tribunal franquearon las oposiciones hace
varios lustros, y por eso Álvarez de Miranda no se siente responsable de la
llamativa cifra de lazos familiares (casi un 10% de la plantilla) que cohabita
en la institución.
Ya ha tomado algunas medidas: los jurados
opositores (hay previstas 15 nuevas plazas este año de personal laboral) serán
configurados restando protagonismo a los altos cargos del tribunal y a
sindicalistas para diluir la sombra de enchufismo que gravita sobre la
institución. Y anunciará más medidas, según fuentes de su entorno.
investigación@elpais.es
Si resulta que De
una plantilla de 60 informáticos, solo cinco están capacitados para ello, es compren la notícia següent:
“El Tribunal de
Cuentas externaliza la mayoría de los mantenimientos de las infraestructuras y
aplicaciones de administración electrónica. Estos mantenimientos se concretan en forma de
atención telefónica desde un centro externo, por lo que no hay atención dentro
del propio tribunal ni de técnico que conozcan de antemano las peculiaridades
de la infraestructura del tribunal. Por ejemplo, si se cae la red de
datos, la atención en primera instancia es telefónica, con independencia de la
gravedad del incidente, lo que alarga los tiempos de resolución frente a los
que se obtendrían si se dispusiera de técnicos en la propia sede, como sucede
en el Tribunal Constitucional. Lo ideal sería disponer de técnicos informáticos
en plantilla que se ocuparan de este trabajo para que el conocimiento se
mantengan dentro del tribunal”.
El estudio compara
la capacidad y nivel de los técnicos del Tribunal Constitucional y del de
Cuentas, y concluye: “La relación entre puestos TIC [los más cualificados] y
empleados es de 1 a 7 en el Tribunal Constitucional, mientras que en el
Tribunal de Cuentas es de 1 a 64”.
No hase falta desir nada mas...
Joan
A. Forès
Reflexions
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