Benvolguts,
Trobo que en els diaris espanyols hi ha una
brutal, desmesurada i abundant acció de catedràtics de Dret Constitucional
contra el desig d’independència de Catalunya i trobo poca acció per la nostra
part per contrarestar aquest estat d’opinió que intenten fomentar!
L’articulista és del PSOE. Proposa un pacte PSOE-PP
per
contrarestar l’independentisme català. I explica la seva visió de l’independentisme català,
o sigui pontifica des de Madrid el comportament sociològic dels catalans:
Hay
mucha gente que está convencida de que el independentismo catalán ha sido
promovido por una élite nacionalista con capacidad de destilar un discurso
ideológico que se ha impuesto hegemónicamente en toda la sociedad. Si
ese discurso ha calado es por un motivo:
porque las clases medias y las clases populares están sufriendo el
desmantelamiento del Estado social y se les ha hecho creer que con la independencia recobrarían los beneficios sociales que les ha
arrebatado el Gobierno popular y… el de CiU.
Por eso una reforma
constitucional que abarcara tanto el modelo territorial
como el
modelo social se convertiría en un instrumento
potentísimo ante el independentismo.
Val a dir que el seu raonament, encara
que sigui vist des del punt de vista imperialista, és molt més coherent que el
del PSOE.
Un pacto para la reforma
constitucional
Javier García Fernández
El País
LA CUARTA PÁGINA
La modificación de
la Carta Magna requiere el acuerdo de los dos grandes partidos españoles y con
ella se debiera garantizar el nuevo modelo territorial y el Estado social,
erosionado por la acción de este Gobierno
La respuesta
estratégica del Gobierno y de los dos principales partidos españoles, el PP y
el PSOE, ante la operación soberanista del nacionalismo catalán ha sido tan
divergente que llama la atención e incita a alguna reflexión que vaya más allá
del debate político inmediato. Ante el desafío independentista, el Gobierno ha
respondido con un rechazo absoluto a cualquier cambio constitucional. El PSOE,
por el contrario, en su Declaración de Granada del mes de julio, y en su
reciente Conferencia Política, ofrece una salida federalista que conlleva, lógicamente,
la reforma constitucional.
Que el Gobierno
y el PP rechacen toda reforma constitucional se entiende por razones políticas
inmediatas, pero no desde visiones estratégicas ni jurídicas. Se entiende que el
Gobierno no desee una reforma formal de la Constitución porque materialmente ya
la ha reformado cuanto ha querido.
Al amparo de la mayoría absoluta que apoya al Gobierno, este ha producido una mutación constitucional de tal intensidad que la Constitución actual
está cada vez más alejada de la que se aprobó en 1978. Porque mutación
constitucional es dejar sin sustancia la cláusula del Estado social que
contiene el artículo primero de la Constitución, lo que se debe a su vez a que
se están quedando sin sustancia principalmente los artículos 27 (derecho a la
educación), 37 (negociación colectiva), 43 (protección de la salud) y 50
(pensiones adecuadas).
La potestad
legislativa de las Cortes Generales ha sufrido también una importante erosión
ya que desde que se formó el actual Gobierno se han aprobado 49 leyes (14
orgánicas y 35 ordinarias) frente a 25 decretos leyes: por cada dos leyes se
ha aprobado un decreto ley, a pesar de la
exigencia de extraordinaria y urgente necesidad que lo convierte en una fuente
excepcional. Y un órgano constitucional como el Consejo General del Poder
Judicial, que necesariamente ha de tener 20 vocales más el presidente se ha
transformado en un órgano con solo ocho Vocales dedicados en exclusiva a su
función que es nada menos el gobierno del poder judicial. Además, está a punto de
aprobarse un proyecto de ley orgánica que dificultaría el ejercicio de los
derechos de manifestación y de reunión y se habla de una ley que limite el
derecho de huelga. Afortunadamente, como son cambios legales o mediante la
acción administrativa, esta mutación tiene de plazo el tiempo en que gobierne
el PP, pero no por eso deja de tener efectos devastadores sobre la vida de los
españoles.
Además, tampoco
es totalmente cierto que el Partido Popular se niegue por completo a una
reforma constitucional. Cuando en agosto de 2011 el presidente Rodríguez
Zapatero ofreció a Rajoy una reforma constitucional que respondía a principios
conservadores y no de la socialdemocracia clásica, el PP aceptó encantado.
Este
planteamiento quietista del Gobierno es muy difícil de mantener. Las tensiones
territoriales provenientes de Cataluña obligan a actuar en muchos ámbitos,
entre ellos en el normativo. Además, como decía Hermann Heller en su Teoría del
Estado, la Constitución es una forma abierta a través de la
cual pasa la vida y esa forma abierta necesita una constante acomodación a la
situación política de la sociedad. Igual que el Código Civil, una norma
longeva, ha sido reformado constantemente, no es posible congelar la Constitución de un país porque
provoca graves problemas de adaptación a la realidad social. Así lo han entendido muchos y muy prestigiosos
especialistas en derecho público.
El PSOE, por su parte, ha dado una respuesta inteligente
al soberanismo catalán al proponer una reforma en sentido federal. Es inteligente
porque trata de parar las iniciativas independentistas y, al mismo tiempo,
enderezar la zigzagueante política del PSC, que se remonta a los dos Gobiernos
tripartitos. Pero la
iniciativa socialista no está exenta de problemas. Por un lado, se ha dicho que
nuestro Estado es cuasi-federal por lo que proponer un modelo federal es una
iniciativa más retórica que real dado que los cambios no serían muy
significativos. Por otro lado, se ha dicho que el federalismo nunca ha sido una
doctrina valorada en España (ni siquiera entre los nacionalistas) por lo que su
eficacia como objetivo político y electoral va a ser limitada. Todo eso es cierto,
pero yo creo que hay que rebasar el nivel léxico y penetrar en la sustancia de
la propuesta, que es la reforma del modelo autonómico para fijar una relación
con Cataluña en un sentido más acorde a las tendencias políticas dominantes en
la comunidad autónoma. En ese sentido,
como propuesta de reforma territorial, llámese o no federal, la iniciativa del
PSOE es interesante.
Pero el PSOE ya
experimentó las consecuencias de imprimir un sesgo partidista a la reforma
constitucional. Cuando este partido llevó a su programa electoral de 2004 una
reforma constitucional y después la incorporó al discurso con que el candidato
Zapatero solicitó la investidura del Congreso, algunos pensaron que había
condenado al fracaso esa reforma, pues ningún partido de la oposición, salvo
que haya sido consultado y haya aceptado la reforma, entrega un triunfo similar
al Gobierno. Si añadimos que la reforma fue encomendada a dos organismos
prestigiosos, pero sin poder de decisión, se entiende el fracaso definitivo.
A pesar de que
el Gobierno y el partido que lo apoya no quieren emprender la reforma
constitucional, y a pesar de que el PSOE parece incorporarla al futuro programa
electoral, tal reforma es necesaria. Por eso parece imprescindible llegar a un pacto entre
los dos partidos mayoritarios, con el fin de acordar una reforma
constitucional; un pacto discreto, antes de que las elecciones legislativas
estén más próximas, para que haya reforma consensuada sin que ninguno de los
dos partidos la considere materia para la confrontación electoral.
¿Qué se debe
pactar? Evidentemente, un nuevo modelo autonómico que supere los defectos del
actual (en el Informe sobre España, de Santiago Muñoz Machado hay
un excelente diagnóstico de los problemas del Estado autonómico y a esta obra
nos remitimos) y que al mismo tiempo busque especiales instrumentos de
cooperación con Cataluña, quizá por la vía de los hechos diferenciales que
poseen algunas comunidades autónomas.
Pero la reforma
constitucional tiene que abordar otro gran tema: la garantía del Estado social,
para evitar las mutaciones constitucionales introducidas por el actual
Gobierno. ¿Por qué debería interesar al PP pactar el reforzamiento de un modelo
estatal que ahora está dinamitando? Porque la unidad de España no es solo territorial,
también es social, a través de la cohesión de una sociedad que no tenga sobre
su cabeza el riesgo de la pobreza. Y, además, porque los empresarios deberían
ser los primeros interesados en que España conserve una sólida cohesión social.
En definitiva, si se
enarbola con entusiasmo la bandera de la unidad nacional, hay que enarbolarla
con todas sus consecuencias, sabiendo que la cohesión social también integra la
unidad nacional.
Además, por
último, hay otro motivo para que el Partido Popular acepte pactar la garantía
del Estado social. Hay mucha gente que está convencida de que el
independentismo catalán ha sido promovido por una élite nacionalista con
capacidad de destilar un discurso ideológico que se ha impuesto hegemónicamente
en toda la sociedad. Si ese discurso ha calado es por un motivo: porque las
clases medias y las clases populares están sufriendo el desmantelamiento del Estado
social y se les ha hecho creer que con la independencia recobrarían los
beneficios sociales que les ha arrebatado el Gobierno popular y… el de CiU. Por eso una reforma constitucional que abarcara
tanto el
modelo territorial como el modelo social se convertiría en un instrumento potentísimo
ante el independentismo. Solo eso justifica el pacto constitucional.
Javier García Fernández es catedrático de Derecho Constitucional en
la Universidad Complutense de Madrid.
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