Benvolguts,
Segons l’article els beneficis de l’Església
Catòlica gràcies als Concordats amb el Vaticà són incommensurables. Però l’article
no parla només de la cosa econòmica sinó que també mostra la mena de règim nacionalcatòlic
franquista.
I com que estem retrocedint com en aquella
dita popular que diu: amb Espanya, anem de cul! I com que estem retrocedint a
marxes forçades cap el
nacionalcatolicisme podem mirar retrospectivament i esgarrifar-nos del panorama que se’ns
presenta si no fugim!
L’autor presenta un concepte nou i molt interessant: el de “confesionalidad sociológica”. En concordança amb el “franquisme sociològic”, presenta una visió d’integració
entre església catòlica i franquisme, que ja varem patir amb els crucifix i els
dos lladres que hi havia a totes les aules de totes les escoles,
religioses o no religioses, amb les enciclopèdies com s’explica a El florido pensil, l’Enciclopèdia Àlvarez o l’Enciclopèdia
Dalmau. L’equivalència o dualitat entre nacionalcatolicisme i franquisme
fa que els que varem patir els 40 anys de dictadura franquista i els 38 anys de monarquia
franquista no haguéssim destriat entre una cosa i l’altra fins ara.
Estàvem abduïts pel franquisme que comportava el nacionalcatolicisme i
viceversa però no podíem distingir o separar una cosa de l’altra.
Retorn a les Processons cutres de Setmana Santa, el catecisme, els exercicis espirituals, crucifixos
a les aules, separació de sexes, deformació de la història, nova integració de
la religió catòlica en el règim actual, començant pels més febles que són els
nens!.
Tornem al 1939!!!
Si, després de llegir l’article, voleu saber
més sobre qui mou els fils dels titelles llegiu els dos apunts del Bloc
Reflexions sobre la Asociación Católica Nacional de Propagandistas,
que també cita l’autor:
L’article:
El mayor impuesto de la Iglesia
Católica
Juan José Téllez en Público
el 8 diciembre, 2013 en Cultura, Derechos, Economía, Educación, Libertades, Política, Religión, Sociedad
OPINIÓN
Libertad, cada vez menos. Igualdad, poca. Y de
fraternidad, mejor no hablamos. En España, cualquier hijo de vecino tiene que pagar el
Impuesto de Bienes Inmuebles pero la Iglesia Católica no. Tampoco
tienen que hacerlo otros templos, al amparo de la Ley de Mecenazgo de 2002 y de
otras exenciones que amparan a aquellas organizaciones inscritas en el Registro
de Entidades Religiosas. Sólo que la penetración inmobiliaria del resto de las
confesiones religiosas en España no es tan formidable.
A vista de pájaro, la Iglesia Católica cuenta con más de cien mil
bienes inmuebles en España: su centenar de catedrales, sus siete
universidades, más de cuarenta centros teológicos, una docena de colegios
universitarios, más de cincuenta escuelas superiores, más de setenta instituciones
superiores y un millar de monasterios, todo ello sin contar las iglesias
propiamente dichas, los palacios arzobispales, los trescientos museos, las
casas de ejercicios espirituales o los comedores y albergues que suele atender
Caritas y otras organizaciones solidarias afines a dicha fe, que no siempre
mantienen buenas relaciones con la jerarquía, tal y como ocurre con las
hermandades y cofradías, ya sean de gloria o de Semana Santa, que también
cuentan con su propia burbuja del ladrillo. Por no hablar de las propiedades aparentemente
sin dueño que la Iglesia pone a su nombre de manera irregular y que incluyen
casas de párrocos o de maestros, escuelas, ayuntamientos o incluso
cementerios. Y es que hay que tener en cuenta que una reforma de la
ley Hipotecaria en 1998, bajo el Gobierno de José María Aznar tan amable para
con el Opus o los Legionarios de Cristo, permitió a la Iglesia que inscribiera alrededor de 4.500
propiedades, siempre y cuando no estuviesen previamente registradas. Con
la simple firma de un Obispo, que adquirió por dicha vía la misma calidad que
un notario. Todo un pelotazo digno del gilismo que nadie se preocupó en
recurrir en su día. Como tampoco fue derogada dicha norma durante los ocho años
de José Luis Rodríguez Zapatero en la Moncloa.
Súmense a todo ello sus
más de cien mil hectáreas de terreno rústico, con explotaciones agropecuarias y
latifundios que a veces superan cuatro mil hectáreas y que estarían pidiendo a
gritos que resucitase Mendizabal. O un riquísimo patrimonio histórico-artístico,
que también suele restaurar el Estado, a través del gobierno central o de los
autonómicos. ¿A quién pertenece la catedral de Burgos? ¿Al Patrimonio Nacional?
El obispado de
Córdoba registro a su nombre la mezquita en 2006 por tan sólo treinta euros de
tasas. Y sigue impidiendo, por ejemplo, que se puedan practicar
rituales islámicos en su interior.
Nada que ver, desde luego, dicha opulencia con el
voto de pobreza que, eccehomos aparte, cumplen a rajatabla numerosos
religiosos, o con el compromiso a pie de calle de seglares católicos que
combaten la crisis desde las trincheras más humildes. Entre los alamares de
algunos altares y la modestia espartana de ciertos conventos hay el mismo
abismo que entre las trapacerías de la Banca Vaticana y las florecillas de San
Francisco de Asís.
En cierta medida, España constituye una suerte de paraíso fiscal
para la Iglesia. Hace unos días, el pleno del Tribunal
Constitucional declaró por unanimidad que era inconstitucional un precepto de
la Ley Foral de Navarra que seguía los pasos del gobierno italiano en la
imposición del pago del IBI a las propiedades del Estado Vaticano en su
territorio. Así, el parlamento navarro aprobó en febrero una modificación de la
Ley de Haciendas Locales, que exigía el pago de dicho impuestos a las
diferentes religiones presentes en dicha comunidad. En julio, llegó Mariano y mandó parar; el
consejo de ministros acordó la interposición del recurso de inconstitucional al
amparo del concordato con la Santa Sede y con la Ley Orgánica de Libertad
Religiosa que ampara a los evangelistas, a los judíos y a los musulmanes.
Seguimos, hoy por hoy, en las viejas coordenadas
del anticlericalismo, que se reía a mandíbula batiente con algunas coplas
populares: “Por la cierra de Lares,/ vienen bajando/ veinticuatro mil frailes/
tras un pan blanco”. O asentía ante las reflexiones del viejo arcipreste de
Hita que conocía a su gremio: “Si tuvieres dinero tendrás consolación,/
placeres y alegrías y del Papa ración,/ ganarás Paraíso, ganarás salvación:/ donde hay mucho
dinero, hay mucha bendición”.
El primer concordato entre el franquismo y Roma,
que sacó a la dictadura de su aislamiento internacional en 1953, ya reconocía en su artículo
vigésimo la exención de impuestos y contribuciones de orden estatal y local a
muchos de sus inmuebles, aunque no aparecieran en aquella relación los
macro-hoteles como el de los maristas en la localidad madrileña de Los
Mollinos. Aquel acuerdo, que consagraba al catolicismo como la única religión
española fue sustituido por otro concordato, firmado a 3 de enero de 1979,
apenas seis días después de la entrada en vigor de la actual Constitución
Española. ¿Cómo
logró cerrarse tan rápidamente un acuerdo? Porque, después de la muerte de
Franco, la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, que tenía una clara
penetración en numerosos políticos de la UCD y de Alianza Popular, e incluso de
algunos partidos nacionalistas periféricos, se había puesto manos a la obra al
poco de morir el dictador Francisco Franco, en aquel reformista año de 1976.
Y aunque la Constitución apostó por el Estado
aconfesional, con la libertad ideológica, religiosa y de culto a bordo de su
artículo 16, en el que se afirma que “ninguna confesión tendrá carácter
estatal”, no se fundamentó un laicismo claro, sino que establecía una supuesta
neutralidad religiosa del Estado con “las consiguientes relaciones de
cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones”. ¿Por qué se
menciona sólo a la Santa Madre y no a los evangelistas, a los musulmanes, a los
judíos, a los ortodoxos o a los sintoístas? Se trataba de una clara cesión al
poder vaticano, lo que algunos autores consideran como una declaración de “confesionalidad
sociológica” por parte de los padres de la Constitución. Aviso a
navegantes: son muchos quienes entienden que el Concordato sólo puede ser
revocado con un nuevo acuerdo entre España y la Santa Sede, ya que no se
encuentra legalmente prevista la renuncia unilateral al mismo: por mucho que
Alfredo Pérez Rubalcaba se empeñe, la ruptura del Concordato supondría
prácticamente la ruptura de relaciones con San Pedro, algo que probablemente no
se entendería en la tierra de María Santísima.
Ese Concordato todavía en
vigor no sólo impide cobrar el IBI a la Iglesia –lo que supondría ingresos aproximados
a tres mil millones de euros al año para las arcas del Estado–, sino que
excluye a la misma de otros impuestos como el de la renta (IRPF, que pasó del
0,52%, al 0,7% en 2007, casi al finalizar el primer periodo de gobierno de ZP)
o los que afecten al consumo, como es el caso del IVA, que los obispos sólo
empezaron a cotizar cuando terminó exigiéndolo la Unión Europea y que aún así
han llegado a distraer en el precio de las entradas de algunos templos
restaurados, por cierto, por entidades públicas como la Junta de Andalucía, que
puso naturalmente el grito en el cielo por tal circunstancia.
En cualquier caso, el Concordato excluye el cobro
de impuestos reales sobre renta y patrimonio, donaciones y sucesiones. Aún más:
en 1982, se incorporó la célebre casilla en la declaración del IRPF que
diferencia entre las aportaciones a las ONGs no confesionales –aunque muchas de
ellas también sean católicas—o a la Iglesia, propiamente dicha. ¿Por qué sigue
apareciendo entonces en los Presupuestos Generales del Estado un epígrafe
relativo a pagos a cuenta de dicha partida? Nadie parece preocuparse en
comprobar si el Estado destina más a la Santa Madre de lo que realmente recauda
entre los declarantes que ponen la equis en dicho casillero. Diez mil millones
suelen viajar cada año desde las arcas públicas a los tesoros de la curia
española, cuyos cepillos parroquiales tampoco tributan.
A pesar de todo ello, el mayor impuesto lo paga
España y sus habitantes a la Santa Madre. Lo que pagamos por disfrutar de dicha
primacía de la
Iglesia Católica en España no es cuantificable. Ese impuesto intangible se traduce en leyes que
le otorgan mucho más poder, como la LOMCE, recientemente aprobada y que ha
vuelto a catequizar nuestra enseñanza. O como la reforma de la Ley
del Aborto, que nos llevará previsiblemente en breve hasta un tiempo anterior
al que legalizó alguna de dichas prácticas en 1985. Cualquier español es libre
de acudir a la eucaristía cada domingo o en fiestas de guardar, pero también tendríamos que
librarnos el resto de comulgar necesariamente, durante todo el año, con sus
ruedas de molino.
Joan
A. Forès
Reflexions
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