Benvolguts,
Navegant he trobat el web Rebelión
on escriu periòdicament l’autor d’aquest article. Trobo
molt bé que hi hagi qui s’atreveixi a escriure com aquest autor, o com el
professor Vicenç Navarro o com d’altres. Pot ser molt bé que la nova Llei Fernandez engarjoli sense
judici qui s’atreveixi com Navarro i com Val del Olmo a continuar mostrant la
miserable condició d’España i dels espanyols quan al
feixisme-falangisme-nazisme, antecessor directe dels Gobiernos del règim de
Monarquia franquista que ens ha tocat viure...Fa uns dies en un
article del professor Navarro va explicar que els seus treballs no els hi volen
publicar cap dels cinc diaris més importants del Reino, perquè hi ha justament
un Mur d’Impunitat
que impedeix que els ciutadans sàpiguen la veritat, 38 anys després de la mort
de la bèstia i hagin de recórrer als diaris digitals per a poder explicar les
veritats que diaris i mitjans de comunicació de la Caverna amaguen! Vegi’s i
llegeixi’s amb detall el profund article del professor Navarro:
Un
tast:
Una última observación. Este sistema
totalizante se reproduce también a través de los medios. Existe hoy una
dictadura mediática –sí, una dictadura mediática- que no permite la diversidad
ideológica que debería estar presente en una democracia. Un ejemplo
de ello es que este
artículo no sería aceptado para su publicación en ninguno de los cinco
rotativos más importantes de España. De ahí que tenga que pedirle al
lector que, independientemente de su acuerdo o desacuerdo con su contenido, lo distribuya
ampliamente, por mera coherencia con su sensibilidad democrática.
02-12-2013
Ley
de Amnistía y legalidad fascista
El
muro de la impunidad
Es una constante de las
dictaduras que cuando están a punto de hundirse intentan sellar su impunidad
mediante leyes de amnistía impuestas bajo amenaza militar. Asi ocurrió con la
dictadura de Franco, y con otras como las de Chile, Argentina, Bolivia, Uruguay
o Brasil.
Unas leyes esgrimidas como pretexto para no
investigar desapariciones forzadas, fusilamientos, secuestros, torturas, niños
robados, y otros crímenes contra la humanidad, y que han levantado un
vergonzoso Muro
de Impunidad, a pesar de las reiteradas denuncias de organismos
internacionales.
El tesón de las víctimas, y la movilización social
contra estas leyes, consiguió hace quince años que el dictador chileno Augusto
Pinochet fuera detenido en Londres, por orden de un juez español, en base al
principio de Justicia Universal. Desde entonces se han multiplicado las
denuncias, investigaciones, y juicios contra violadores de derechos humanos en
todo el planeta, pero también las presiones de potencias mundiales, como las de
EEUU, denunciados por asesinatos, o torturas como las de Guantánamo
Hoy sabemos, por las filtraciones de Wikileaks, que estas presiones
estuvieron detrás del pacto que PSOE-PP firmaron hace cuatro años para limitar
el alcance del principio de Jurisdicción Universal, que permite que ciertos
crímenes dudan(puedan) ser perseguidos en cualquier país, al margen de la
nacionalidad del criminal, o del lugar del crimen. Como dice
Galeano: “el poder es un cíclope. Tiene un solo ojo: ve lo que le conviene, es
ciego a todo lo demás. Contempla en éxtasis la globalización del dinero, pero
no puede ni ver la globalización de los derechos humanos”.
En nuestro país la Ley de Amnistía de 1977 perdonaba a autoridades,
funcionarios y agentes de orden público que hubieran violado derechos humanos
pero, siendo una ley preconstitucional, contraria al Derecho Internacional, y
que no contempla el genocidio y la tortura, es preocupante que los tribunales
españoles hayan recurrido a ella constantemente, junto a la prescripción y la
muerte, para amparar la impunidad de responsables de crímenes de lesa
humanidad. Todas las denuncias presentadas por víctimas de la dictadura y la
Guerra Civil en España han sido archivadas o duermen el sueño de los justos.
Esta actitud sólo puede explicarse porque la llamada
“transición democrática” dejo intactas las estructuras de poder franquistas y
respaldó la legalidad fascista. El poder económico, forjado mediante leyes criminales y la
represión sistemática del movimiento obrero, el poder judicial, las fuerzas
armadas, o los cuerpos policiales, no fueron depurados. Su
influencia llega hasta nuestros días y aclara por qué las
instituciones españolas ni
investigan ni cooperan, como denuncia Amnistía Internacional. No es casualidad que uno de los querellados, Martín Villa,
ministro franquista cuando la policía asesinó a cinco trabajadores en Vitoria,
apodado la porra
de la Transición, haya sido asesor de grandes empresas y ahora consejero del “Banco Malo”
creado para sanear la banca privada con fondos públicos (foto de Samaranch
i Martin Villa
l’any 1974).
El Estado español es el
segundo país del mundo en número de víctimas por desapariciones forzadas, mas
de 114.000 denunciadas, cuyos restos ocupan cunetas y fosas comunes sin haber
sido recuperados e identificados. Añadamos condenas y ejecuciones, torturas, asesinatos,
y aceptemos que hay un conflicto que la decepcionante Ley de Memoria Histórica no ha
resuelto porque la
impunidad de violaciones graves de los derechos humanos es incompatible con la
justicia y con la verdad.
Cita Waris Dirie, en su discurso contra la
mutilación genital femenina, “El último camello de la fila, camina tan de prisa
como el primero”. La lucha de las Madres de Plaza de Mayo en Argentina llegó
hasta nuestro país y abrió la puerta para que hoy más de 300 asociaciones, memorialistas y de
víctimas de la dictadura y de la Guerra Civil española, puedan declarar ante un
juzgado argentino contra responsables de genocidio y torturas en nuestro país.
Entre ellas la Plataforma Vasca para la Querella
Contra los Crímenes del Franquismo, de la que forma parte la Asociación de
Víctimas del 3 de marzo de 1976, que ha presentado mas de cien denuncias, y
lleva años trabajando para que sea aquí donde acabemos con la vergüenza histórica que supone que el
único enjuiciado por los crímenes del franquismo sea precisamente el juez que
los quiso investigar.
Combatir contra la impunidad hoy es hacerlo contra
quienes la amparan y la defienden que son los mismos que aplican políticas
reaccionarias y restrictivas de derechos laborales, sociales y ciudadanos, que
castigan a la inmensa mayoría de la sociedad que somos los trabajadores y
nuestras familias.
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