Benvolguts,
El règim sortit de la transició del 1978 és franquisme a l’estat pur, és el
mateix abans del 1978 que després del 1978. I el 1978 era el mateix que el 1975.
Franquisme!
Realment els franquistes varen transmutar-se en demòcrates,
de franc, sense que els costés ni un cèntim. Tot al contrari, han sigut
premiats amb sinecures, canongies i presidències de companyies públiques
privatitzades...
Avui comentem com el règim franquista actual no permet extradir exministres
franquistes que mai no han estat
investigats, imputats o condemnats en l’Espanya franquista del
1975 cap aquí.
L’Espanya, estat de dret, no és res més que una merda
lligada amb un cordill. Continua havent-hi el TOP que ara es diu Audiencia
nacional, els papers robats a Catalunya i portats a Salamanca continuen
sent a Salamanca, el règim franquista actual mai no ha demanat perdó pels seus
crims del 1936 al 1978, mai ningú no ha demanat perdó pels assassinats de Ramon Sunyer, de Carrasco i Formiguera ni de Lluís Companys.
En la demanda d’un minut
de silenci que Alfred Bosch va sol·licitar el 2013 al Congreso de
los Diputados,en motiu del 73è aniversari de l’afusellament de Companys, President de Catalunya, a mans del franquisme, únic cap d’estat
afusellat en el context de la Segona Guerra Mundial, hi va haver una sèrie de malparits diputats franquistes que se’n van enfotre...
El PP respon amb
un 'Viva España!' quan ERC demana un minut de silenci per a Companys...
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Público internacional:
27.03.2015 17:50
El Gobierno se negó a extraditar
a los 17 altos cargos acusados por la justicia argentina. El jefe para Derechos
Humanos de la ONU dice que "no se está cumpliendo el derecho a la verdad
de las víctimas"
Los exministros franquistas José Utrera Molina,
Rodolfo Martín Villa y Fernando Suárez. EFE
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petición de Argentina
EFE
GINEBRA.- España está "obligada a extraditar a los responsables de
violaciones graves de los Derechos Humanos mientras no se tomen medidas para
garantizar el acceso a la justicia y el derecho a la verdad de las víctimas
ante las instancias legales españolas",
aseguró este viernes un grupo de expertos de la ONU en Ginebra.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos explicó, en un comunicado, que la declaración emitida hoy por el grupo alude a la decisión del Gobierno español de no extraditar a 17 acusados por la justicia argentina de violaciones graves de los Derechos Humanos durante el régimen franquista, incluidos varios exministros.
"La denegación de la extradición deja en profundo desamparo a las víctimas y a sus familiares, negando su derecho a la justicia y a la verdad", indicaron los expertos de la ONU.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos explicó, en un comunicado, que la declaración emitida hoy por el grupo alude a la decisión del Gobierno español de no extraditar a 17 acusados por la justicia argentina de violaciones graves de los Derechos Humanos durante el régimen franquista, incluidos varios exministros.
"La denegación de la extradición deja en profundo desamparo a las víctimas y a sus familiares, negando su derecho a la justicia y a la verdad", indicaron los expertos de la ONU.
"La
denegación de la extradición deja en profundo desamparo a las víctimas y a sus
familiares, negando su derecho a la justicia y a la verdad", acusa la ONU
En la nota, se explica que el grupo "ha
mantenido comunicación con el Gobierno español en relación con las
extradiciones ordenadas en octubre de 2014, en el marco de la llamada 'querella
argentina', en
la que se investigan fusilamientos, torturas, robo de bebés y otros
delitos", se añade en la nota.
La jueza argentina María Servini de Cubria había pedido la extradición para ser juzgados de 20 acusados en la causa que instruye desde 2010 contra crímenes del franquismo, entre los que figuran los exministros Rodolfo Martín Villa y José Utrera Molina.
Servini estableció que los delitos que investiga constituyen crímenes de lesa Humanidad y pidió poder juzgar a los responsables, bajo el principio de jurisdicción universal.
"Reconocemos que cabe entre las competencias del Estado español la posibilidad de denegar esta solicitud de extradición", indicaron los expertos, pero, en ese caso, "tiene la obligación de garantizar, ante las jurisdicciones nacionales, el acceso a la justicia para las víctimas de violaciones graves de los derechos humanos y el derecho a la verdad".
Los expertos independientes recalcaron que los argumentos preliminares presentados por el Gobierno español "carecen de base, pues parecen ignorar y contradecir las normas y estándares internacionales de los Derechos Humanos".
"En particular, el Estado español no puede escudarse en los principios de prescripción y extinción de la responsabilidad penal para no extraditar o juzgar a los responsables de violaciones graves de los derechos humanos", señalaron, al insistir en que "la tortura, las ejecuciones sumarias y la desaparición forzada pueden constituir crímenes de lesa Humanidad".
Los expertos resaltaron que "el derecho internacional es muy enfático: los crímenes de lesa Humanidad y los delitos de tortura son imprescriptibles, es decir que no 'vence' la obligación del Estado de investigar y sancionar a los responsables".
"Asimismo, la desaparición forzada es un delito continuado y una vulneración permanente de los Derechos Humanos. La obligación de investigar perdura hasta que se esclarezca la suerte y paradero de la persona", aclararon.
El Gobierno español también invocó los principios de jurisdicción preferente y de no doble incriminación, pero, según los expertos de la ONU, estos principios no son aplicables en este caso, ya que
La jueza argentina María Servini de Cubria había pedido la extradición para ser juzgados de 20 acusados en la causa que instruye desde 2010 contra crímenes del franquismo, entre los que figuran los exministros Rodolfo Martín Villa y José Utrera Molina.
Servini estableció que los delitos que investiga constituyen crímenes de lesa Humanidad y pidió poder juzgar a los responsables, bajo el principio de jurisdicción universal.
"Reconocemos que cabe entre las competencias del Estado español la posibilidad de denegar esta solicitud de extradición", indicaron los expertos, pero, en ese caso, "tiene la obligación de garantizar, ante las jurisdicciones nacionales, el acceso a la justicia para las víctimas de violaciones graves de los derechos humanos y el derecho a la verdad".
Los expertos independientes recalcaron que los argumentos preliminares presentados por el Gobierno español "carecen de base, pues parecen ignorar y contradecir las normas y estándares internacionales de los Derechos Humanos".
"En particular, el Estado español no puede escudarse en los principios de prescripción y extinción de la responsabilidad penal para no extraditar o juzgar a los responsables de violaciones graves de los derechos humanos", señalaron, al insistir en que "la tortura, las ejecuciones sumarias y la desaparición forzada pueden constituir crímenes de lesa Humanidad".
Los expertos resaltaron que "el derecho internacional es muy enfático: los crímenes de lesa Humanidad y los delitos de tortura son imprescriptibles, es decir que no 'vence' la obligación del Estado de investigar y sancionar a los responsables".
"Asimismo, la desaparición forzada es un delito continuado y una vulneración permanente de los Derechos Humanos. La obligación de investigar perdura hasta que se esclarezca la suerte y paradero de la persona", aclararon.
El Gobierno español también invocó los principios de jurisdicción preferente y de no doble incriminación, pero, según los expertos de la ONU, estos principios no son aplicables en este caso, ya que
"más
de 40 años después de los hechos, en España no se han iniciado investigaciones sobre estos delitos, que
incluyen tortura, desapariciones o ejecuciones cometidas durante el
franquismo".
Joan A. Forès
Reflexions
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