Benvolguts,
Tragueu-vos el barret davant d'aquest treball de periodisme d'investigació fet per un altre dels periodistes de Público. Ja en coneixem mitja dotzena, d'una qualitat "prima".
Si exploreu mínimament l'article que hem comentat:
veureu la podridura dels estrats superiors de la policia espanyola. I veureu la immensa podridura del Fernández Díaz (l'epoca que relata l'article é la del 2013-2015 quan també afinava amb el jutge De Alfonso i quan destrossaven la sanitat catalana, segons deien). I també veureu els personatges que surten a "Les clavegueres..."
Fixeu-vos si hi ha col·laboració entre policies espanyols i Mossos que queden retratats en el cas del "chivatazo" que sortosament va acabar bé, però que podia haver acabat molt malament,,,
Aquest cas del "chivatazo" ja l'havíem explicat en l'apunt ****
TERRORISMO EN
CATALUNYA
Policías nacionales alertaron a
yihadistas en 2015 de que los Mossos los investigaban
La
“Operación Caronte” contra una célula terrorista yihadista que preparaba
atentados en Catalunya, desarticulada por la policía catalana hace dos años,
puso de manifiesto la hostilidad del Gobierno de Rajoy y de Interior, dirigido
por el ministro Jorge Fernández Díaz, contra la Generalitat, que se extendió
incluso a la lucha antiterrorista de los Mossos d'Esquadra.
El ministro del
Interior, Jorge Fernández Díaz, con agentes de la Policía Nacional/EFE
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antiterrorista
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Rajoy-Puigdemont
BARCELONA
Joan Cantarero
La “Operación Caronte”, iniciada por los Mossos d’Esquadra en 2014 contra
una célula terrorista yihadista en Catalunya, preparada para matar y que con no pocas trabas pudo ser desarticulada en 2015 por
la policía catalana, evidenció la hostilidad del Gobierno de Rajoy y del
Ministerio del Interior, dirigido en aquel entonces por Jorge Fernández Díaz,
contra el Govern de la Generalitat y sus servicios policiales autonómicos.
Esa organización
criminal acabó desarticulada y se practicó la detención de los 10
integrantes de su célula terrorista, además de un cómplice muy
especial: un militante neonazi, amigo del líder yihadista, que le había
pedido colaboración para acceder a armas y explosivos con la finalidad de
atentar contra intereses judíos en Barcelona.
Finalmente, a pesar de
los informes policiales la Audiencia
Nacional acordó no imputar en la causa a ese excandidato ultraderechista
del MSR y miembro de SOM. La razón de su exoneración se
debió a que, según el auto del instructor, el neonazi finalmente “no
colaboró con los terroristas”. No obstante, no le será devuelto el
arsenal y munición de guerra ocupado en su vivienda. El resto de la banda
aguarda en prisión la celebración del juicio.
Fragmento de la denuncia de los Mossos
d'Esquadra contra la Policía Nacional.
Al bloqueo desde el Ministerio del Interior
español impidiendo que los Mossos tengan acceso a las redes convencionales de
información policial antiterrorista internacional, hubo que
añadirle “la intromisión de agentes de la Policía
Nacional en un caso abierto, con la única misión de boicotear la investigación
antiterrorista que estaban llevando a cabo unidades de información
de los Mossos d’Esquadra, que contaban con agente e informadores infiltrados”, según la denuncia de la policía autonómica catalana.
Los agentes de la Policía Nacional “alertaron a los presuntos
terroristas yihadistas de que estaban siendo investigados por la policía
catalana”. Pocos días después los Mossos denunciaron los
hechos ante la Audiencia Nacional y la
Fiscalía. A raíz de esa denuncia estalló
una tormenta política entre la Generalitat y el Gobierno central, con duros
cruces de acusaciones que fueron ampliamente reflejadas en la prensa de la
época.
Los Mossos
d'Esquadra, marginados por Rajoy
El Ministerio del Interior se ha negado
reiteradamente a atender las solicitudes del Govern de la Generalitat para incluir a los Mossos d’Esquadra en
las principales redes de información policial internacional de lucha
antiterrorista, tanto Interpol, como
Europol, SIENA o SIRENE, así como el
español CITCO, el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado.
Distintas fuentes
sitúan el conflicto surgido durante la investigación de la “Operación Caronte” como un punto
crítico en las hostilidades entre el Gobierno
del PP y el Govern de Catalunya en materia policial.
“Si el Partido Popular
tuviera en sus manos la posibilidad de revertir la hegemonía de los Mossos
d’Esquadra en el territorio de Catalunya ya lo habría hecho, dejando a
la policía autonómica como un ente folclórico para ser lucido en fiestas de
guardar”,
señalan a coro sindicalistas de la policía
autonómica, consultados por Público.
En este sentido, los
agentes recuerdan la hostilidad hacia el Govern de Catalunya manifestada reiteradamente
por el exministro del Interior Fernández Diaz, quien a mediados del 2015
salía al paso para
negar los chivatazos de policías nacionales a presuntos terroristas. Su respuesta oficial transmitía implícitamente su
clara desconfianza hacia a la policía de
la Generalitat, a pesar de ser un cuerpo policial del Estado español:
"La
lucha y la política antiterrorista debe ser de Estado, y no se puede dejar en
manos de los que no tiene el más mínimo sentido de Estado",
dijo el ministro el 14
de mayo de 2015,
tras una reunión con sus homólogos de los países del Sahel.
Pronto llegó la
oportuna respuesta del entonces conseller de Interior, Ramón Espadaler:
“Al ministro
[Jorge Fernández Díaz] le sienta fatal que los Mossos sean eficientes en la
lucha antiterrorista. Yo, en cambio, me alegro
de que los cuerpos de seguridad del Estado sean eficientes en la misma lucha”.
Pero añadió que el caso del chivatazo “no es una lucha entre la Policía Nacional y
los Mossos, no es una pelea, sino una actuación presuntamente delictiva de
miembros de la Policía Nacional”.
El chivatazo
policial a los yihadistas
Los hechos denunciados
por los Mossos al Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia
Nacional, junto a un informe de fecha 24 de noviembre de 2014, donde se
considera la actuación de los policías nacionales compatible con un
presunto delito de “revelación de secretos” cometidos por funcionarios públicos.
Símbolos de la Fraternidad Yihadista
contenidos en la denuncia de los Mossos.
Según la denuncia, cuatro agentes de la Policía Nacional,
entre ellos un inspector y un inspector jefe, alertaron en noviembre de 2014 a
los miembros de la célula yihadista “Fraternidad Islámica-Grupo para la
predicación del Yihad”, integrado en el movimiento Yihadista Global y afín
ideológicamente al Estado Islámico (DAESH), que estaban siendo investigados
por los Mossos d’Esquadra.
El Ministerio del
Interior, a través de la Dirección General de la Policía –entonces bajo el
control de Ignacio Cosidó– tenía información de que los Mossos investigaban
a un grupo emergente yihadista, que se estaba radicalizando y que
operaba en el entorno de Terrassa.
Todo apunta a
que los agentes del Cuerpo Nacional de Policía decidieron por razones
desconocidas intervenir por su cuenta en la investigación, sin informar a la
policía catalana habilitada en este caso por la Audiencia Nacional, y contactar
directamente con los integrantes de esta célula terrorista en construcción.
Para ello los agentes
de la Policía Nacional se pusieron en contacto con un informador habitual de
Mataró, “al
que facilitaron tres fotografías de los individuos que eran de su
interés, con la
finalidad de que el confidente alertara a los yihadistas que estaban siendo
vigilados por la policía autonómica”.
El confidente habitual
de la Policía Nacional no conocía a
los reseñados de Terrassa y cómo localizarlos, pero sí sabía de alguien que le
podría ayudar en el encargo.
Se trataba de otro
español, hijo y nieto de policías, también cristiano converso al islam como el
confidente, que sí los conocía.
Así, el día 7 de
noviembre de 2014
ambos se presentaron en una tienda situada en el número 196 de la calle Sant
Damià, de Terrassa, donde trabajaba en aquellas fechas uno de los yihadistas
integrantes de la célula terrorista.
En ese momento había varios miembros más
del grupo reunidos en el local, y entre
ellos el agente de los Mossos
infiltrado en el grupo, cuyo papel como agente encubierto fue autorizado por la
Fiscalía y la Audiencia Nacional el 20 de octubre de 2014.
Portada de la Parte I del informe de
los Mossos a la Audiencia.
Ambos informadores de
la policía nacional, siguiendo instrucciones de éstos, entraron y dirigiéndose
al grupo, se presentaron y comenzaron advirtiéndoles que sabían lo que estaban
haciendo y “que
no siguieran por el camino del Yihad, que no era el camino correcto”.
Además, informaron a los miembros de la célula yihadista “que un jefe de policía [nacional] les había dicho que los Mossos estaban
investigando a todos los presentes, y que en unas tres semanas los iban a
detener a todos. También les explicó que
este policía les enseñó diversas fotografías de los investigados, hechas
supuestamente en el curso de vigilancias policiales, para corroborar esta
información”, según señala el informe
de los Mossos.
Tras aquella reunión
de “revelación de secretos a investigados por
terrorismo”ambos colaboradores de la Policía Nacional pasaron a convertirse también en objetivo de los Mossos d’Esquadra.
Los servicios secretos españoles acabaron trabajando con los Mossos
investigando a inspectores de la Policía Nacional
Así el 17 de
noviembre de 2014,
diez días después, los Mossos detectaron a uno de
ellos reunido en un bar con otras dos personas desconocidas, que serían
identificadas más tarde como un inspector y un inspector jefe de la Brigada
Provincial de Información de Barcelona del Cuerpo Nacional de Policía,
según recoge el informe de investigación. Este encuentro fue grabado en
vídeo por la policía catalana en colaboración con agentes del Centro Nacional
de Inteligencia, el CNI. Esto es, agentes de la policía catalana, trabajando junto
a los servicios secretos españoles investigando a inspectores de la Policía
Nacional.
Tras la denuncia
y la citación de los inspectores ante el juez Santiago Pedraz de la
Audiencia Nacional, este finalmente acordó el archivo de la
causa al considerar que no había delito.
No obstante, la Generalitat denunció los hechos ante
la Fiscalía, aportando los testimonios de los mismos
informadores de la Policía Nacional, quienes denunciaron ante la Audiencia haber recibido presiones de
estos mismos policías. Uno
de ellos fue entrevistado por dos periodistas de El Periódico de
Catalunya. que recogieron su testimonio en vídeo manteniendo oculta su
identidad.
Crisis en la lucha
antiterrorista
Sin duda, más allá del
alcance de las consecuencias y actuaciones legales al respecto, este hecho pone
de manifiesto un
claro conflicto en el seno del Gobierno español a la hora de gestionar la lucha
antiterrorista, la relación del
Estado con los cuerpos de seguridad autonómicos y los accesos a la información
sensible.
Mientras, el
exministro Fernández Díaz impedía a los Mossos
acceder a los servicios internacionales de inteligencia y de lucha
antiterrorista e información policial, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya
Sáenz de Santamaría, de quien directamente dependía el CNI, no se opuso a la colaboración de los servicios de inteligencia con los
Mossos d’Esquadra, incluso para investigar a la Policía Nacional.
Ahora, el CNI vuelve a estar bajo el control del Ministerio de Defensa, con la ministra
Cospedal, y el nuevo ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha mantenido el veto a que los Mossos
d’Esquadra se integrasen en los servicios de información policial internacional
hasta que, a raíz del atentado de Barcelona, prometió
que les abriría el acceso a Europol a partir de septiembre.
Joan Cantarero. Público
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