Benvolguts,
Els experts periodistes d’investigació de Público, Carlos
Enrique Bayo i Patricia López han donat un cop que hauria de ser mortal a una
munió de jutges, fiscals i Associacions de jutges, tots ells relacionats amb l’extrema
dreta de Catalunya, lligats al 155,
lligats al Lawfare o guerra judicial (contra Catalunya), etc.
I en sentirem a parlar perquè d’entrada han fet totes les marrulleries que se’ls han acudit, senyal
que sempre fan trampes semblants contra Catalunya. D'aquí se'n dedueix o se'n deduirà que tard o d'hora aquests fiscals i jutges seran imputats i empresonats preventivament fins que es faci el judci i veuran el pa que s'hi dóna.
Aquest és el primer article de la sèrie. Vegem-lo:
EXCLUSIVA | PLAN DE MAGNICIDIO
Tanto el juez Fernando Andreu como la jefatura de la
Fiscalía de la Audiencia Nacional estuvieron al corriente desde el primer momento
de la detención del franquista que tenía un arsenal y planeaba matar a Pedro Sánchez,
pero decidieron no investigar el caso.
Mes y
medio después, cuando 'Público' desveló la noticia en exclusiva, la Audiencia
negó conocerla, pero acabó retractándose 24 horas más tarde porque el
desconocimiento era un escándalo aún mayor que el de haberse inhibido.
El arsenal intervenido por los Mossos
al francotirador franquista que quería matar a Sánchez. MOSSOS D´ESQUADRA
MÁS INFORMACIÓN
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Fiscalía de la Audiencia se retracta y admite ahora que sí conocía el caso
del francotirador
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francotirador trabajó como vigilante de seguridad en Telecomunicaciones durante
el 1-O
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francotirador que quería matar a Sánchez: "Si saca a Franco juro que
me lo cargo"
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Audiencia de Barcelona constató la seriedad del propósito del
francotirador de matar a Sánchez
- Sánchez
pide "serenidad" tras la detención del hombre que quería
asesinarlo
- Vox
se atribuye que una dirigente suya fue quien denunció al francotirador
- El
francotirador que quería matar a Sánchez es hijo del último alcalde
franquista de Rubí
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un tuit o una canción es terrorismo pero el intento de asesinar al
presidente, no
- El
juez de Terrassa investiga por odio y conspiración al detenido por querer
matar a Sánchez
- La
defensa pidió la libertad del francotirador aduciendo el
"contexto" político catalán
- Los
Mossos capturan a un francotirador 'lobo solitario' que quería matar a
Pedro Sánchez
BARCELONA/MADRID
Carlos Enrique Bayo
/ Patricia López
Primero,
pasaron 14 horas, desde que estalló la exclusiva de Público, antes de que la Audiencia
Nacional negase rotundamente haber tenido conocimiento
ninguno de que un vigilante privado franquista, con licencia de armas y larga
práctica de tiro olímpico, había sido detenido mes y medio antes con un arsenal
de armas largas y de guerra tras buscar cómplices para asesinar al presidente
del Gobierno, Pedro Sánchez.
Después, transcurrieron otras 24 horas
desde ese desmentido increíble –pues suponía o bien la más grave
descoordinación de la Fiscalía que se haya conocido en España o
una irresponsabilidad temeraria por parte de los fiscales y jueces implicados
en el caso en Terrassa (Barcelona)– hasta que la propia Audiencia
Nacional se volvió a poner en contacto con el medio al que había comunicado
su desmentido inicial para retractarse de plano:
no
sólo conoció perfectamente el asunto desde el primerísimo momento, sino que incluso
lo debatieron y valoraron tanto los fiscales del alto tribunal como uno de sus
magistrados más veteranos, con 16 años de experiencia en esa instancia judicial.
Y, en esas 24 horas, prácticamente la totalidad de los medios de comunicación,
comentaristas y tertulianos dieron por bueno el falso desmentido de la
Audiencia y pusieron en la
picota a Público, cuya
información incluía literalmente este párrafo:
En cuanto a las diligencias
judiciales, pasaron del Juzgado de Guardia –el 2 de Terrassa, ese día– al de
Instrucción Nº3 porque la Audiencia Nacional rechazó el caso, considerando que no se trataba de una amenaza terrorista,
sino meramente una "proposición de homicidio de autoridad", con
"tenencia ilícita" de un "depósito de armas".
El único error de ese párrafo era que el
juzgado de guardia ese día era el 4, y no el 2. Y la única otra imprecisión en
esa larga exclusiva, con innumerables detalles correctos del caso, era atribuir
63 años de edad al detenido –Manuel Murillo Sánchez–, cuando en realidad cuenta
62 años. Ambos fallos, atribuibles a la
memorización de los hechos por las fuentes empleadas por este diario para desentrañar
un caso que había sido mantenido en absoluto secreto durante 50 días.
La Audiencia Provincial dictamina un
"delito de conspiración para cometer atentado contra el Jefe del Gobierno
español"
No obstante, el fraudulento desmentido de la
Audiencia llevó a la interpretación generalizada de que el hecho no era tan
grave como se pintaba, porque supuestamente ni los Mossos, ni los fiscales
ni el juez se habían siquiera molestado en comunicárselo a ese tribunal, al que
competen todos los actos de terrorismo. Conclusión que se difundió ampliamente sin
que se examinase el auto de la Audiencia Provincial de Barcelona que
confirmó tres días antes la prisión incondicional de Murillo por estar imputado
de "un delito de conspiración para cometer
atentado contra el Jefe del Gobierno español y de un delito de tenencia
ilícita y depósito de armas, municiones y explosivos":
Fragmento del auto de los magistrados
de la Audiencia Provincial de Barcelona que confirmó la prisión sin fianza del francotirador
franquista que quería asesinar a Pedro Sánchez.
En ese auto, los tres magistrados de la
Sección Décima de la Audiencia Provincial de Barcelona constatan, además, que
"no le ha cabido duda al instructor de
la seriedad del propósito del investigado de llevar a efecto el
crimen planeado por el mismo, proponiendo el modo de llevarlo a cabo, el material
con el que cuenta para ello, sus habilidades como tirador, lo certero que
sería para privar de la vida a su objetivo, recabando sólo para asegurar su
propósito información sobre el momento y el lugar en que se
realizaría".
Así que la gravedad del caso era más que
evidente, según al menos cuatro jueces (el instructor y los tres que
suscriben el auto), y por tanto habría sido igualmente muy grave que no se
hubiera informado de ello a la Audiencia Nacional. También la policía autonómica
encargada de las investigaciones policiales, en su rueda de prensa para confirmar
la exclusiva de Público,
constató que el acusado tenía la "clara voluntad" de
atentar contra el presidente, así como el armamento, la experiencia como
tirador y "un claro compromiso y convencimiento" de que podía matar
a Pedro Sánchez.
¿Cómo se podía entender, pues, que los investigadores
policiales, fiscales y judiciales no hubieran alertado, ninguno, a la Audiencia
Nacional? Pues así lo asumieron todos los periodistas y observadores, salvo los
autores de la exclusiva, cuyas fuentes seguían insistiendo en que todo eso se
presentó al alto tribunal pero rechazó el caso.
Las protestas de ignorancia de la Audiencia
causaron estupefacción entre letrados, fiscales, juristas y magistrados
En esas 24 horas, letrados, fiscales,
juristas y magistrados nos expresaron unánimemente su incredulidad y desconcierto
frente a las protestas de ignorancia de la Audiencia. Así como su sorpresa de
que se pretendiera demostrar ese desconocimiento por la ausencia de
diligencias o comunicaciones por escrito desde Terrassa a Madrid, ya que en esos
casos las consultas son siempre telefónicas para acelerar la toma de
decisiones sobre diligencias urgentes.
"Cuando eso lo hacemos los jueces, también
lo hacemos por teléfono", nos explicaba un veterano magistrado.
"Porque, además, si tienes a un preso es un lío, ya que hay decidir
de inmediato si se le envía a un centro penitenciario local o a otro en Madrid.
Lo normal es que se pida al juez de guardia allí que consulte con los suyos, si
me van a aceptar el caso y cómo lo ven".
"Y las consultas son telefónicas entre
fiscales incluso para cosas más leves. Pero cuando ves que puede afectar a toda
España, por ejemplo estafas que pueden ser cosa de la [Audiencia] Nacional…
Entonces, efectivamente, antes de tomar una decisión evidentemente sí que
necesitas esa opinión".
Lo normal es que
sea Fiscalía la que se haga cargo de la comunicación, agrega un letrado,
"porque sí que es verdad que tienen una unidad y una jerarquía que les obliga
a coordinar. Pero, vamos, aunque sólo sea para
informarse mutuamente… Y en un caso así es imposible que eso no lleve un
“visto” de alguien superior a la fiscal jefe de Terrassa".
Pero ese "visto bueno" no se da por
escrito, porque la necesaria celeridad obliga a prescindir de los trámites
formales y "sólo se me ocurre que se presentase la consulta por
escrito en el caso de que un fiscal tuviera problemas con su jefe y quisiera
guardarse las espaldas", subraya un fiscal bregado en casos complejos.
"Formalmente, no tenemos una obligación
de consultar... pero, vamos a ver: Tú, en un caso tan excepcional por supuesto
que necesitas de entrada el visto bueno de tu jefe. Y le dices: ‘Tengo esto,
voy a pedir prisión’… ¡Por supuesto! Y le preguntas: ¿qué más hacemos?...
Incluso ‘¿qué nivel de información damos?'… Y eso ya pone en danza a portavoces
y a jefes. Es poco creíble que el fiscal que está de guardia en ¡Terrassa!...
Es que no es sólo por precaución, sino también por lealtad institucional. ¿Tú
te imaginas que la Fiscal General del Estado, o sin más sus jefes directos, se enteren
por la prensa de que hemos tenido un intento de asesinato del presidente?...
¡¡¡y con armas de guerra!!!"
La "unidad de acción" prioritaria en
la Fiscalía obliga a consultas continuas para asegurar la coordinación
Fuentes de la Fiscalía General del Estado,
reconocieron a este diario que en esa institución es fundamental "la
unidad de acción", por lo que cualquier duda que tenga un fiscal sobre
a qué órgano corresponde la competencia de un caso concreto la plantea de
inmediato a sus superiores jerárquicos, al Consejo Fiscal correspondiente
o a la Fiscalía Técnica. En
cualquier caso la coordinación entre todos los escalafones de la Fiscalía es
prioritaria.
Así que todo fiscal tiene el deber jerárquico
de informar a sus superiores de cualquier caso relevante, por lealtad institucional,
y no cabe duda de que al fiscal que le tocó el del francotirador franquista
dispuesto a cometer una magnicidio nunca le había caído entre sus manos un caso
tan relevante.
"Llevo 20
años haciendo guardias con diversos fiscales", cuenta un juez de
provincias, y no me imagino ni a uno que, teniendo semejante caso, no
telefonee de inmediato a su jefe y le diga: “Espero órdenes”.
Porque esto no es ninguna tontería. Es tan
sumamente excepcional que son ellos, los jefes, los que tienen que plantear esa
competencia o no. Porque, salvando las distancias, es el mismo conflicto que el
de la competencia de la [Audiencia] Nacional en el delito de rebelión, ya
que es el tribunal competente ante amenazas a los altos organismos de la nación.
Y ¿cómo se va a excluir de ello a la Presidencia del Consejo de Ministros?"
Entre
todos los juristas consultados, el veredicto es unánime: en un caso de
conspiración para atentar contra una autoridad que es, ni más ni menos, el
presidente del Gobierno, no puede caber duda a ninguna autoridad judicial de
que es competencia de la Audiencia Nacional.
Más todavía, apunta otra magistrada, "están deteniendo por la presunta intención de “subvertir
el orden constitucional” a gente que en realidad no lo pueden subvertir de ninguna
manera. En cambio, éste quería matar a Pedro Sánchez porque iba a
sacar a Franco del Valle de los Caídos.
Y eso
sí que es subvertir el orden constitucional: pretender volver al franquismo o
al enaltecimiento de la dictadura".
Así que esas 24 horas de falsas protestas de ignorancia
sembraron la estupefacción entre abogados, jueces y fiscales. Más todavía cuando la
Fiscalía de la Audiencia Nacional afirmó que no había elaborado
informe alguno sobre el francotirador supuestamente porque ni los Mossos ni
el juez le dieron traslado del procedimiento para que informase al respecto, pero
que una vez conociendo el asunto "evita por el momento
pronunciarse sobre la naturaleza de los hechos sin perjuicio de que lo pueda
hacer en un futuro".
La realidad
era todo lo contrario de la versión inicial que difundió la Audiencia Nacional
Ahora bien, cuando la Audiencia Nacional pasó
de fingir desconocimiento a admitir todo lo contrario, el shock fue sísmico:
No sólo fueron puntualmente informados tanto el tribunal
como la Fiscalía, sino que el magistrado Fernando Andreu debatió el tema
con el juez de guardia en Terrassa y los dos quedaron en que era la
Fiscalía quien tenía quien resolver el caso, así que se lo pasaron para que
decidiera a la institución que mes y medio más tarde aseveraba no haber sabido
nunca nada del asunto.
La verdad, pues, fue que los fiscales de
guardia que estaban en Terrasa y los que estaban en la Audiencia Nacional
mantuvieron varias comunicaciones y que después de consultar con la jefatura
de la Fiscalía de la Audiencia Nacional decidieron que el caso no era de su competencia y
que por lo tanto la Audiencia Nacional no era competente para indagar los
hechos.
Ergo, habían estado mintiendo a la ciudadanía durante 24 horas. Evidentemente,
a sabiendas.
Además, para quitarse de encima toda responsabilidad, el
tribunal subrayó que "en cualquier caso era potestad del juez de
Terrassa decidir si consideraba el caso como terrorismo y en ningún momento se inhibió
para el caso fuese asumido por la Audiencia Nacional".
Esto último ya roza el ridículo. Que
un juez de instrucción de provincias sea el que tiene la última palabra, cuando
debate con un veterano magistrado de la Audiencia Nacional, sobre quién es competente para
instruir una amenaza de magnicidio –que además es extraterritorial, puesto que
el complot se efectúa en Catalunya pero el blanco está en Madrid– es más que
absurdo. Es un despropósito.
"Eso no es así ni en sueños",
afirma el magistrado más veterano de los consultados.
"Ahí hay una relación patrón-marinero. Aunque formalmente el juez de
Terrassa es independiente, es el de la Audiencia el que le argumenta que no es
terrorismo y él, convencido o no, se lo queda".
Ahora bien, ¿por qué tanto empeño en no
asumir el primer caso serio de lobo solitario que hemos padecido en España?
¿Por qué negaron haber tenido conocimiento de los hechos, como avergonzados de
haber rechazado el asunto?
Y
¿por qué se insiste en que un ultrafranquista, tirador entrenado y
equipado con armas de guerra, no es terrorista aunque esté planeando asesinar
al presidente del Gobierno?
La
Audiencia Nacional tiene muchas cosas que explicar a la ciudadanía.
Carlos Enrique Bayo / Patricia López
Joan A. Forès
Reflexions
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