Benvolguts,
Fa un any remenant pel Google vaig trobar aquesta joia de documentació sobre la relació entre l'Església catòlica (el Vaticà) i l'Estat espanyol. El document fou publicat pel diari Público.
Preàmbul
"Desde la Transición lo que han hecho los diferentes
partidos que en el Gobierno ha sido dotar a la Iglesia de cada vez más
privilegios esperando una rentabilidad en apoyo político". El artículo
16.3 de la constitución establece la aconfesionalidad del Estado, estipulando
que ninguna religión podrá tener carácter estatal. Sin embargo, el artículo 61
del texto contradice directamente este precepto, al establecer que el debe
jurar su cargo. No se contempla la fórmula de la promesa, y tampoco para el
príncipe heredero o los regentes del reino."El hecho de que el Jefe del
Estado esté obligado a prestar juramento puede parecer un tema menor. No lo es
en absoluto", asegura Luis Villameriel, ex secretario general técnico del
Ministerio de Justicia: "El hecho de que constitucionalmente esté obligado
a manifestar públicamente que posee creencias religiosas significa que la
Corona sigue vinculada a la religión, lo cual es incompatible con la
aconfesionalidad del Estado". La Iglesia católica recibe directamente 250
millones de euros al año, tal y como reconoce la propia Conferencia Episcopal
en su memoria de actividades, gracias a la donación que el Estado le facilita
vía declaración de la renta. Esta cifra duplica el coste para las arcas
públicas del sistema de partidos, sextuplica los recursos que reciben los
agentes sociales y supera la cuantía de partidas estratégicas como el espionaje
o las ayudas a sectores en crisis. En 1979 la Iglesia se comprometió a lograr
financiarse por sí misma en 7 años. Nunca lo cumplió. La situación es una
herencia del concordato firmado por el dictador Francisco Franco y la Santa
Sede en 1953, reformado en 1979 para adaptarlo a la
"aconfesionalidad" del Estado. Gracias a esos acuerdos con el Vaticano,
la Iglesia está exenta de pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de todo
edificio o suelo destinado al culto.Solo gracias a la exención del IBI, los
cálculos de esta organización estiman que la jerarquía católica deja de pagar
al Estado 700 millones de euros al año. En total, Europa Laica cifra el
trasvase en unos 11.000 millones de euros al año. 1,4 millones de alumnos
estudian en centros católicos, un 32% del total. España está 22 puntos
por encima de la media europea. "Lo que se conoce como colegios
concertados son en realidad centros privados sostenidos con fondos
públicos". "La religión no debe distorsionar el horario escolar, ni
la organización del centro, ni el rendimiento académico de los alumnos".
En la formación universitaria, cabe destacar la presencia de capillas y
capellanes pagados con dinero público en la inmensa mayoría de centros. Además,
las Universidades privadas propiedad de congregaciones religiosas –como el CEU
San Pablo (Asociación de Propagandistas), la Universidad de Navarra (Opus Dei),
Deusto (jesuitas) o las pontificias de Comillas y Salamanca– reciben también
subvenciones y ayudas de ayuntamientos y Comunidades Autónomas. El peso de la
educación católica en la escuela pública fue una de las principales
motivaciones de la Marea Verde y la huelga educativa convocada el pasado jueves
8 de marzo.
El títol del treball i els títols dels apartats ja són significatius:
- Una
Iglesia incrustada en el Estado
- Monarquía
- Casilla
de la renta
- Fiscalidad
- Educación
- Sanidad
y servicios sociales
- Policía
y Ejército
En anar llegint copsarem el real significat del terme incrustada!
Una Iglesia incrustada en el Estado
La Constitución asegura la "aconfesionalidad" del Estado, condición que se contradice en su propio texto al obligar al rey a jurar su cargo, así como en numerosos aspectos de la práctica política donde la Iglesia católica goza de privilegios
La Virgen de la Dolorosa, en procesión frente al
Congreso de los Diputados. EFE
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Carlos del Castillo
El que en breves instantes será ministro de Justicia de
España, Rafael Catalá, posa la siniestra sobre una biblia. La
diestra, sobre un ejemplar de la Constitución de 1978. Entre los
dos textos un crucifijo que guarda el acto, nexo de unión
entre ellos, elemento central de la composición.
Corre el 29 de septiembre de 2014 y
Catalá se convierte en el primer ministro en jurar
su cargo ante el nuevo rey Felipe VI. Su padre, Juan Carlos de Borbón,
fue criticado durante años por la presencia del crucifijo tanto en la jura como
en la promesa del cargo de los nuevos presidentes y ministros del Gobierno.
La Casa Real, encargada de organizar este acto protocolario,
siempre lo mantuvo.
También lo hizo Felipe VI en su primera
jura. No obstante, tomó nota al recibir la misma crítica: atento en su misión
de "renovar" la Corona, en los siguientes actos el
crucifijo fue desplazado a la derecha de la escena y situado por detrás de
la biblia. Pero no se eliminó: tanto tanto
María Dolores de Cospedal como Soraya Sáenz de Santamaría, las únicas
que prometieron su cargo en el nuevo Ejecutivo de Mariano Rajoy, lo tuvieron
presente. Un detalle, una muestra de la dificultad de la democracia
española para independizarse de la supervisión de la Iglesia católica.
"Que el rey esté obligado a prestar juramento puede
parecer un tema menor. No lo es en absoluto", asegura un ex secretario
general técnico del Ministerio de Justicia
"El crucifijo pertenece a la historia y a la
cultura de España", solía repetir cuando se le preguntaba sobre la
cuestión Antonio María Rouco Varela, arzobispo del Madrid entre 1994 y
2014 y presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) cuatro
legislaturas.
Para otros observadores, como el teólogo Juan José
Tamayo, la omnipresencia de este elemento religioso es un
ejemplo de que "la democracia española es rehén de la jerarquía
católica".
Tamayo, director de la cátedra de Teología y Ciencias de
las Religiones en la Universidad Carlos III, denuncia que "desde la Transición lo que han
hecho los diferentes partidos que en el Gobierno ha sido dotar a la Iglesia de
cada vez más privilegios esperando una rentabilidad en apoyo político".
Estos privilegios, símbolo de que la Iglesia católica sigue
incrustada en el Estado, se dejan notar en varias áreas, empezando
por la propia Monarquía.
Monarquía
El artículo 16.3 de la constitución establece la
aconfesionalidad del Estado, estipulando que ninguna religión podrá tener
carácter estatal. Sin embargo, el artículo
61 del texto contradice directamente este precepto, al establecer que el
debe jurar su cargo. No se contempla la fórmula de la promesa, y tampoco para
el príncipe heredero o los regentes del reino.
"El hecho de que el Jefe del Estado esté obligado
a prestar juramento puede parecer un tema menor. No lo es en absoluto",
asegura Luis Villameriel, ex secretario general técnico del Ministerio de
Justicia: "El hecho de que constitucionalmente esté obligado a
manifestar públicamente que posee creencias religiosas significa que la Corona
sigue vinculada a la religión, lo cual es incompatible con la aconfesionalidad
del Estado".
Casilla de la renta
La Iglesia católica recibe directamente 250 millones
de euros al año, tal y como reconoce la propia Conferencia Episcopal en su
memoria de actividades, gracias a la donación que el Estado
le facilita vía declaración de la renta. Esta cifra
duplica el coste para las arcas públicas del sistema de partidos, sextuplica
los recursos que reciben los agentes sociales y supera la cuantía de partidas
estratégicas como el espionaje o las ayudas a sectores en crisis.
En 1979 la Iglesia se comprometió a
lograr financiarse por sí misma en 7 años.
Nunca lo cumplió
La situación es una herencia del concordato firmado
por el dictador Francisco Franco y la Santa Sede en 1953, reformado en 1979
para adaptarlo a la "aconfesionalidad" del Estado.
En el nuevo acuerdo, el Estado se
comprometía a financiar a la Iglesia hasta 1986, y esta, a "lograr
por sí misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades",
lo que nunca cumplió. El Gobierno de Zapatero aumentó un 35% la
asignación, que pasó del 0,52% al 0,7%.
Fiscalidad
Sin embargo, el beneficio económico que la
Iglesia católica saca del Estado va mucho más allá. Gracias a esos
acuerdos con el Vaticano, la Iglesia está exenta de pagar el Impuesto de Bienes
Inmuebles (IBI) de todo edificio o suelo destinado al culto. Según
denuncia Europa Laica, "la realidad es que la Iglesia
católica no paga de ninguno de sus bienes, aunque sean suculentos negocios,
alquileres..."
Solo gracias a la exención del IBI, los
cálculos de esta organización estiman que la jerarquía católica deja de pagar
al Estado 700 millones de euros al año. En total, Europa
Laica cifra el trasvase en unos 11.000 millones de euros al
año.
Educación
Más de 1.400.000 alumnos acuden a uno de
los 2.600 centros de enseñanza de ideario católico, un 32% del
total. España supera
en 22 puntos la media europea en este sentido, donde el 90% de
los estudiantes acuden a colegios e institutos públicos. A su vez hay
más de 25.000 profesores imparten clase de religión católica a 3,5
millones de estudiantes, una asignatura evaluable y cuya nota cuenta para las
ayudas y premios basados en el rendimiento académico.
1,4 millones de alumnos estudian en centros
católicos, un 32% del total. España está 22 puntos por encima de la media
europea
El peso de la educación católica en la escuela pública
fue una de las principales motivaciones de la Marea
Verde y la huelga educativa convocada el pasado jueves 8 de marzo.
"Lo que se conoce como colegios concertados son en
realidad centros privados sostenidos con fondos públicos",
denuncia Agustín Moreno, portavoz de la Plataforma Estatal por la
Escuela Pública.
"La educación pública debe ser laica, que
respete todas las creencias pero que no dote de ningún privilegio a ninguna de
ellas", continúa Moreno, profesor en un instituto público
de Vallecas (Madrid): "La religión no
debe distorsionar el horario escolar, ni la organización del centro,
ni el rendimiento académico de los alumnos".
En la formación universitaria, cabe destacar la
presencia de capillas y capellanes pagados con dinero público en la inmensa
mayoría de centros. Además, las Universidades privadas
propiedad de congregaciones religiosas –como el CEU San Pablo (Asociación
de Propagandistas), la Universidad de Navarra (Opus Dei),
Deusto (jesuitas)
o las pontificias de Comillas y Salamanca– reciben también subvenciones y
ayudas de ayuntamientos y Comunidades Autónomas.
Sanidad y servicios sociales
"Para analizar lo que pasa en Sanidad es
importante tener en cuenta lo que pasa en el mundo de la Educación”, avanza
Carmen Esbrí, de la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de
Madrid-Marea Blanca, denunciando que las congregaciones religiosas
también han ido ocupando nuevos espacios de los que antes se
encargaba el Estado en Sanidad y servicios sociales.
El incremento llega al 15% en el área
asistencial, según la memoria
de la CEE en el último año analizado (2014). Ese año fueron
atendidas 4,7 millones de personas en alguno de los 9.000 centros
de la Iglesia. 1,2 millones de ellas en alguna de las 961 instituciones
sanitarias de su propiedad, de las que 68 son complejos
hospitalarios. Sin embargo, el mayor negocio lo encuentra
la Iglesia en las casas para ancianos, enfermos
crónicos o personas con discapacidad, donde cuenta con 841 centros.
Cabe recordar que todos ellos son centros privados que
reciben subvenciones y ayudas públicas por realizar estas labores. Para
Carmen Esbrí, esto supone una "dejación de funciones por parte de los
gobiernos que han controlado España en los últimos tiempos, que han olvidado
que este es un país aconfesional y han permitido y aprovechado la intromisión
de una determinada religión que no tiene por qué estar involucrada de esta
manera en el espacio público".
Policía y Ejército
En lo que va de siglo, el Ministerio del
Interior ha concedido cinco
medallas policiales a vírgenes y cristos, en todos los casos bajo gobiernos del
PP. En 2015 la condecorada fue la imagen de la Amargura
de Granada, antes fueron las de María Santísima del Amor de Málaga
(2014), la del Amor y la Soledad de Fuengirola (2001), el Cristo Caído de
Valdepeñas (2001) y la virgen de Lledó (2000).
El Ministerio de Defensa tiene integrado en su
organigrama oficial un arzobispado castrense
Aunque el elemento de Seguridad del Estado donde
más patente es la presencia de la Iglesia es el Ejército. La Carta
Magna se autoafirma como "aconfesional", pero
las Fuerzas Armadas, a las que encarga "garantizar la
soberanía e independencia de España, su integridad territorial y
el ordenamiento constitucional", no lo son en
absoluto.
El Arzobispado Castrense, integrado en el organigrama
oficial del Ministerio de Defensa.
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El Ministerio de Defensa tiene directamente integrado
en su organigrama oficial un arzobispado castrense. El arzobispo no tiene
formación militar, pese a lo cual se le otorga el rango de general de división
(general de dos estrellas) cuando accede al cargo, jerarquía que los soldados
deben respetar como si se tratara de un militar de carrera. Los
sacerdotes castrenses a servicio del arzobispo no tienen obligaciones de
servicio, pese a lo cual ascienden de rango como si las tuvieran.
Pero eso no es todo, puesto que hay numerosos puntos
donde la liturgia católica se hace una con la milicia. Cada
Ejército (Tierra, Aire, Armada) tiene una patrona, y a cada una se la honra con
una fiesta oficial que sirve a su vez para conmemorar a toda la
fuerza.
Carlos del Castillo
Joan A. Forès
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