Lo que pudo
ser. Ucronia...
Pongamos a trabajar nuestras imaginaciones.
Año 2012. Tras un intenso debate en
la opinión pública, con fogosas intervenciones en el Parlamento, gran alarde de
tertulianos en las televisiones y una intensa revisión de los postulados
esenciales de los pincipales partidos españoles, especialmente los dos
dinásticos, queda aprobada una Ley
Orgánica de Ejercicio del Derecho de Autodeterminación de los Pueblos de España.
Fue necesario consultar a ristras de expertos sobre la naturaleza de ese
derecho que muchos negaban de raíz y otros afirmaban sin vacilación alguna. La
ley regula el ejercicio del citado derecho, las circunstancias en que
puede reclamarse, la naturaleza jurídica de las colectividades que lo hagan, el
alcance y la finalidad de la iniciativa, así como unas disposiciones acerca de
cada cuánto tiempo cabe ejercitarlo.
Año 2013. El Congreso de los
Diputados decide que ha lugar a una reforma en profundidad de la Constitución
de 1978, vista la cantidad de propuestas de revisión que se presentan. Tras un
periodo de debate sobre la necesidad de racionalizarlas para establecer órdenes
de prioridades y garantizar la gobernanza del Reino pero sin obstaculizar el
habitual trabajo del Parlamento, este decide constituir una Convención
especial ad hoc. El trabajo
de esta entidad, en la que tendrán representación todas las fuerzas políticas
del arco español será clasificar las propuestas de enmienda, y establecer algún
tipo de orden entre ellas y, sobre todo, dar prioridad a las cuestiones
relativas a la organización territorial del Estado la cuestión litigiosa
por excelencia . La convención está encargada de debatir y proponer
finalmente varios proyectos de distribución territorial del poder en España,
que van desde un retorno al centralismo tradicional español hasta la propuesta
de independencia sin más a los efectos de que la población pueda elegir con
conocimiento de causa.
Año 2014. Luego de otro largo y
agitado proceso de debate acerca de cómo convertir en realidad práctica ese
principio de autodeterminación, las Cortes aprueban una llamada Ley de claridad, a imagen y semejanza
de la promulgada en el Canadá con motivo de dos referéndums de
autodeterminación en la provincia de Quebec. La ley, aprobada por consenso de
todos los grupos parlamentarios, especialmente los soberanistas catalanes,
regula el ejercicio práctico de ese derecho, el tipo o los tipos de consulta
que se celebrarán y las mayorías necesarias a la hora de tomar según qué
decisiones.
Año 2015. Queda fijado un referéndum
de autodeterminación para el 27 de septiembre. En él, la pregunta a la
ciudadanía catalana será si quiere que Cataluña se constituya en Estado
independiente de España y plenamente soberano o se rechaza la independencia y
se prefiere dar un voto de confianza para que la Convención proponga alguna
solución con el apoyo de la mayoría. Dicha propuesta habrá de ser sometida
después a referéndum en aquellas partes del Estado que, estando directamente
afectadas por ella, así lo soliciten. En el supuesto de que el resultado
del referéndum sea la independencia frente a España, está acatará la voluntad
popular y tomará las medidas pertinentes para establecer relaciones de
colaboración y apoyo mutuo con el nuevo Estado europeo.
¿Ven qué fácil hubiera podido ser de haber
prevalecido un espíritu tolerante, democrático, abierto al reconocimiento de
todos los derechos de los pueblos y no la habitual cerrazón española a ningún
tipo de negociación y la voluntad de imponer sus criterios a la fuerza? El
resultado, fuere el que fuere, habría sido mutuamente beneficioso y ahora no
sería necesario contener el aliento para averiguar qué consecuencias pueda
tener la política del chicken
run o "juego del gallina" que ha planteado el gobierno
español con intención de amedrentar a la Generalitat y obligarla a
desistir de sus propósitos sin conseguirlo, haciendo de paso un ridículo épico.
Joan A. Forès
Reflexions
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