El dogma
Antoni Puigverd en La Vanguardia
OPINIÓN
Cuando tú bloqueas una tubería, no digas que el reventón es culpa del agua
Ramón Rodríguez Arribas, el exvicepresidente del Tribunal Constitucional que comparó la intención “plebiscitaria” de las elecciones catalanas con un golpe de Estado, no es un tipo extravagante. Es un juez de prestigio internacional, un jurista impecable. La primera vez que reparé en él fue en el 2010 leyendo su voto particular a la sentencia de TC que recortaba el Estatut. Recordarán la sequedad del primer punto de la sentencia, que, lisa y llanamente, dice: “Carecen de eficacia jurídica interpretativa las referencias del preámbulo del Estatuto de Cataluña a ‘Cataluña como nación’ y a ‘la realidad nacional de Cataluña’”. Los parlamentarios catalanes redactores del Estatut (y sus colegas del Congreso de Madrid, que lo habían aprobado por mayoría absoluta) habían introducido en el proemio del Estatut el concepto nación catalana en términos genéricos, abiertos, nada excluyentes, para asociarlo jurídicamente a la palabra nacionalidad que aparece en el artículo segundo de la Constitución (“La Constitución (…) reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran”). El objetivo de los redactores del Estatut era rellenar un lapsus constitucional. Los padres de la Constitución concibieron el término nacionalidad para dar cabida a la excepcionalidad de País Vasco, Catalunya y Galicia, pero los nombres de las nacionalidades finalmente no constaron, lo que permitió el café para todos. El Estatut quería corregir esto. Como sabemos, no lo consiguió.
Pues bien, a Rodríguez Arribas no le bastó con el primer apartado del fallo y emitió un voto particular en el que lamentaba que, habiéndose eliminado del Estatut la validez jurídica del término nación, no se hubiera eliminado también la referencia a los derechos históricos. “Si se aceptara que existen derechos anteriores a la Constitución (…) se estaría sugiriendo la nulidad absoluta de la propia Constitución, ya que (…) todos los derechos, incluidos los que ampara para determinados territorios, nacen con la Constitución misma”. Antes de la Constitución, la nada. Este es el núcleo del problema que nos ha conducido hasta aquí. Tal visión esférica y cerrada de la ley no permite salida alguna a la diferencia catalana. “Modifiquen la Constitución”, sugiere. Pero todo el mundo sabe, y él el primero, que, por mera razón demográfica, los catalanes nunca lo conseguirán, aunque votaran todos a una.
El discurso de este jurista es el de la élite funcionarial española. Y es el del PP y de un parte del PSOE. Este es el corazón del problema. Ningún artículo de la prensa de Madrid lo tiene presente estos días. La explicación es únicamente esta: “El problema lo ha creado Artur Mas”. Se puede ser muy crítico con Mas (basta con repasar mis artículos), pero cuando tú bloqueas por completo la salida de agua de una tubería, no digas que el reventón producido es culpa del agua.
Cuando tú bloqueas una tubería, no digas que el reventón es culpa del agua
Ramón Rodríguez Arribas, el exvicepresidente del Tribunal Constitucional que comparó la intención “plebiscitaria” de las elecciones catalanas con un golpe de Estado, no es un tipo extravagante. Es un juez de prestigio internacional, un jurista impecable. La primera vez que reparé en él fue en el 2010 leyendo su voto particular a la sentencia de TC que recortaba el Estatut. Recordarán la sequedad del primer punto de la sentencia, que, lisa y llanamente, dice: “Carecen de eficacia jurídica interpretativa las referencias del preámbulo del Estatuto de Cataluña a ‘Cataluña como nación’ y a ‘la realidad nacional de Cataluña’”. Los parlamentarios catalanes redactores del Estatut (y sus colegas del Congreso de Madrid, que lo habían aprobado por mayoría absoluta) habían introducido en el proemio del Estatut el concepto nación catalana en términos genéricos, abiertos, nada excluyentes, para asociarlo jurídicamente a la palabra nacionalidad que aparece en el artículo segundo de la Constitución (“La Constitución (…) reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran”). El objetivo de los redactores del Estatut era rellenar un lapsus constitucional. Los padres de la Constitución concibieron el término nacionalidad para dar cabida a la excepcionalidad de País Vasco, Catalunya y Galicia, pero los nombres de las nacionalidades finalmente no constaron, lo que permitió el café para todos. El Estatut quería corregir esto. Como sabemos, no lo consiguió.
Pues bien, a Rodríguez Arribas no le bastó con el primer apartado del fallo y emitió un voto particular en el que lamentaba que, habiéndose eliminado del Estatut la validez jurídica del término nación, no se hubiera eliminado también la referencia a los derechos históricos. “Si se aceptara que existen derechos anteriores a la Constitución (…) se estaría sugiriendo la nulidad absoluta de la propia Constitución, ya que (…) todos los derechos, incluidos los que ampara para determinados territorios, nacen con la Constitución misma”. Antes de la Constitución, la nada. Este es el núcleo del problema que nos ha conducido hasta aquí. Tal visión esférica y cerrada de la ley no permite salida alguna a la diferencia catalana. “Modifiquen la Constitución”, sugiere. Pero todo el mundo sabe, y él el primero, que, por mera razón demográfica, los catalanes nunca lo conseguirán, aunque votaran todos a una.
El discurso de este jurista es el de la élite funcionarial española. Y es el del PP y de un parte del PSOE. Este es el corazón del problema. Ningún artículo de la prensa de Madrid lo tiene presente estos días. La explicación es únicamente esta: “El problema lo ha creado Artur Mas”. Se puede ser muy crítico con Mas (basta con repasar mis artículos), pero cuando tú bloqueas por completo la salida de agua de una tubería, no digas que el reventón producido es culpa del agua.
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