Benvolguts,
Cataluña, gato por liebre, de Martín Ortega Carcelén en El País
TRIBUNA
La independencia viola la noción europea de derecho, la Constitución y el propio Estatut
La coalición electoral Juntos por el Sí, creada para las elecciones catalanas de septiembre, tiene dos propósitos. Para Artur Mas, acudir a esa cita con fuerzas políticas heterogéneas es la forma de evitar un posible descalabro electoral. En 2012, Mas cosechó el peor resultado de la historia para Convergència i Unió. La ruptura de la alianza histórica con Unió ha agravado el problema para Mas. Del mismo modo que Unió albergaba una minoría rupturista, en Convergència hay un sector que desea evitar caminos peligrosos, y que podría virar hacia el seny catalàque ahora representa Duran i Lleida.
El segundo propósito de la coalición soberanista es aprovechar la ventaja técnica que concede la Ley d’Hont a las listas más votadas. Sumando la representación parlamentaria conseguida por la coalición de Convergència y Esquerra, así como la de otros partidos que respaldan el proyecto, se llegará a una mayoría absoluta en el Parlamento catalán, que permitiría realizar una declaración unilateral de independencia.
Este plan equivale a dar gato por liebre (garsa per perdiu). Querer declarar unilateralmente la independencia desde una mayoría parlamentaria es una maniobra para eludir los criterios internacionales que exigen alcanzar un respaldo suficiente en procesos democráticos con los términos del debate bien establecidos. El dictamen del Alto Tribunal de Canadá sobre la secesión de Quebec fijó una pauta razonable para aceptar la separación: debe verificarse una mayoría clara ante una pregunta explícita y suficientemente debatida. Las próximas elecciones catalanas, por mucho que se califiquen de plebiscitarias, no suponen una pregunta clara en este sentido. La consulta de noviembre pasado tampoco fue realizada con garantías en cuanto a las opciones ni en cuanto a los posibles participantes, al no permitir opinar a los catalanes que vivían en el resto de España.
Una posible mayoría absoluta en el Parlamento catalán convertida en asamblea constituyente sería un símbolo perfecto del pensamiento único que cultivan los que apoyan la independencia unilateral. La idea viola la noción de Estado de derecho defendida por el Tratado de la Unión Europea, la Constitución española y también el propio Estatut. Como ha recordado recientemente Xavier Vidal-Folch, se requiere una mayoría de dos tercios para reformar el Estatut, que representa la legalidad catalana. A no ser que esa legalidad sea como la de Juan Palomo, que en el rico refranero catalán podría decirse: cadascú s’entén, com aquell que balla tot sol.
Desde un punto de vista comparado, el giro unilateral que Artur Mas, Oriol Junqueras y sus socios quieren imprimir al conflicto político supone una deriva peligrosa. La experiencia internacional demuestra que hay una enorme diferencia entre los procesos independentistas que se hacen con el acuerdo de todas las partes, y aquellos en los que hay ruptura. Los soberanistas ponen como modelo a Escocia y Montenegro, pero no están dispuestos a seguir esos ejemplos. La clave en estos dos casos fue que el Estado aceptó realizar un referéndum con todas las consecuencias.
Los partidarios de la declaración unilateral prescinden del Estado y de cualquier marco jurídico, y esta actitud arrojaría el caso catalán a otra categoría: la que plantea un conflicto abierto de consecuencias imprevisibles. Nos vamos de Escocia a Kosovo. En Cataluña existen algunos partidarios de la ruptura de la legalidad, espíritus románticos que aceptan el ‘cuanto peor, mejor’. Es comprensible que haya posturas inconscientes de este tipo, pero es más difícil entender que votantes tradicionales de Convergència quieran apartarse de la política como práctica de diálogo para buscar soluciones, y se vean secuestrados por planteamientos que parecían superados en Europa.
La personalidad única de Cataluña y su fuerza específica merecen un justo reconocimiento. Pueden explorarse multitud de vías pactadas, sin falsas urgencias y sin imperativos categóricos de ningún lado. Los esquemas federales, la referencia de la Constitución a los fueros y la práctica de los conciertos económicos ofrecen muchas soluciones. En esta búsqueda de consenso, no solo debe respetarse a Cataluña sino también a España, y desterrar los mensajes que incitan al odio. Los separatistas olvidan que, desde el advenimiento de la democracia en España, hemos sabido construir un Estado democrático, plural y pujante en la escena internacional. Quienes conocen el pasado saben que este es un valor inmenso que debemos preservar.
Martín Ortega Carcelén es profesor de Derecho Internacional en la Universidad Complutense.
La independencia viola la noción europea de derecho, la Constitución y el propio Estatut
La coalición electoral Juntos por el Sí, creada para las elecciones catalanas de septiembre, tiene dos propósitos. Para Artur Mas, acudir a esa cita con fuerzas políticas heterogéneas es la forma de evitar un posible descalabro electoral. En 2012, Mas cosechó el peor resultado de la historia para Convergència i Unió. La ruptura de la alianza histórica con Unió ha agravado el problema para Mas. Del mismo modo que Unió albergaba una minoría rupturista, en Convergència hay un sector que desea evitar caminos peligrosos, y que podría virar hacia el seny catalàque ahora representa Duran i Lleida.
El segundo propósito de la coalición soberanista es aprovechar la ventaja técnica que concede la Ley d’Hont a las listas más votadas. Sumando la representación parlamentaria conseguida por la coalición de Convergència y Esquerra, así como la de otros partidos que respaldan el proyecto, se llegará a una mayoría absoluta en el Parlamento catalán, que permitiría realizar una declaración unilateral de independencia.
Este plan equivale a dar gato por liebre (garsa per perdiu). Querer declarar unilateralmente la independencia desde una mayoría parlamentaria es una maniobra para eludir los criterios internacionales que exigen alcanzar un respaldo suficiente en procesos democráticos con los términos del debate bien establecidos. El dictamen del Alto Tribunal de Canadá sobre la secesión de Quebec fijó una pauta razonable para aceptar la separación: debe verificarse una mayoría clara ante una pregunta explícita y suficientemente debatida. Las próximas elecciones catalanas, por mucho que se califiquen de plebiscitarias, no suponen una pregunta clara en este sentido. La consulta de noviembre pasado tampoco fue realizada con garantías en cuanto a las opciones ni en cuanto a los posibles participantes, al no permitir opinar a los catalanes que vivían en el resto de España.
Una posible mayoría absoluta en el Parlamento catalán convertida en asamblea constituyente sería un símbolo perfecto del pensamiento único que cultivan los que apoyan la independencia unilateral. La idea viola la noción de Estado de derecho defendida por el Tratado de la Unión Europea, la Constitución española y también el propio Estatut. Como ha recordado recientemente Xavier Vidal-Folch, se requiere una mayoría de dos tercios para reformar el Estatut, que representa la legalidad catalana. A no ser que esa legalidad sea como la de Juan Palomo, que en el rico refranero catalán podría decirse: cadascú s’entén, com aquell que balla tot sol.
Desde un punto de vista comparado, el giro unilateral que Artur Mas, Oriol Junqueras y sus socios quieren imprimir al conflicto político supone una deriva peligrosa. La experiencia internacional demuestra que hay una enorme diferencia entre los procesos independentistas que se hacen con el acuerdo de todas las partes, y aquellos en los que hay ruptura. Los soberanistas ponen como modelo a Escocia y Montenegro, pero no están dispuestos a seguir esos ejemplos. La clave en estos dos casos fue que el Estado aceptó realizar un referéndum con todas las consecuencias.
Los partidarios de la declaración unilateral prescinden del Estado y de cualquier marco jurídico, y esta actitud arrojaría el caso catalán a otra categoría: la que plantea un conflicto abierto de consecuencias imprevisibles. Nos vamos de Escocia a Kosovo. En Cataluña existen algunos partidarios de la ruptura de la legalidad, espíritus románticos que aceptan el ‘cuanto peor, mejor’. Es comprensible que haya posturas inconscientes de este tipo, pero es más difícil entender que votantes tradicionales de Convergència quieran apartarse de la política como práctica de diálogo para buscar soluciones, y se vean secuestrados por planteamientos que parecían superados en Europa.
La personalidad única de Cataluña y su fuerza específica merecen un justo reconocimiento. Pueden explorarse multitud de vías pactadas, sin falsas urgencias y sin imperativos categóricos de ningún lado. Los esquemas federales, la referencia de la Constitución a los fueros y la práctica de los conciertos económicos ofrecen muchas soluciones. En esta búsqueda de consenso, no solo debe respetarse a Cataluña sino también a España, y desterrar los mensajes que incitan al odio. Los separatistas olvidan que, desde el advenimiento de la democracia en España, hemos sabido construir un Estado democrático, plural y pujante en la escena internacional. Quienes conocen el pasado saben que este es un valor inmenso que debemos preservar.
Martín Ortega Carcelén es profesor de Derecho Internacional en la Universidad Complutense.
Saben de sobres que ho hem intentat tot. Per què no ho esmenten això? Per ignorància o per mala fé?
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