Benvolguts,
El tal Perez Royo que en assumptes no
viscerals hi toca, quan es tracta de la Una, Grande y Libre ja desafina...
Parla de desactivar el independentismo... (llenguatge
amb apriorisme i fatxenderia i amb relació amo-esclau)...
Parla de que la bilateralidad es un
espejismo (gol que varen fer els
poders centrals a Catalunya en fer la Consti…)…
Parla de que Ningún Gobierno de España
puede hacer frente a la mera sospecha de parcialidad territorial…
Parla de que canviar la Consti es una vía tan pensable jurídicamente como imposible en términos políticos…
Instalados
en el disparate
Javier Pérez Royo en
El País
el 19 octubre, 2013 en Derechos, Economía, Libertades, Política, Sociedad
ANÁLISIS
El diálogo
bilateral no es la alternativa para desactivar
el independentismo
En el mes de diciembre se
cumplirán 35 años del referéndum de
aprobación de la Constitución. En cualquier país 35 años de vigencia de una
Constitución son muchos, pero en España lo son mucho más. Son prácticamente
todos los años de nuestra experiencia constitucional democrática y son los
únicos 35 años continuados en nuestra historia de los dos últimos siglos en que
una Constitución no ha visto suspendida su vigencia ni un solo segundo en
ninguna parte del territorio del Estado. En estos 35 años el Estado español se
ha renovado por completo. La distancia entre el Estado español anterior al 29
de diciembre de 1978, fecha de entrada en vigor de la Constitución, y el
posterior es enorme. Distancia que se ha ido haciendo mayor a medida que la
vigencia de la Constitución se prolongaba en el tiempo.
Esta distancia es visible
en todo, pero de manera muy especial en lo que a la articulación
territorial del poder se refiere. Políticamente España es un Estado y 17
comunidades autónomas (más dos ciudades autónomas). En el momento de la inicial
puesta en marcha de la Constitución pudo no haber sido así, pero el intento de
interpretar el artículo 2 y el Título VIII de la Constitución a través de
pactos bilaterales con País Vasco y Cataluña no prosperó y a partir de
los Pactos
Autonómicos de 1981 se impuso el Estado Autonómico tal como hay lo conocemos.
La posibilidad de la
bilateralidad como vía interpretativa de la Constitución desapareció en el
momento de la construcción inicial del Estado con base en dicha Constitución.
El resultado del referéndum de ratificación
de la iniciativa autonómica en Andalucía, el 28 de febrero de 1980,
extendió el certificado de defunción de dicha posibilidad. A partir de entonces, la bilateralidad es un
espejismo. Pretender gestionar la diversidad territorial de España a
partir del principio de bilateralidad es desconocer la historia constitucional
democrática del país.
Me temo que el
nacionalismo catalán no ha acabado de entenderlo. Políticamente España no es la
que ellos piensan que es. Ningún problema de estructura del Estado se va a
poder abordar sin el concurso del conjunto de las comunidades autónomas. Ya no
se puede ni siquiera intentar abordarlo como se hizo en el momento de inicial
puesta en marcha de la Constitución. En el otoño de 1979, cuando
se pactaron entre el Gobierno de Adolfo Suárez y la representación
parlamentaria vasca y catalana los estatutos de ambas nacionalidades, todavía
se podía intentar buscar solución a los problemas de estructura del Estado con
base en una negociación bilateral. Hoy ya no es posible. Dejó de serlo
inmediatamente después de que se produjera el intento.
La reacción que se ha
producido ante el simple indicio de que se pudiera estar pensando en dar una
respuesta singularizada
a la financiación de Cataluña ha venido a confirmarlo. Ningún Gobierno de
España puede hacer frente a la mera sospecha de parcialidad territorial. Ni
siquiera en las filas de su propio partido. La recepción que ha tenido en
el interior del PP la
propuesta de Alicia Sánchez-Camacho habla por sí sola.
La negociación bilateral
entre el Gobierno de la Generalitat y el Gobierno de la Nación, a fin de
reconducir el debate independentista a unos términos aceptables para ambas
partes, es una posibilidad que no existe. Tengo dudas de si, a estas alturas
del guión, sería posible poner en marcha una iniciativa de esta naturaleza en
el Parlamento de Cataluña, pero estoy convencido de que sería imposible hacerlo
en las Cortes Generales. La negociación bilateral no es una alternativa para
desactivar el independentismo.
La única alternativa para
definir de manera distinta la posición de Cataluña en el Estado español pasa
por la reforma de la Constitución. En mi opinión, sería la mejor de las
posibles. Pero, me temo, que ni el PP ni los partidos más representativos del
nacionalismo catalán están por seguir ese camino. En consecuencia, es una vía tan pensable
jurídicamente como imposible en términos políticos.
Mientras tanto seguiremos
con los memoriales de agravio, los
plantones del president de la Generalitat a la vicepresidenta del
Gobierno o la maniobra de la vicepresidenta del Gobierno para desairar al
president, según la perspectiva desde la que se mire el incidente, y un
etcétera interminable. Nos
hemos instalado en el disparate y cada día parece más difícil imaginar
siquiera como se puede salir de él. Nada me gustaría más que equivocarme y que
se pudiera encontrar una vía de solución en la que nadie se sintiera humillado.
Pero cada vez lo
voy viendo más difícil.
Joan
A. Forès
Reflexions
