Benvolguts,
Respecte a l’article ¿Colar goles al Estado?, i abans de
donar-hi cap valor cal saber qui és aquest paio. Fill de Narcís de Carreras, franquista català, president del Barça i de La Caixa
en temps del Franco. Fundador de Ciudadanos,
inspirador del Forum Babel, inventor
del bilingüisme.
Enemic irreconciliable de Catalunya.
Ara ja comença a entendre que cal treure’s la careta i amenaça amb aquesta mena
de pamflets...
A continuació cal adonar-se que tots els espanyolistes,
antiindependentistes, anti República Catalana, siguin espanyols o catalans,
usen uns mots savis
per confondre a l’enemic com Estat de dret, com legitimitat, com legalitat,...
I que pressuposen que la Història d’Espanya és el conjunt de mentides que ens han fet
estudiar a les escoles durant els darrers 80 anys. És per això que cal respondre prèviament,
com fa el Cotarelo en l’article Carta
abierta a Felipe VI, a una sèrie de preguntes encadenades, a partir de frases
usades en el text de l’article:
·
El derecho.
o El franquisme
també tenia un derecho, que emanava d’unes
Cortes. I tenia els seus
jutges fatxes i educats durant el franquisme. I tenia els seus fiscals, com el Mena
o el Villarejo, tots profundament anticatalans, que administraven justícia a
partir d’unes premisses falses, franquistes. No podem creure el mot derecho en boca de traïdors franquistes!
·
La Constitución, leyes y sentencias?
o La Consti estava feta amb soroll de sabres! La Consti
beneia la monarquia, el franquisme l’Alzamiento i la guerra! Ja n’hi ha prou de
Consti!
·
Estado de derecho?
o
Els fatxes se n’omplen la
boca. Hi ha una
frase en castellà que diu “Dime de que presumes y te diré
de qué adoleces”. Quan escoltes en un discurs de qualsevol fatxa des de Rajoy
a Pablo Iglesias passant per Fernández Díaz i Pedro Sánchez el concepte Estado de Derecho, saps que no te’n pots fiar. Ja hem explicat que la
Consti és franquista, la monarquia és franquista i tothom que pretengui donar
llissons d’Estado de Derecho és franquista.
·
“colarle goles al Estado” y añadió, en referencia al llamado proceso
independentista, que la intención era ir esquivando las decisiones del
Ejecutivo: “No daré pistas al Gobierno español de lo que decimos en las
conversaciones para esquivarlo”. Así es como se trata a los enemigos.?
o
Són altra cosa que enemics? Han estat robant-nos durant
generacions i han sembrat l’odi contra els catalans!
·
Tras contraponer la legalidad catalana (sic) a la española.
o
Todo es según el color del
cristal con que se mira!
·
Los nuestros y los otros, los catalanes y los españoles: un lenguaje de
ruptura y confrontación, el lenguaje que a diario, constantemente, se ve y escucha
en las radios y televisiones catalanas. Así se envenena la atmósfera en
Cataluña.
o
És una constatació! A
Espanya (i a les emisores de la caverna que tenen llicència a Catalunya) el lenguaje de ruptura és el que constantment se
sent a totes les emissores de ràdio i televisió i a tots els diaris. El PP va
intoxicar el poble espanyol amb un recurs d’inconstitucionalitat contra l’Estatut
del 2006, i va recollir 4 milions de signatures (amb el Rajoy al davant) en
contra de Catalunya…
·
Con esta delirante fórmula, una especie de golpe posmoderno de Estado, en
caso de obtener una mayoría favorable, Cataluña se separaría de España y se
declararía independiente.
o
·
Una de las posibilidades es que el Gobierno declare el estado de sitio,
previsto en el artículo 116 CE, conforme a su ley reguladora, aprobada en 1981 tras
el 23-F.
o
El 23F és un bon exemple de cop
d’estat monárquico-franquista. Val més no esmentar-lo…
·
El previsto en Constituciones de
otros Estados federales en que el Ejecutivo central, en supuestos semejantes,
puede disolver los Parlamentos de los länder
(Austria), aprobar unas indeterminadas medidas necesarias (Suiza) o destituir a
los Gobiernos de las regiones (Italia).
o
Alemanya (que va ocupar
Àustria) i Itàlia varen pertànyer a l’Eix
nazi-feixista (Font d’inspiració de l’Espanya franquista) i varen perdre la
guerra el 1945, per tant el
nazi-feixisme hi fou jutjat i erradicat! En canvi a Espanya el nazi-franquisme-feixista-borbònic
va guanyar la guerra el 1939 i va governar durant 40 anys, no fou jutjat i amb una
vergonyosa transició borbónico-franquista ha arribat fins avui, 35 anys més
tard. Per tant els supuestos semejantes no existeixen. Quan s’hagi erradicat el franquisme
borbònic i s’hagi jutjat els seus traidors responsables, caldrà fer el que
varen fer tots els territoris convertits en estats després de la desfeta de l’URSS
que és preguntar a la población de cada territori quin sistema de govern volen:
monarquia, república o dictadura i amb supervisió internacional fer uns referèndums
a cada territori i que el poble decideixi…
I ara el libel:
¿Colar
goles al Estado?
La ola de desobediencia a
las leyes está llegando en Cataluña a peligrosos límites. La Constitución, sin
embargo, tiene previstas respuestas que permiten garantizar los derechos y
libertades de los españoles ante una amenaza de secesión
TOMÁS
ONDARRA
Hace ya varios años que el desprecio al derecho —a la Constitución,
leyes y sentencias— se ha instalado cómodamente en la Cataluña
oficial. El presidente de la Generalitat, consellers,diputados y dirigentes de partidos nacionalistas,
declaran con frecuencia que están dispuestos a saltarse la ley o incumplir una
sentencia y aquí no pasa nada. Los editoriales de los periódicos, los
columnistas de referencia, las tertulias de radio y televisión, salvo muy
contadas excepciones, no prestan especial atención a las constantes
vulneraciones del Estado de derecho. Por lo visto, lo consideran
como algo normal, habitual, un detalle nimio sin importancia.
Cuando a finales de 2009 un editorial conjunto de
los diarios catalanes, encabezados por La
Vanguardia y El Periódico, pidieron al Tribunal Constitucional, en nombre de
Cataluña, que declarara el nuevo Estatuto conforme a la Constitución por
motivos políticos, ya podía preverse que aquellos que dirigen y conforman la
opinión pública catalana tenían, o bien escasos conocimientos políticos, o bien
un gran menosprecio por la democracia y el derecho. Lo que ha sucedido después
no puede sorprender a nadie: al huevo de la serpiente, incubado desde hacía 30
años, comenzaba a rompérsele el cascarón.
Por tanto, que las autoridades catalanas
vulneren el derecho
ante la complacencia general, ya forma parte de la normalidad
catalana, no es noticia. Además, los sectores influyentes de la sociedad
—sindicatos, patronal, asociaciones conocidas, empresarios relevantes,
mandarines culturales o presidentes del Barça—, o están de acuerdo con quienes
incumplen la ley o se mantienen cómodamente callados para no meterse en líos:
se quejan en privado pero enmudecen en público, como durante el franquismo,
tampoco nada nuevo. Ante el poder, cobardía: ¿es siempre así la condición
humana?
Pero esta ola de desobediencia al derecho está
llegando a peligrosos límites. La deslealtad se exhibe con desenfado. Oriol
Junqueras dijo hace unos días en una entrevista radiofónica que estaban
procurando “colarle
goles al Estado” y añadió, en referencia al llamado proceso independentista,
que la intención era ir esquivando las decisiones del Ejecutivo: “No daré pistas
al Gobierno español de lo que decimos en las conversaciones para esquivarlo”.
Así es como se trata a los enemigos.
Para remachar el clavo, Francesc Homs, conseller
de Presidencia de la Generalitat, abogó por ignorar la legalidad española si
choca con el “mandato
democrático del pueblo de Cataluña” que se expresará en las próximas
elecciones. Tras
contraponer la legalidad catalana (sic)
a la española, dijo que esta última era la legalidad de “los otros
(…), de una arbitrariedad absoluta y de poco respeto a la voluntad
democrática”. Supeditarse a ella, concluyó, significaría que Cataluña no sería
“nunca libre”. Los
nuestros y los otros, los catalanes y los españoles: un lenguaje de ruptura y
confrontación, el lenguaje que a diario, constantemente, se ve y escucha en las
radios y televisiones catalanas. Así se envenena la atmósfera en Cataluña.
Con este malsano ambiente cívico estamos entrando
en campaña electoral. Convergència,
Esquerra y las asociaciones que manejan, se ha unido en una extraña lista
electoral que, por el momento, en caso de tener mayoría, propone aprobar
rápidamente una ley, llamada de transitoriedad, que se aplicaría de forma
preferente a lo que denominan legalidad española, quedando ésta como derecho
subsidiario, es decir, sólo aplicable en defecto de que no sea contradictorio
con la citada ley de transitoriedad que, además, incluiría los instrumentos
necesarios para saltarse las “trabas” que pudiera poner el Estado. Con esta delirante
fórmula, una especie de golpe posmoderno de Estado, en caso de obtener una
mayoría favorable, Cataluña se separaría de España y se declararía independiente.
¿Qué puede y debe hacer el Estado ante tal
situación? La respuesta constitucional es clara. Una de las posibilidades es que el Gobierno
declare el estado de sitio, previsto en el artículo 116 CE, conforme a su ley
reguladora, aprobada en 1981 tras el 23-F, dado que uno de los
supuestos es que peligre “la integridad territorial del Estado”. Sin embargo,
esta posibilidad hay que desecharla, por el momento, ya que la misma ley prevé
que sólo debe declararse el estado de sitio cuando la situación “no pueda
resolverse por otros medios”. Y, en este caso, la solución a estos otros medios
los ofrece el artículo
155 CE que
en un redactado muy parecido a la Constitución alemana establece el mecanismo
de la llamada “coerción federal”.
Este mecanismo es menos grave para la autonomía
que el previsto
en Constituciones de otros Estados federales en que el Ejecutivo central, en
supuestos semejantes, puede disolver los Parlamentos de los länder (Austria), aprobar unas
indeterminadas medidas necesarias (Suiza) o destituir a los Gobiernos de las
regiones (Italia). En el caso español
se trata, simplemente, de que si una comunidad autónoma no cumpliere las
obligaciones que la Constitución o la ley le
imponga, o actuare de forma que atente gravemente contra el interés general de
España, el Gobierno, tras cumplir ciertos requisitos formales, pueda adoptar
las medidas necesarias para el cumplimiento de dichas obligaciones o la
protección del mencionado interés general. Para ello, según la Constitución, el
Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de la comunidad.
Queda claro, por tanto, que no se trata de una
suspensión de la autonomía, ni de la disolución de alguno de sus órganos, sino
de la modificación de la relación jerárquica de las autoridades autonómicas
—legislativas, gubernativas y administrativas— por el hecho de incumplir
reiteradamente sus obligaciones. Como ya hemos dicho, ello sólo puede darse en
supuestos extraordinarios, cuando los recursos judiciales ordinarios no puedan
ser eficaces y, por tanto, las medidas adoptadas deben ser prudentes, aplicadas
de acuerdo con los principios de necesidad, proporcionalidad e intervención
mínima. Sólo en
el caso de que, mediante actos de insurrección o violencia, se opusiera
resistencia a estas medidas, podría declararse el estado de sitio.
Ni Junqueras, ni Mas, ni cualquier otra autoridad
autonómica, pueden colar goles al Estado, que está bien pertrechado
jurídicamente para defenderse, es decir, para garantizar los derechos y
libertades de los españoles, que es su único objetivo. Y si determinados
partidos quieren separarse de España —y, por consiguiente, de Europa— también
hay procedimientos para ello. Sin embargo, como todo en la vida, para alcanzar unos
objetivos siempre hay que cumplir ciertos requisitos y, también en la vida
sucede lo mismo, éstos nunca pueden estar basados en el engaño, la ocultación,
la mentira y la deslealtad.
Francesc de Carreras
es profesor de Derecho Constitucional.
Joan A. Forès
Reflexions
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