MADRID
Juan Antonio Blay
Una mayoría de grupos
de la comisión parlamentaria de investigación sobre el uso partidista de los
recursos del Ministerio del Interior bajo el mandato de Jorge Fernández
Díaz ha alcanzado un acuerdo de mínimos esta mañana tras cerrar los
trabajos de los comisionados: hubo una policía política paralela creada por el ministro
Fernández Díaz y su director adjunto operativo de la Policía, el comisario
Eugenio Pino.
Las conclusiones han
sido aprobadas sin el voto del grupo popular,
que se ha mostrado desde un principio en contra de los trabajos de esta
comisión y de su propia existencia por entender que se pretendía desprestigiar al Gobierno
de Rajoy y a los cuerpos y fuerzas de seguridad. El PP ha anunciado que presentará su propio voto
particular al margen del acuerdo general.
El consenso
mayoritario ha sido de mínimos y se ha alcanzado en torno a las dos
conclusiones finales presentadas en el escrito propuesto por el grupo socialista,
aunque han sido ligeramente modificadas en aras de lograr el respaldo
mayoritario de los grupos de Unidos
Podemos, Ciudadanos, ERC, PNV y Mixto representado por el PDeCAT.
En concreto, se afirma
que bajo el mandato de Fernández Díaz, usando de forma fraudulenta el catálogo de puestos de trabajo del Ministerio del Interior, "se
creó una estructura policial bajo las instrucciones de Ignacio Cosidó,
entonces director general de la Policía,
y del director adjunto operativo (DAO)
,el comisario Eugenio Pino, con el conocimiento
y consentimiento del ministro". El objetivo de esa estructura
"era obstaculizar la investigación de los
escándalos de corrupción que afectaban al PP, el seguimiento, la investigación y
persecución de adversarios políticos (PSOE
como demuestra la creación y trabajos de las BARC), el nacionalismo catalán (caso Trías
entre otros) o Podemos,
con el informe PISA".
Es "inaceptable" la utilización "partidista con fines
políticos de los efectivos y medios"
En otra de las
conclusiones se califica como “inaceptable” la utilización “partidista con
fines políticos de los efectivos y medios del departamento del Interior, con un
abuso de poder que quebranta las reglas esenciales de la democracia y del
Estado de derecho”.
A esas dos
conclusiones aportadas por el grupo socialista el acuerdo alcanzado agregan
otros dos: en primer lugar, se destaca el reconocimiento al trabajo de los
miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y que en ningún caso
los trabajos de los comisionados supone un desprestigio a su labor.
Además, una cuarta
resolución denuncia las dificultades que han tenido los comisionados en obtener
la documentación solicitada al Gobierno para realizar su trabajo de
investigación.
Tanto Unidos Podemos
como ERC y PDeCAT han criticado que finalmente el acuerdo no incluye remitir a
la fiscalía general del Estado las conclusiones por la oposición del grupo
socialista. El PNV y Ciudadanos tampoco contemplaban esa posibilidad.
El socialista Juan
Carlos Campo ha justificado la actitud de su grupo ante esa petición alegando
que “no era objeto de la comisión, pese a que está contemplado en el
reglamento. De todas formas, la fiscalía puede actuar de oficio”. Su compañero
David Serrada ha insistido en que lo realmente importante es que ha quedado
constatado que “existió una policía paralela al servicio partidista del PP”.
La portavoz del grupo
Unido Podemos ha calificado las conclusiones como “un acuerdo de mínimos, pero
suficiente, para establecer las responsabilidades políticas” por la creación de
una policía paralela para crear intoxicaciones y ataques a la oposición
política. “Eso ha quedado de manifiesto en los informes contra Podemos”, ha
agregado en compañía de Gloria Elizo, portavoz adjunta del grupo en esta
comisión.
El representante de
ERC, Gabriel Rufián, se ha mostrado satisfecho por el acuerdo general porque
“ha demostrado que hubo una policía política ara actuar contra la oposición al
PP”. Sin embargo, ha protestado por no haber logrado incluir en el acuerdo la
retirada de las condecoraciones a los policías de “esta brigada porque conlleva
unas pensiones que pagamos los contribuyentes. Está claro que conformaron un
nuevo GAL”, ha insistido.
Por su parte, el grupo
popular, a través de su portavoz, Carlos Rojas, se ha manifestado en contra de
esas resoluciones por entender que el objetivo de la comisión “ha sido aislar al
PP. Nació (la comisión) muerta porque no había causa que investigar. Todo han
sido fuegos de artificios”, ha concluido Rojas antes de solicitar a
los periodistas que “lean muestras
conclusiones que están muy elaboradas”.
A partir de ahora las
conclusiones aprobadas más los votos particulares que plantean los diferentes
grupos parlamentarios serán remitidos a la Mesa
de la Cámara baja para que las incluya en un pleno para su debate y
votación, cosa que ocurrirá a partir del mes de septiembre cuando se inicie el
próximo periodo de sesiones.
Juan Antonio Blay
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