Remenant pel Google he trobat aquesta joia de documentació (de fa més d'un any) sobre la relació entre l'Església catòlica (el Vaticà) i l'Estat espanyol. El document està publicat pel diari Público.
El títol del treball i els títols dels apartats ja són significatius:
- Una Iglesia incrustada en el Estado
- Monarquía
- Casilla de la renta
- Fiscalidad
- Educación
- Sanidad y servicios sociales
- Policía y Ejército
Vegem el prefaci de l'article:
"Desde la Transición lo que han hecho los diferentes partidos en el Gobierno ha sido dotar a la Iglesia de cada vez más privilegios esperando una rentabilidad en apoyo político".
El artículo 16.3 de la constitución establece la aconfesionalidad del Estado, estipulando que ninguna religión podrá tener carácter estatal. Sin embargo, el artículo 61 del texto contradice directamente este precepto, al establecer que el rey debe jurar su cargo. No se contempla la fórmula de la promesa, y tampoco para el príncipe heredero o los regentes del reino."El hecho de que el Jefe del Estado esté obligado a prestar juramento puede parecer un tema menor. No lo es en absoluto", asegura Luis Villameriel, ex secretario general técnico del Ministerio de Justicia: "El hecho de que constitucionalmente esté obligado a manifestar públicamente que posee creencias religiosas significa que la Corona sigue vinculada a la religión, lo cual es incompatible con la aconfesionalidad del Estado". La Iglesia católica recibe directamente 250 millones de euros al año, tal y como reconoce la propia Conferencia Episcopal en su memoria de actividades, gracias a la donación que el Estado le facilita vía declaración de la renta. Esta cifra duplica el coste para las arcas públicas del sistema de partidos, sextuplica los recursos que reciben los agentes sociales y supera la cuantía de partidas estratégicas como el espionaje o las ayudas a sectores en crisis. En 1979 la Iglesia se comprometió a lograr financiarse por sí misma en 7 años. Nunca lo cumplió. La situación es una herencia del concordato firmado por el dictador Francisco Franco y la Santa Sede en 1953, reformado en 1979 para adaptarlo a la "aconfesionalidad" del Estado. Gracias a esos acuerdos con el Vaticano, la Iglesia está exenta de pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de todo edificio o suelo destinado al culto.Solo gracias a la exención del IBI, los cálculos de esta organización estiman que la jerarquía católica deja de pagar al Estado 700 millones de euros al año. En total, Europa Laica cifra el trasvase en unos 11.000 millones de euros al año. 1,4 millones de alumnos estudian en centros católicos, un 32% del total. España está 22 puntos por encima de la media europea. "Lo que se conoce como colegios concertados son en realidad centros privados sostenidos con fondos públicos". "La religión no debe distorsionar el horario escolar, ni la organización del centro, ni el rendimiento académico de los alumnos". En la formación universitaria, cabe destacar la presencia de capillas y capellanes pagados con dinero público en la inmensa mayoría de centros. Además, las Universidades privadas propiedad de congregaciones religiosas –como el CEU San Pablo (Asociación de Propagandistas), la Universidad de Navarra (Opus Dei), Deusto (jesuitas) o las pontificias de Comillas y Salamanca– reciben también subvenciones y ayudas de ayuntamientos y Comunidades Autónomas. El peso de la educación católica en la escuela pública fue una de las principales motivaciones de la Marea Verde y la huelga educativa convocada el pasado jueves 8 de marzo.
Una Iglesia incrustada en el Estado
La Constitución asegura la "aconfesionalidad" del Estado, condición que se contradice en su propio texto al obligar al rey a jurar su cargo, así como en numerosos aspectos de la práctica política donde la Iglesia católica goza de privilegios
La Virgen de la Dolorosa, en procesión
frente al Congreso de los Diputados. EFE
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Carlos del Castillo
El que en breves instantes será ministro de
Justicia de España, Rafael Catalá, posa la siniestra sobre una biblia.
La diestra, sobre un ejemplar de la Constitución de 1978. Entre los dos
textos un crucifijo que guarda el acto, nexo de unión entre ellos,
elemento central de la composición.
Corre el 29 de septiembre de 2014 y
Catalá se convierte en el primer ministro en jurar
su cargo ante el nuevo rey Felipe VI. Su padre, Juan Carlos de Borbón,
fue criticado durante años por la presencia del crucifijo tanto en la jura como
en la promesa del cargo de los nuevos presidentes y ministros del Gobierno. La Casa
Real, encargada de organizar este acto protocolario, siempre lo mantuvo.
También lo hizo Felipe VI en su
primera jura. No obstante, tomó nota al recibir la misma crítica: atento en su
misión de "renovar" la Corona,
en los siguientes actos el crucifijo fue desplazado a la derecha de la
escena y situado por detrás de la biblia. Pero
no se eliminó: tanto tanto
María Dolores de Cospedal como Soraya Sáenz de Santamaría, las únicas
que prometieron su cargo en el nuevo Ejecutivo de Mariano Rajoy, lo tuvieron
presente. Un detalle, una muestra de la dificultad de la democracia
española para independizarse de la supervisión de la Iglesia católica.
"Que el rey esté obligado a prestar
juramento puede parecer un tema menor. No lo es en absoluto", asegura un
ex secretario general técnico del Ministerio de Justicia
"El
crucifijo pertenece a la historia y a la cultura de España", solía repetir
cuando se le preguntaba sobre la cuestión Antonio María Rouco Varela,
arzobispo del Madrid entre 1994 y 2014 y presidente de la Conferencia Episcopal
Española (CEE) cuatro legislaturas.
Para otros observadores, como el teólogo Juan
José Tamayo, la omnipresencia de este elemento religioso es un ejemplo de que "la democracia española es rehén de la jerarquía
católica".
Tamayo, director de la cátedra de Teología y
Ciencias de las Religiones en la Universidad Carlos III, denuncia que "desde la Transición
lo que han hecho los diferentes partidos que en el Gobierno ha sido dotar a la
Iglesia de cada vez más privilegios esperando una rentabilidad en apoyo
político".
Estos privilegios, símbolo de que la Iglesia
católica sigue incrustada en el Estado, se dejan notar en varias áreas, empezando
por la propia Monarquía.
Monarquía
El
artículo 16.3 de la constitución establece la aconfesionalidad del Estado,
estipulando que ninguna religión podrá tener carácter estatal. Sin embargo,
el artículo 61 del texto contradice directamente este
precepto, al establecer que el debe jurar su cargo. No se contempla
la fórmula de la promesa, y tampoco para el príncipe heredero o los regentes
del reino.
"El hecho de
que el Jefe del Estado esté obligado a prestar juramento puede parecer un tema
menor. No lo es en absoluto", asegura Luis Villameriel, ex
secretario general técnico del Ministerio de Justicia: "El hecho de que constitucionalmente esté obligado a
manifestar públicamente que posee creencias religiosas significa que la Corona
sigue vinculada a la religión, lo cual es incompatible con la aconfesionalidad
del Estado".
Casilla de la renta
La Iglesia católica recibe directamente 250 millones de
euros al año, tal y como reconoce la propia Conferencia Episcopal en su memoria
de actividades, gracias a la donación que
el Estado le facilita vía declaración de la renta. Esta cifra
duplica el coste para las arcas públicas del sistema de partidos, sextuplica los recursos que reciben los agentes sociales
y supera la cuantía de partidas estratégicas como el espionaje o las ayudas a
sectores en crisis.
En 1979 la Iglesia se comprometió a
lograr financiarse por sí misma en 7 años.
Nunca
lo cumplió
La situación es una herencia del concordato firmado por
el dictador Francisco Franco y la Santa Sede en 1953, reformado en 1979 para
adaptarlo a la "aconfesionalidad" del Estado.
En el nuevo acuerdo, el Estado
se comprometía a financiar a la Iglesia hasta 1986, y esta, a "lograr por sí misma los recursos suficientes para
la atención de sus necesidades", lo que
nunca cumplió. El Gobierno de
Zapatero aumentó un 35% la asignación,
que pasó del 0,52% al 0,7%.
Fiscalidad
Sin embargo, el beneficio económico que la
Iglesia católica saca del Estado va mucho más allá. Gracias a esos acuerdos con el Vaticano, la Iglesia está
exenta de pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de todo edificio o suelo
destinado al culto. Según
denuncia Europa Laica, "la realidad
es que la Iglesia católica no paga de ninguno de sus bienes, aunque sean
suculentos negocios, alquileres..."
Solo gracias a la exención del IBI,
los cálculos de esta organización estiman que la jerarquía católica deja de
pagar al Estado 700 millones de euros al año. En total, Europa
Laica cifra el trasvase en unos 11.000
millones de euros al año.
Educación
Más de 1.400.000 alumnos acuden a uno
de los 2.600 centros de enseñanza de ideario católico, un 32% del total. España supera
en 22 puntos la media europea en este sentido, donde el 90% de los estudiantes acuden a colegios e
institutos públicos. A su vez hay más de 25.000
profesores imparten clase de religión
católica a 3,5 millones de estudiantes, una asignatura evaluable y cuya nota
cuenta para las ayudas y premios basados en el rendimiento académico.
1,4 millones de alumnos estudian en
centros católicos, un 32% del total. España está 22 puntos por encima de
la media europea
El peso de la educación católica en la
escuela pública fue una de las principales motivaciones de la Marea
Verde y la huelga educativa convocada el pasado jueves 8 de marzo. "Lo que se conoce como colegios
concertados son en realidad centros privados sostenidos con fondos públicos",
denuncia Agustín Moreno, portavoz de la Plataforma Estatal por la Escuela
Pública.
"La educación pública debe ser laica, que
respete todas las creencias pero que no dote de ningún privilegio a ninguna de
ellas", continúa Moreno, profesor en un instituto
público de Vallecas (Madrid): "La
religión no debe distorsionar el horario escolar, ni la organización
del centro, ni el rendimiento académico de los alumnos".
En la formación universitaria, cabe destacar la presencia
de capillas y capellanes pagados con dinero público en la inmensa mayoría de
centros. Además, las Universidades privadas
propiedad de congregaciones religiosas –como el CEU San Pablo (Asociación de Propagandistas), la Universidad
de Navarra (Opus Dei), Deusto (jesuitas) o las
pontificias de Comillas y Salamanca– reciben también subvenciones y ayudas de
ayuntamientos y Comunidades Autónomas.
Sanidad y servicios
sociales
"Para analizar lo que pasa en Sanidad es importante
tener en cuenta lo que pasa en el mundo de la Educación”, avanza Carmen Esbrí, de
la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid-Marea Blanca,
denunciando que las congregaciones
religiosas también han ido ocupando nuevos espacios de los que antes
se encargaba el Estado en Sanidad y servicios sociales.
El incremento llega al 15% en el área asistencial, según la memoria
de la CEE en el último año analizado (2014). Ese año fueron
atendidas 4,7 millones de personas en alguno de los 9.000 centros
de la Iglesia. 1,2 millones de ellas en alguna de las 961 instituciones
sanitarias de su propiedad, de las que 68 son complejos
hospitalarios. Sin embargo, el mayor negocio lo encuentra
la Iglesia en las casas para ancianos, enfermos crónicos o personas
con discapacidad, donde cuenta con 841 centros.
Cabe recordar que
todos ellos son centros privados que reciben subvenciones y ayudas públicas por
realizar estas labores. Para Carmen Esbrí, esto supone una "dejación de funciones por parte de los gobiernos que han
controlado España en los últimos tiempos, que han olvidado que este es un país
aconfesional y han permitido y aprovechado la intromisión de una determinada
religión que no tiene por qué estar involucrada de esta manera en el espacio
público".
Policía y Ejército
En lo que va de siglo, el Ministerio
del Interior ha concedido cinco
medallas policiales a vírgenes y cristos, en todos los casos bajo gobiernos del
PP. En 2015 la condecorada fue la imagen de la Amargura de
Granada, antes fueron las de María Santísima del Amor de Málaga (2014),
la del Amor y la Soledad de Fuengirola (2001), el Cristo Caído de Valdepeñas
(2001) y la virgen de Lledó (2000).
El Ministerio de Defensa tiene integrado en su
organigrama oficial un arzobispado castrense
Aunque el elemento de Seguridad
del Estado donde más patente es la presencia de la Iglesia es el Ejército.
La Carta Magna se autoafirma como "aconfesional",
pero las Fuerzas Armadas, a las que encarga "garantizar la soberanía e independencia de España, su
integridad territorial y el ordenamiento constitucional", no lo son en absoluto.
El Arzobispado
Castrense, integrado en el organigrama oficial del Ministerio de Defensa.
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El Ministerio de
Defensa tiene directamente integrado en su organigrama oficial un arzobispado
castrense. El arzobispo no tiene formación
militar, pese a lo cual se le otorga el rango de general de división (general
de dos estrellas) cuando accede al cargo, jerarquía que los soldados deben
respetar como si se tratara de un militar de carrera. Los sacerdotes castrenses
a servicio del arzobispo no tienen obligaciones de servicio, pese a lo cual
ascienden de rango como si las tuvieran.
Pero eso no es todo, puesto que hay numerosos
puntos donde la liturgia católica se hace una con la milicia. Cada Ejército (Tierra, Aire, Armada) tiene una patrona, y
a cada una se la honra con una fiesta oficial que sirve a su vez para
conmemorar a toda la
fuerza.
