Benvolguts,
La nostra causa al mon està agafant increment des de
l’1-O, sobretot gràcies a l’equip d’advocats de la defensa i
gràcies a les successives cagades del
TS
i de la resta de poder judicial espanyol, addictes a la
Lawfare,
Guerra Judicial
que practiquen. La majoria de ciutadans catalans (
80% segons els sondejos d’opinió
CIS i CEO) i el poder judicial mundial
considera que Catalunya té dret a l’Autodeterminació. L’acadèmia també ho
considera. En canvi els pocs antiindepenentistes catalans (un
20% segons els sondejos d’opinió CIS i CEO) i els partidaris de que el
Dret d’autodeterminació no existeix a Espanya, consideren que no hi
tenim cap dret.
El
lema de l’antiindependentisme és “Cataluña es de España”!
Contundente artículo de
una revista de leyes de EEUU sobre el “Juicio del Procés”
30 DE GENER DE 2019
La revista de
EEUU Courthouse
News Service con sede en California destinada a Juristas y
abogados de todo el mundo, ha publicado un contundente artículo en referencia
al “Juicio del Procés” y al polémico papel del estado español y su relación
directa con la elección del aparato judicial.
Texto íntegro del
artículo:
All Eyes on Spanish
Judiciary in Trial of Catalan Politicians (Juicio de los políticos catalanes,
todos los ojos puestos en el poder judicial español)
Cain Burdeau January 28, 2019 (Courthouse
News reporter Cain Burdeau is based in the European Union.)
El poder judicial español que, según algunas voces
críticas, está demasiado influido por los partidos políticos que dominan el
país, será objeto de una intensa vigilancia durante los próximos meses, ya que
en su Tribunal Supremo se lleva a cabo un juicio políticamente explosiva contra
líderes independentistas catalanes acusados de rebelión y sedición.
Se espera que este histórico juicio
empiece alrededor del día 5 de febrero y que se prolongue durante unos tres
meses, en los que se recogerán los testimonios de centenares de testigos y
expertos.
La sentencia está
prevista para el mes de agosto, según informa “El País” un periódico español. En total, serán
juzgados 12 líderes implicados en la decisión fallida e ilegal del Parlament de
Catalunya que en 2017 proclamó la independencia de Catalunya. Se les acusa de
rebelión, sedición y malversación de fondos públicos y pueden ser condenados a
penas de prisión de hasta 25 años. “Sería
sorprendente una sentencia de culpabilidad, pero es posible, no la descarto”,
declaró Emily Eklundh, profesora de política española e internacional del
King’s College de Londres durante una entrevista telefónica con Courthouse
News. “Si les declaran culpables, tendrá una gran repercusión en las futuras
relaciones entre Catalunya y España”, dijo.
Por el contrario, un
veredicto de inocencia “podría rebajar la tensión entre ambas comunidades y
permitiría pasar página”, añadió. “La decisión de los
fiscales de presentar cargos de rebelión és muy controvertida. Según la ley española,
la rebelión implica el uso de la violencia o la amenaza de la misma. Sin
embargo, el movimiento independentista catalán se ha manifestado, prácticamente
siempre, de una manera no violenta”. Andrew Dowling, profesor de Historia
de España en la Universidad de Cardiff, declaró que la última vez que alguien
se enfrentó a una acusación de rebelión en España fue a causa del fallido golpe
de Estado militar del 23 de febrero de 1981, cuando fuerzas de la Guardia Civil
retuvieron como rehenes a los miembros del Congreso de los Diputados durante
casi un día mientras los tanques rodeaban la ciudad portuaria de Valencia.
“Sería necesaria una acrobacia legal para justificar las acusaciones de rebelión
contra los líderes catalanes”, dijo Dowling en el curso de una entrevista
telefónica.
La declaración unilateral de independencia
de Catalunya se produjo después de un referéndum que se celebró el dia 1 de
Octubre de 2017, que el Tribunal Constitucional español declaró ilegal. El gobierno español envió un gran contingente
de agentes de policía para impedir la celebración del referéndum. Los policías
irrumpieron por la fuerza en los colegios electorales e impidieron
violentamente que la gente emitiera su voto. Poco después las autoridades
españolas procedieron a detener a los líderes independentistas.
Más de un año después de los hechos, el
juicio plantea nuevos interrogantes sobre el trato que España dispensa a los
líderes catalanes – algunos de ellos llevan más de un año en prisión preventiva
– y sobre todo, si se puede confiar en que
el poder judicial español garantice un juicio imparcial y libre de influencias
políticas. Mucha gente en España está convencida que el sistema judicial carece
de legitimidad, en gran parte debido a los escándalos judiciales que han
extendido la sospecha entre los ciudadanos que los tribunales están llenos de
jueces excesivamente subordinados a los partidos dominantes en España – El
Partido Popular (conservador) y, en menor medida, el Partido Socialista Obrero
Español. En el proceso contra los líderes catalanes, este hecho es de gran
importancia ya que los dos grandes partidos se oponen radicalmente al
movimiento independentista de la región.
El poder legislativo y ejecutivo – es
decir, los políticos – eligen a los jueces que forman parte del Tribunal
Constitucional, el mismo tribunal que declaró ilegal el referéndum sobre la
independencia de Catalunya. El poder legislativo elige también a los miembros
del Consejo General del Poder Judicial, órgano que nombra a los magistrados del
Tribunal Supremo.
Dowling acusa al
Partido Popular, contaminado durante mucho tiempo por escándalos de corrupción,
de erosionar la independencia del poder judicial durante su reciente mandato mediante
el nombramiento de jueces “leales al partido, para que trataran de influir en los
casos de corrupción que involucraban a sus miembros”.
“Hay evidencias suficientes de que ha
existido una manipulación del poder judicial español para tratar de encontrar
jueces favorables”, dijo. “Esto alimenta las sospechas de que no será un juicio
justo y que los acusados acabarán siendo condenados independientemente de las
pruebas”. “Por desgracia, es muy probable que la decisión sobre la
sentencia esté ya tomada y que los presos sean condenados a muchos años de
cárcel”, declaró Aleix Sarri Camargo, coordinador de Asuntos Internacionales
del Gobierno de Catalunya, en un reciente artículo de opinión de Euronews.
Los líderes catalanes encarcelados argumentan que no se deberían haber
presentado cargos por organizar un referéndum y se consideran víctimas de
persecución política. “En una democracia, nadie debería ser encarcelado por
poner urnas”, dijo Oriol Junqueras, en una reciente entrevista.
Junqueras lleva 15 meses en prisión preventiva y está convencido que el juicio
no será justo. Amnesty International
y juristas de todo el mundo han pedido a España que retire los cargos y libere
a los acusados que se encuentran en prisión a la espera de juicio.
Los catalanes
independentistas comparan su causa con las grandes luchas por los derechos
civiles, por el sufragio femenino, la descolonización, la lucha contra el
apartheid y el movimiento por los derechos de los homosexuales. Sin embargo, se
puede observar que hay ciertas diferencias. No se puede decir que Catalunya y
su capital, estén sufriendo graves injusticias – de hecho Catalunya és una de
las regiones más prósperas de España – sus reivindicaciones tienen más que ver
con el sentimiento de represión cultural y el saqueo de sus arcas por parte del
gobierno central español en Madrid.
Sin embargo, hay que reconocer que el movimiento independentista catalán ha
ganado muchos partidarios en todo el mundo, entre ellos Noam Chomsky, el famoso lingüista y
activista político estadounidense. La defensa quiere que Chomsky
declare en el juicio por su condición de experto. También, la semana pasada, el PEN International,
un organización que apoya a los escritores, hizo pública una declaración en la
que pedía a España la inmediata liberación de Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, líderes
de dos grupos culturales pro-catalanes que llevan encarcelados desde octubre de
2017 por su apoyo a la causa de la independencia. Ambos son escritores y se han convertido, para
muchos, en el símbolo de la injusticia.
Recientemente algunos
de los presos catalanes se declararon en huelga de hambre para llamar la
atención sobre su difícil situación. “Las autoridades españolas deben retirar los
desproporcionados cargos de rebelión y sedición contra Jordi Sánchez y Jordi
Cuixart y dejarlos en libertad inmediatamente”, manifestó el PEN
International.
Las autoridades españolas rechazan las acusaciones sobre la falta de
independencia del poder judicial. La Oficina de Prensa del TS hizo público el
pasado lunes un comunicado asegurando que el poder judicial es independiente de
la política. Como prueba de ello, se refirieron a las condenas de tribunales
españoles a Rodrigo Rato, y a otras personas vinculadas con el Partido Popular,
acusadas de corrupción. Estos escándalos provocaron la caída, el año pasado,
del Gobierno del Partido Popular presidido por Mariano Rajoy.
Muchos ciudadanos españoles se oponen a la independencia de Catalunya, y
comparan el referéndum y la declaración de independencia a un golpe de estado.
Por tanto, muchos españoles están ansiosos por ver como los independentistas
son juzgados por los tribunales. En Cataluña, las opiniones sobre la secesión
están divididas, algunas encuestas afirman que muchos de los residentes no
quieren que Catalunya se convierta en una nación separada. La región goza de
una amplia autonomía y su población está formada por muchas personas
provinentes de otras regiones españolas.
Por su
parte, las autoridades españolas afirman que las acusaciones son las adecuadas.
La Fiscalía acusó a los secesionistas catalanes de “intentar forzar al Estado a
aceptar la separación de ese territorio, objetivo que estuvieron a punto de
lograr. También aseguran que los líderes independentistas estaban dispuestos a
utilizar la violencia para alcanzar su objetivo”. Durante el juicio
se espera que agentes de policía que fueron enviados para impedir el referéndum
testifiquen que resultaron heridos, para así poder justificar que hubo
enfrentamientos. Las defensas argumentarán que la policía fue la única que cometió
actos de violencia.
Con tantas dudas
sobre la imparcialidad del juicio. Grupos de abogados y defensores
de los derechos humanos se estan preparando para supervisar el proceso. Amnesty International ha pedido al TS
que le permita actuar como observador internacional. Además la organización Trial Watch-Catalan Referendum Case se
está preparando para asegurar la imparcialidad del juicio. “Creo que
tendría que ser un juicio justo, más que nada porque los ojos del mundo estarán
puestos en él”, dijo Dowling. “El principal problema es resolver si las acusaciones están
justificadas”. El veredicto del Tribunal
Supremo puede ser recurrido ante el Tribunal
de Justicia de la Comunidad Europea y ante el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos. “Pero los veredictos de culpabilidad también pueden revocarse
mediante indultos”, añade Dowling.
