Benvolguts,
LAS CLOACAS DE INTERIOR
La ARP denuncia las medallas
policiales que premian sin motivo a mandos 'manchados'
Con
motivo de la concesión de la Cruz al Mérito Policial con distintivo rojo al
Jefe Provincial de Alicante, comisario principal Alfonso Cid Alguacil, la
Agrupación Reformista de Policías (ARP) acaba de presentar ante el Juzgado
Decano de Instrucción de Madrid una denuncia por presunta prevaricación y
malversación dirigida en general contra la arbitrariedad y opacidad que rodea a
esas condecoraciones, como las que repartió la cúpula de las cloacas de
Interior a mandos como Villarejo
Encabezado de la denuncia presentada este
lunes por la Agrupación Reformista de Policías contra la concesión de medallas
rojas en presuntos delitos de prevaricación y malversación.
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MADRID
Carlos Enrique Bayo
/ Patricia López
La
denuncia presentada esta mañana por una asociación de policías contra las condecoraciones
arbitrarias y opacas que concede el Ministerio del Interior va dirigida
específicamente contra la que acaba de premiar a un alto mando policial cuyo
comportamiento autoritario y abusivo ha levantado en su contra a todos los
agentes de Alicante, y antes a los de Benidorm.
Pero en realidad va mucho más allá,
porque pone en cuestión todo el sistema de concesión de medallas al
Mérito Policial con el que se ha ido recompensando –sin justificación ninguna
de los méritos aducidos– la fidelidad de los comisarios e inspectores que han
participado en actividades reprobables vinculadas a las cloacas de Interior.
La Agrupación Reformista de Policías (ARP) ha
interpuesto ante el Juzgado Decano de Instrucción de Madrid una demanda por
presunta prevaricación y malversación en la concesión de la Cruz al
Mérito Policial con distintivo rojo al Jefe Provincial de Alicante, comisario
principal Alfonso Cid Alguacil, precisamente cuando se han levantado contra
él todos los grupos de la Comisaría Provincial –igual que ocurrió
cuando dirigió la de Benidorm–, en protesta por sus arbitrariedades y
autoritarismo. Tanto es así que todos los sindicatos policiales, y no sólo la
ARP, –incluidas la Confederación Española de Policía (CEP), el Sindicato
Unificado de Policía (SUP) y la Unión Federal de Policía (UFP)– han reclamado
al Ministerio del Interior el cese del comisario Cid.
Además, Cid ha sido denunciado por haber
presuntamente ocultado en unas diligencias sobre un robo que estaba
empleando un vehículo oficial para usos particulares, cuando estaba destinado
en Guadalajara en 2013, algo tipificado como "falta grave" en el
artículo 8.s) de la LO 4/2010. Sin embargo, el comisario Cid acaba de ser
galardonado con la medalla roja por Orden de 13 de septiembre de 2018 del
Ministerio del Interior, y eso ha generado una demanda judicial que afecta a
todo el oscuro procedimiento de los premios policiales establecidos durante el
franquismo y repartidos arbitrariamente hasta el día de hoy.
La demanda de la ARP denuncia la negativa sistemática
de la Administración a justificar la concesión de las condecoraciones
En la demanda de la ARP, a la que ha tenido
acceso Público, se
denuncia que es imposible averiguar las motivaciones de todas esas recompensas,
porque "cuantas solicitudes de justificación incluso individual se
vienen dirigiendo a la Administración, en relación con el cumplimiento de los
requisitos del art. 6 de la Ley 5/1964, son sistemáticamente evacuadas sin
facilitar información alguna al respecto".
"De esta forma, la Administración
envuelve la concesión de estas distinciones y el elevado impacto que tienen en
el Erario Público en un impenetrable manto de oscuridad, que únicamente puede
ser roto a través del control jurisdiccional".
"Por esta razón y en la consideración de
que, en caso de concederse la distinción a un funcionario que carece de los
requisitos para ello, los propios órganos de la Dirección General de la Policía
que intervienen en el proceso de propuesta al Ministro del Interior han de ser
conscientes de ello, en actuación habría de activar el reproche penal; esta
parte acude directamente a este Juzgado a fin de que lleve a cabo las
diligencias de instrucción que se relacionan más adelante y las demás que
considere necesarias, para obtener una información que es negada por otros
cauces e imprescindible para esclarecer los hechos".
Estos párrafos de la denuncia se muestran a
continuación:
Y la demanda continúa:
"Y ello, por supuesto, dejando
abierta la facultad del Instructor de investigar si en las restantes 151 concesiones
de Cruz al Mérito Policial con distintivo rojo, que constan en la Orden de
13/9/2018, concurre efectivamente alguna de las circunstancias del art. 6 e la
Ley 5/1964".
Puede haber "delitos de dimensiones
monstruosas, cuya repercusión en las arcas públicas podría ascender a millones
de euros", expone la denuncia de la ARP
"En caso de no ser así podríamos
hallarnos ante un presunto concurso de delitos de dimensiones y consecuencias
monstruosas, cuya repercusión en las arcas públicas podría ascender a millones
de euros".
Es decir, si la Justicia accede a investigar
un procedimiento policial mediante el cual se ha premiado sistemáticamente a
mandos policiales y otras autoridades –incluso a civiles sin relación ninguna
con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado–, se deberá escarbar en las
cloacas de Interior y se llegará hasta las dos medallas rojas
(pensionadas) concedidas al célebre excomisario José Manuel Villarejo Pérez
–hoy en prisión– y a muchos otros mandos policiales bajo sospecha.
Porque hace ya décadas que se ha recompensado
con esas medallas con pensión vitalicia a cientos de mandos y agentes
policiales sin justificarse su adjudicación ni estar sometida a control de
cuentas ni transparencia ninguna esa graciosa concesión de premios con un
elevadísimo coste total para el erario público. Algo de todo punto
injustificado –y por tanto, malversador– si el funcionario a quien se
otorga no ha afrontado en acto de servicio una situación de riesgo vital o
personal, como exigen la Ley 19/1976 y el Artículo 4 de la Orden de 1 de
febrero de 1977, que fijan las condiciones para la concesión de cruces al
Mérito Policial.
Como también detalla la demanda de la ARP:
"Lo que nos lleva a considerar
como posibles delitos de prevaricación administrativa en concurso ideal
con el de malversación de caudales públicos, la concesión de la Cruz al Mérito
Policial con distintivo rojo a un funcionario del Cuerpo Nacional de
Policía que jamás ha afrontado una situación de riesgo para su vida o personal,
con el consiguiente perjuicio para las arcas públicas que implica el abono de
una pensión vitalicia a quien no tiene derecho a ello".
Coste de fondos
públicos entre 60.000 y 180.000 euros
"Para que el Instructor se haga una idea
del coste que al erario público puede suponer una Medalla con distintivo rojo (10%
vitalicio del sueldo del empleo que disfrute el funcionario en el momento de su
concesión, o del que vaya alcanzando en lo sucesivo), indicamos que:
"– En el caso de un funcionario
de la escala básica, puede suponer 200 € al mes; es decir, entre 2.400 € al
año. Lo que, siendo vitalicia y considerando una
media de entre 25 y 30 años de devengo, conllevaría un coste público de entre
60.000 y 72.000 € en total por cada Cruz con distintivo rojo".
"– Y en el caso de un funcionario
del Grupo A (de Inspector a comisario), puede suponer entre 400 y 500 € al mes;
es decir, entre 4.800 y 6.000 € al año. Lo que, siendo vitalicia y considerando
una media de entre 25 y 30 años de devengo, conllevaría un coste público total
de entre 120.000 y 180.000 € por cada Cruz con distintivo rojo".
"Cifra muy superior, desde luego, al
límite mínimo del subtipo agravado del delito de malversación del art.
432.3.b) CP, penado con prisión de cuatro a ocho años e inhabilitación
absoluta por tiempo de diez a veinte años".
¿Estamos ante un escándalo gigantesco de
malversación y prevaricación en el seno del Cuerpo Nacional de Policía? La
Justicia tiene la palabra.
Joan A. Forès
Reflexions
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