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Apuntes sobre Cataluña y España
El problema sigue estando en la
resistencia del PP a reconocer la diversidad de España y en la obstinación de los sectores catalanes que magnifican las fricciones y minimizan los avances
históricos conseguidos
Cataluña es hoy uno de los sujetos políticos no estatales,
llamados naciones sin Estado, con mayor nivel de autogobierno de toda Europa,
gracias a la Constitución española de 1978 y a los Estatutos de Autonomía de
1979 y 2006.
El
camino recorrido por nuestra democracia ha ido superando dos resistencias. La
de los centralistas, que consideran el proceso como un debilitamiento de la
nación española y una afrenta al castellano. Y la de los separatistas, que
presentan los avances como un engaño y magnifican cualquier fricción como
ofensas a Cataluña.
La Constitución y los Estatutos, como el bloque
institucional básico que asegura tanto la articulación de España como la
cohesión interna de Cataluña, han sido las normas que mayor apoyo social han
alcanzado nunca en Cataluña. Son las normas que permiten la convivencia de identidades diversas en
un mismo espacio y con las mismas reglas de ciudadanía.
Cataluña es uno
de los sujetos políticos no estatales con mayor autogobierno de Europa
La concepción
de España como "Nación de naciones" nos fortalece a todos
Una amplia mayoría de catalanes compatibiliza su identidad
catalana y española, sin considerarlas excluyentes, con un acento mayor o menor
en cada una de ellas.
En esta
perspectiva ha de entenderse el proceso de tramitación del Estatut de 2006 y la sentencia
del Tribunal Constitucional. Pero esta
merece algunas consideraciones:
- Los
votos particulares que respaldan la impugnación del PP expresan una visión preconstitucional del Estado. Se niega la noción misma de autogobierno, se
cuestiona la inmersión lingüística que cohesiona a Cataluña, se escatima la
condición de parte del Estado a la Generalitat, y se llega a desfigurar incluso
su nombre. Y, para ello, se invoca como autoridad jurídica y política... la
Biblia.
- La
sentencia aprobada por la mayoría del TC resulta ambivalente. En su fallo preserva la inmensa
mayoría de los preceptos estatutarios y rechaza casi todas las objeciones del
recurso del PP. Pero en los fundamentos de la sentencia
se refleja un desconocimiento de la diversidad catalana en la realidad
española. Usa expresiones ofensivas:
ciudadanía catalana como "una especie de subgénero de la ciudadanía
española"; injustificada primacía natural de cualquier norma estatal, u obsesión
injustificada por la indisoluble unidad de la nación española.
- Si a
ello se unen las dilaciones, la obstrucción intencionada de su renovación por
parte del PP, o la recusación de algún miembro, se entiende perfectamente que
la sentencia del TC, mucho más que el fallo, produjera indignación y rechazo en
sectores amplios de la sociedad catalana.
En rigor, los efectos jurídicos del fallo sobre la realidad
del Estatuto son pequeños. No solo por la extensión del texto afectado -un solo
artículo e incisos de párrafos de 13 artículos sobre 238-, sino también porque
la práctica totalidad sigue en vigor, y podrá ser desarrollado con la misma
normalidad jurídica y política con la que se ha hecho en los cuatro años
transcurridos.
El fallo consagra
y constitucionaliza el mayor nivel de
autogobierno alcanzado; reconoce derechos propios a los ciudadanos de Cataluña,
y todas las competencias que el Parlament había propuesto. Reconoce
los derechos históricos, el
estatuto lingüístico, la bilateralidad en las relaciones con el Gobierno
central y convalida el sistema de financiación y la organización territorial
propia de Cataluña. Por tanto, mayor autogobierno institucional y de
fuentes del derecho.
El problema no radica, pues, en la Constitución, que se
ha revelado por más de tres décadas como un texto incluyente de la diversidad y
ha permitido el desarrollo de un proceso federalizador en la configuración del
Estado de las Autonomías, aunque no estuviera contemplado en su letra.
Tampoco radica en este Estatut, a pesar de las
insidiosas campañas del Partido Popular sobre la ruptura de España o el
tutelaje de ETA. Estos cuatro años de desarrollo sin fricciones lo demuestran.
El
problema sigue estando en la resistencia del PP a reconocer la
diversidad de España y en la obstinación de los sectores catalanes que
magnifican las fricciones y minimizan los avances históricos que hemos vivido.
Y radica también en la falta de energía de quienes desde Cataluña y desde el
resto de España apostamos por la vía del entendimiento y rechazamos tanto el
camino de la imposición uniformadora como el de la separación.
El malestar que predomina
en Cataluña se observa con extrañeza en el resto de España. Como ya sucedió
con la aprobación del nuevo sistema de financiación, un 5% de problemas
ensombrecen el 95% de avances y soluciones.
Las
responsabilidades políticas de esta situación están repartidas, aunque en
distintas proporciones. Todas las fuerzas políticas
incurrimos en oportunismos. Pero los más responsables de la situación son los
que, tras perder la votación sobre el Estatut en las Cámaras y en el
referéndum, decidieron recurrirlo al Constitucional, para pasar a continuación
a bloquear su renovación, a torpedear su composición y a presionarlo. También tienen grave responsabilidad quienes se
excluyeron del consenso del Estatut y
ahora se rasgan las vestiduras reivindicando la misma norma que rechazaron. Eso sí, proponen como mágica solución la independencia
con argumentos que combinan la apelación a las emociones -especialmente las
negativas- con la invocación de un grosero cálculo económico cada vez más
distante de las tradiciones progresistas y más cercano a los postulados de la
Liga Norte italiana.
Tras la
manifestación de Barcelona, ya ha habido quien ha proclamado sin más que
la vía del autogobierno está superada, sin tener en cuenta la pluralidad de
opciones que animaban tanto a los asistentes como a los no asistentes. Sin
embargo, la vía del autogobierno, como la de la Constitución, es la única con
plena vigencia.
Lo que
ha caducado es la composición del Tribunal Constitucional. Por eso urge
su cambio, que aliviará la pesadumbre que produce la lectura de las 800
páginas de esta sentencia y que nos lleva a añorar los tribunales presididos
por García Pelayo, Tomás y Valiente o Cruz Villalón.
Cuando se disipe la espuma y se observe con serenidad la
situación, se comprobará que no hay un antes y un después. La historia de las relaciones entre Cataluña y España, con encuentros y
desencuentros, es una realidad multisecular, cuyo devenir hay que medirlo en
unidades de tiempo más amplias que los incidentes de recorrido. Y en esta relación se reiteran las posiciones abiertas
desde el siglo XIX.
- La de quienes se identifican con una historia única, con
una sola lengua, en una España uniforme. Apoyan la
involución que preconiza el PP y sus medios, azuzando el desencuentro, y ahora
miran para otro lado esperando que la tempestad amaine.
- La de los que nunca han aceptado un espacio público
compartido con España; la del lamento independentista y soberanista que exagera y amplifica
los agravios y, cuando no existen, los inventa.
- Las de
quienes no confundimos el griterío anticatalanista de los centralistas
con España, igual que distinguimos entre una
minoría estridente de catalanes y Cataluña; los que pensamos que esta sentencia
no es la Constitución; los convencidos de que la fuerza de España está en su
diversidad, en la potencia del autogobierno, de la federalización inserta en el marco normativo que nos dimos. Es el camino de la
mayoría de catalanes y españoles.
Lo conseguido hasta ahora, convivir en paz y libertad sin
renunciar a lo que somos ni a lo que queremos ser, es lo que importa, a pesar de quienes se empeñan en atizar el enfrentamiento. Nuestro reto no se limita a restituir los preceptos
del Estatut objetados
que pueden recuperarse. Va más allá.
Debemos demostrar que estos 30 años de convivencia y autogobierno no han sido
un paréntesis, sino el inicio de una nueva etapa;
hemos de poner de manifiesto que la Constitución de 1978 fue punto de
encuentro y de partida; que la concepción de España como "Nación de
naciones" nos fortalece a todos. Que no
hay ninguna razón para rechazar la diversidad identitaria que caracteriza a
España como una nación política y cultural, no como un mero armazón jurídico.
Este
reto exige perseverancia y energía, porque implica trabajar sobre una materia
que no son solo preceptos legales, son emociones y sentimientos de pertenencia.
Pero en este reto nos jugamos la convivencia libre, democrática, en paz.
Carme
Chacón es
ministra de Defensa y Felipe González fue presidente del
Gobierno español.
* Este
artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 26 de julio de 2010
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