Presentem un article de Jordi Galí a El País,
seguit d’una resposta pocasolta i mofeta de l’Angel de la Fuente.
Aquest és un dels articles del De la Fuente, abans que el nomenessin
assessor del ministre Montoro per a la redacció de les noves Balances Fiscals.
Un altre article de les mateixes característiques és:
La sèrie d’articles molt partidistes contra la
independència de Catalunya del de la Fuente mostra que no és la persona més
apropiada per ser imparcial en la comesa que té encomanada.
D’aquestes anàlisis venen les 4 sortides del
jutge Viver i Pi-Sunyer en representació del Consell Assessor per a la Transició Nacional (CATN):
http://reflexionsjafores.blogspot.com.es/2014/04/140415-vilaweb-catalunya-independent.html
1. Cataluña: cooperación o confrontación
Un divorcio amistoso con costes mínimos para las
partes no es una quimera
http://elpais.com/elpais/2013/10/08/opinion/1381229276_518709.HTML
Una de las principales
incertidumbres relativas a la eventual creación de un Estado catalán es el
encaje de este con Europa. Muchos catalanes se preguntan si este nuevo
escenario sería compatible con seguir disfrutando de las ventajas económicas
asociadas a nuestra pertenencia a la Unión Europea (UE) y a la zona euro.
Aunque, por definición, la capacidad soberana de
un Estado abre la puerta a muchas alternativas, en el caso de Cataluña parece existir un amplio
consenso social y político sobre la deseabilidad de continuar en la UE y de
mantener el euro como moneda. ¿Cuáles son las opciones de una
Cataluña independiente para alcanzar dichos objetivos? En mi opinión, la
respuesta a esta cuestión difícilmente puede desvincularse del escenario en que
se produzca el eventual proceso de constitución del Estado propio. A grandes
rasgos podríamos distinguir entre dos escenarios posibles: cooperación y confrontación.
En un escenario de cooperación, el Estado español
aceptaría un resultado favorable a la independencia de una eventual consulta al
pueblo catalán, iniciándose un proceso de colaboración entre los dos Gobiernos
para gestionar un “divorcio amistoso.” Este es precisamente el marco previsto
en el acuerdo entre los Gobiernos de Escocia y el Reino Unido por el que ambas
partes se comprometen a “trabajar constructivamente de acuerdo con el resultado
[del referéndum], sea cuál sea este, para preservar los intereses del pueblo
escocés y del resto del Reino Unido”. En un escenario de esta naturaleza, la
admisión automática o no de Cataluña en la UE (y, de resultas, en la zona euro)
sería una cuestión formal sin más interés que el propiamente simbólico. En el
peor de los casos, dicha admisión se produciría después de un proceso de
negociación que, dadas las circunstancias extraordinarias mencionadas más
arriba, debería poder ser simplificado y rápido. Lo único realmente importante
sería garantizar, durante el periodo transitorio, la continuidad de derechos y
obligaciones que rigen las relaciones económicas entre Cataluña y el resto de
la UE, y, de forma especial, los relativos a la libre circulación de
mercancías, personas y capitales. Esta “extensión” del régimen actual también
debería incluir, de forma natural, los aspectos monetarios. Así pues, a pesar
de que durante este periodo Cataluña no sería formalmente parte de la zona
euro, el euro continuaría siendo la moneda oficial y las entidades financieras
catalanas deberían poder acceder, como en la actualidad, a los mecanismos de
financiación del eurosistema y al mecanismo de pagos europeo. A finales del
periodo transitorio, y en el momento de la integración formal, el banco central
del nuevo Estado asumiría sus funciones como banco central nacional dentro del
eurosistema.
Desde un punto de vista práctico, la única
diferencia que este escenario supondría respecto al de admisión automática
sería que Cataluña no estaría representada formalmente en las instituciones y
órganos de gobierno de la UE (incluido el Consejo de Gobierno del BCE) durante
el periodo transitorio hasta la admisión definitiva. Dado el gran número de
países miembros de la UE y la consiguiente irrelevancia efectiva de cada uno de
ellos en las decisiones colectivas, nadie puede afirmar sin sonrojarse que tal
ausencia supondría un perjuicio significativo para la economía catalana.
Aun sin entrar en la UE, Cataluña
podría tener el euro como moneda oficial
Por otra parte, un eventual escenario de
confrontación vendría definido por el rechazo por parte del Estado español a
reconocer el nuevo Estado y, por consiguiente, el bloqueo indefinido de su
admisión en la UE (que requiere la unanimidad de los Estados miembros). Pero en la medida
en que se preservaran los tres pilares mencionados más arriba (libre
circulación de mercancías, trabajadores y capitales), dicho escenario no
debería acarrear consecuencias adversas para la economía catalana.
En contraste con la opinión generalizada, estos derechos no están restringidos
a la UE y hay diferentes formas de articularlos (el caso de Suiza es, quizá, el
más paradigmático en este sentido). Además, la UE sería la primera interesada en preservar la
reciprocidad en estos derechos, dada la importancia cuantitativa y cualitativa
del mercado catalán y la presencia de un gran número de empresas europeas con
base en Cataluña (sin olvidar la contribución neta de esta a las arcas
comunitarias).
En el ámbito monetario, la no admisión en la UE
implicaría también que Cataluña no sería un Estado miembro de la zona euro.
Pero Cataluña podría mantener el euro como moneda oficial, si así lo deseara.
Un “acuerdo monetario” con la UE como el que rige en algunos países no
comunitarios que utilizan el euro podría bendecir dicho uso y facilitar la
continuidad en las relaciones monetarias y financieras. En el peor de los
casos, las entidades financieras con sede en Cataluña podrían acceder a la
liquidez del BCE a través de filiales o sucursales establecidas en la zona
euro, como lo hacen regularmente numerosos bancos no comunitarios de acuerdo
con lo establecido en la normativa relevante del BCE (la llamada “Documentación
General”).
¿Cuál de los escenarios analizados es más deseable
para todas las partes implicadas? En un escenario de cooperación, donde ninguna parte tiene
como objetivo deliberado el perjuicio de la otra, la posibilidad de un divorcio
amistoso con costes mínimos para todas las partes no debería ser una quimera.
Más allá de las formalidades jurídicas, nada debería poder impedir la
continuidad plena, por lo menos de
facto, del marco de relaciones
económicas y financieras actuales, y de los derechos y obligaciones que le
están asociados. Por otra parte, resulta difícil imaginar una actitud intransigente por
parte del Estado español ante el fait
accompli de una Cataluña independiente, ya que ello tendría importantes
costes económicos para España, y ninguna ventaja que no fuera la (posible)
satisfacción de castigar a Cataluña y a sus ciudadanos por haber elegido un
marco político distinto al actual. Entre otras cuestiones, cabe suponer que una
actitud hostil cerraría la puerta a cualquier negociación de buena fe sobre el
reparto de la deuda contraída por el Reino de España.
Dadas las más que probables consecuencias adversas
para España de un escenario de confrontación una vez consumada la decisión del
pueblo catalán de construir un Estado propio, la actual ofensiva intimidatoria
del Gobierno español no parece gozar de mucha credibilidad, siendo su única
explicación la voluntad de doblegar el deseo de la gran mayoría de los
catalanes de poder decidir libremente su futuro.
Jordi Galí es director del Centre de Recerca
en Economia Internacional (CREI) y catédratico de la Universitat Pompeu Fabra.
2. Cataluña y Europa: una de vaqueros
Cuando el divorcio es inevitable, lo mejor para
ambas partes es que sea civilizado, pero acusar falsamente al otro de maltrato
y amenazar con no pagar la hipoteca conjunta no contribuyen al buen desenlace
¿Podría una hipotética
Cataluña independiente mantenerse dentro del mercado único europeo y bajo el
paraguas del BCE? Sin duda ninguna, contesta mi estimado colega
Jordi Galí en un
artículo publicado hace unos días en este periódico con el objetivo
aparente de tranquilizar a una tropa un tanto inquieta ante las recientes
declaraciones de algunos responsables comunitarios.
El argumento del profesor
Galí entreteje cuatro ideas que encajarían bien en el argumento de una película
de vaqueros de serie B.
· La
primera es que el único malo posible en el casting es el feo (la España no catalana), que amenaza con
ponerse desagradable si el guapo (el pueblo catalán) insiste en construir su propio
Estado. Esto no es inevitable. Si el feo fuese tan civilizado como el bueno (el
Gobierno británico) y se tomase de forma más relajada eso de la secesión, el
guapo podría seguir cómodamente instalado en los brazos de la chica (Europa)
sin problema ninguno.
· Segunda,
de hecho, el feo sería tonto si decidiese ejercer de malo porque tiene mucho
que perder si se enfada con el guapo, con quien tiene muchos negocios a medias.
Y también muchas deudas de las que el guapo podría desentenderse si le tocasen
mucho las narices.
· Tercera,
el feo no tiene pistola. Aun cuando España vetase el acceso del nuevo Estado
catalán a la Unión, este podría seguir de
facto en el mercado único, posiblemente a través de algún tipo de
tratado de asociación. De la misma forma, Cataluña podría mantener
unilateralmente el euro como moneda y tendría acceso a la liquidez del BCE a
través de las matrices, subsidiarias o sucursales españolas de sus entidades de
crédito.
· Y cuarta,
la chica jamás permitiría que el feo saque al guapo del club, aunque parece ser
que más por interés que por amor verdadero. Dada la gran importancia del
mercado catalán y su contribución neta al presupuesto de la UE, ya se ocupará
esta de no dejarnos fuera del mercado único, aunque sea abriéndonos la puerta
de atrás. Así
pues, todo hace prever un desenlace feliz en el que los amantes siguen juntos y
el feo, tras amagar con ponerse borde, no pondrá problemas —y si los pone peor
para él porque tampoco le servirá de nada—.
Como ficción, el guion podría tener un pase, pero
desde luego como análisis serio de las implicaciones de la secesión deja
bastante que desear. No hace falta rascar mucho para descubrir que en el mundo
real el lío que plantea Galí no es culpa del feo y no admite apaños extraños ni
puertas traseras. Para más inri, no está claro que el malo sea tonto, y la
chica no bebe precisamente los vientos por el guapo. Si la apuran, lo más
probable es que se quede con el feo, que al fin y al cabo es amigo de la
familia.
Los integrantes de la
Unión Europea (UE) son los Estados firmantes de su tratado fundacional y no sus
respectivos territorios o ciudadanos. Así pues, el miembro del club
europeo es el Reino
de España. Cataluña forma parte de la UE solo en su calidad de
territorio español, y dejaría de hacerlo automáticamente si perdiese tal
condición, pasando entonces a considerarse lo que en la jerga comunitaria se
denomina un Estado
tercero. Llegados a este punto, el nuevo Estado catalán podría
ciertamente solicitar la adhesión a la Unión o negociar, como sugiere Galí, un tratado de
asociación similar a los que disfrutan Suiza o Noruega.
Cualquiera de estas posibilidades requeriría un
proceso largo, complejo y de resultado incierto. La primera de ellas exigiría
el acuerdo unánime de todos los Estados miembros. La segunda no, pero ningún
tratado de asociación podría firmarse sin el apoyo de una amplia mayoría del Consejo Europeo y
no está nada claro que un nuevo Estado catalán pudiese contar con el apoyo
necesario. En primer lugar, existe el peligro evidente de un veto español, que
no sería necesariamente irracional en un contexto de competencia entre ambos
Estados por la localización de grandes empresas, tanto domésticas como extranjeras,
y por los mercados europeos. Pero además hay otros países europeos que podrían
verse tentados de utilizar el caso catalán como escarmiento en cabeza ajena
para sus propios movimientos separatistas. Al fin y al cabo, resulta difícil pensar que un club de
Estados como es la UE esté dispuesto a aceptar con ecuanimidad un precedente
que podría desequilibrar a buena parte de sus miembros.
Dudo mucho que los costes económicos derivados de
la exclusión de Cataluña, incluyendo su posible aportación neta al presupuesto
comunitario, prevalezcan sobre tal cálculo político. En este sentido, quizás
convenga recordar que para el mundo mundial somos muy poquita cosa y para la UE
también. Con
datos de 2012, Cataluña suponía solo el 1,44% de la población de la UE y el
1,50% de su PIB. Aunque algún entusiasta de la causa ha llegado a dudar en la
prensa local de la viabilidad del proyecto europeo sin la aportación catalana,
la fría razón exige reconocer que somos perfectamente prescindibles.
Lo que he dicho más arriba sobre las implicaciones
de la secesión para la posición catalana en la UE lo han dicho por activa y por
pasiva diversos portavoces comunitarios, incluyendo al menos dos presidentes de
la Comisión, y lo dicen también los informes oficiales sobre la cuestión escocesa del propio
Gobierno británico que tanto admira Galí. Pero todo ello no ha hecho mella
ninguna ni en el profesor Galí ni en el Gobierno catalán, que, inasequibles al
desaliento, se
aferran a la idea de que la cosa se resolvería, llegado el caso, con algún
apaño político de urgencia que permitiría a la economía catalana seguir de facto en el mercado único y en el
euro con todas sus ventajas. Ambos demuestran con ello una visión
muy española de la ley como cosa relativa e infinitamente elástica que
seguramente les resultará muy extraña a nuestros amigos del norte de Europa.
Por mi parte, sigo sin ver cómo tales apaños podrían articularse sin necesidad
de un tratado, lo que me remite de nuevo al párrafo anterior.
Así pues, no existen las soluciones mágicas a las
que Galí parece fiar la permanencia efectiva de la economía catalana en el
mercado único. Y
lo mismo ha de decirse sobre la posibilidad de seguir bajo el paraguas del BCE.
No tengo ninguna duda de que, llegado el caso, el BCE ofrecería a La
Caixa y al Sabadell la liquidez que pudiesen necesitar en relación con sus
actividades en lo que quede de España en las mismas condiciones que a los
bancos españoles, pero es muy dudoso que esté dispuesto a hacer lo mismo con su
negocio en Cataluña (o con el del BBVA o el Santander). De hecho, hacerlo sería una irresponsabilidad
potencialmente muy cara, pues obligaría al contribuyente europeo (seguramente,
más bien al español) a hacerse cargo de riesgos de terceros sobre los que el
BCE o el Banco de España tendrían muy poco control.
Dos reflexiones finales.
· Primera,
coincido con el profesor Galí en que, cuando el divorcio es inevitable, lo
mejor para ambas partes es que sea civilizado. Pero acusar falsamente a la otra
parte de maltrato y amenazar con no pagar la parte que le toca a uno de la
hipoteca común no contribuyen precisamente a aumentar la probabilidad de tal
desenlace.
· Y
segunda, antes de tirarse por el balcón conviene asegurarse de que haya agua
debajo. Si uno no lo hace, no se puede acusar al vecino de mala fe por no haber
puesto la piscina justo allí.
Ángel de la Fuente es
investigador en el Instituto de Análisis Económico (CSIC).
15/04/14.
3.
D’aquestes anàlisis venen les quatre hipòtesis
sobre l’entrada a la UE,
i les tres alternatives del Consell Assessor per a la Transició Nacional (CATN)
resumides pel jutge Viver i Pi-Sunyer, en representació del Consell:
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Joan
A. Forès
Reflexions
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