Benvolguts,
[Comentari en construcció]
Jordi Galí es un eminencia mundial como
investigador de la nueva síntesis
keynesiana. Obtuvo su doctorado en la Universidad de Massachussets y ha
trabajado como docente en las universidades de Columbia, Nueva York y
Barcelona.
Además, es asesor del Banco Central Europeo y de laReserva Federal estadounidense.
Un fabuloso artículo que abre nuevas posibilidades a la independencia de Catalunya:
Además, es asesor del Banco Central Europeo y de laReserva Federal estadounidense.
Un fabuloso artículo que abre nuevas posibilidades a la independencia de Catalunya:
Una de las principales incertidumbres relativas a
la eventual creación de un Estado catalán es el encaje de este con Europa. Muchos
catalanes se preguntan si este nuevo escenario sería compatible con seguir
disfrutando de las ventajas económicas asociadas a nuestra pertenencia a la
Unión Europea (UE) y a la zona euro.
Aunque, por definición, la capacidad soberana de
un Estado abre la puerta a muchas alternativas, en el caso de Catalunya parece
existir un amplio consenso social y político sobre la deseabilidad de continuar
en la UE y de mantener el euro como moneda. ¿Cuáles son las opciones de una
Catalunya independiente para alcanzar dichos objetivos? En mi opinión, la
respuesta a esta cuestión difícilmente puede desvincularse del escenario en que
se produzca el eventual proceso de constitución del Estado propio. A grandes
rasgos podríamos distinguir entre dos escenarios posibles: cooperación y confrontación.
·
En un escenario de cooperación, el Estado
español aceptaría un resultado favorable a la independencia de una eventual
consulta al pueblo catalán, iniciándose un proceso de colaboración entre los
dos Gobiernos para gestionar un “divorcio amistoso.” Este es precisamente el
marco previsto en el acuerdo entre los Gobiernos de Escocia y el Reino Unido
por el que ambas partes se comprometen a “trabajar constructivamente de acuerdo
con el resultado -del referéndum-, sea cuál sea este, para preservar los
intereses del pueblo escocés y del resto del Reino Unido”. En un escenario de esta naturaleza, la
admisión automática o no de Catalunya en la UE (y, de resultas, en la zona
euro) sería una cuestión formal sin más interés que el propiamente simbólico.
En el peor de los casos,
dicha admisión se produciría después de un proceso de negociación que, dadas
las circunstancias extraordinarias mencionadas más arriba, debería poder ser
simplificado y rápido. Lo único realmente importante sería garantizar, durante
el periodo transitorio, la continuidad de derechos y obligaciones que rigen las
relaciones económicas entre Catalunya y el resto de la UE, y, de forma
especial, los relativos a la libre circulación de mercancías, personas y
capitales. Esta “extensión” del régimen actual también debería incluir, de
forma natural, los aspectos monetarios. Así pues, a pesar de que durante este
periodo Catalunya no sería formalmente parte de la zona euro, el euro
continuaría siendo la moneda oficial y las entidades financieras
catalanas deberían poder acceder, como en la actualidad, a los mecanismos de
financiación del eurosistema y al mecanismo de pagos europeo. A finales del
periodo transitorio, y en el momento de la integración formal, el banco central
del nuevo Estado asumiría sus funciones como banco central nacional dentro del
eurosistema. Desde
un punto de vista práctico, la única diferencia que este escenario supondría
respecto al de admisión automática sería que Catalunya no estaría representada
formalmente en las instituciones y órganos de gobierno de la UE (incluido el
Consejo de Gobierno del BCE) durante el periodo transitorio hasta la admisión
definitiva. Dado el gran número
de países miembros de la UE y la
consiguiente irrelevancia efectiva de cada uno de ellos en las decisiones
colectivas, nadie
puede afirmar sin sonrojarse que tal ausencia supondría un perjuicio
significativo para la economía catalana.
Aun sin entrar en la UE, Catalunya podría tener el euro como moneda
oficial.
·
Por otra parte, un eventual escenario de confrontación vendría
definido por el rechazo por parte del Estado español a reconocer el nuevo
Estado y, por consiguiente, el bloqueo indefinido de su admisión en la UE (que
requiere la unanimidad de los Estados miembros). Pero en la medida
en que se preservaran los tres pilares mencionados más arriba (libre circulación
de mercancías, trabajadores y capitales), dicho escenario no debería
acarrear consecuencias adversas para la economía catalana. En contraste con la
opinión generalizada, estos derechos no están restringidos a la UE y hay diferentes
formas de articularlos (el caso
de Suiza es, quizá, el más paradigmático en este sentido). Además, la UE sería la primera interesada en preservar la reciprocidad en estos
derechos, dada la importancia cuantitativa y cualitativa del mercado catalán y
la presencia de un gran número de empresas europeas con base en Catalunya (sin
olvidar la contribución neta de esta a las arcas comunitarias).
En el ámbito monetario, la no admisión en
la UE implicaría también que Catalunya no sería un Estado miembro de la zona
euro. Pero Catalunya podría mantener
el euro como moneda oficial, si así lo deseara. Un “acuerdo monetario” con la
UE como el que rige en algunos países no comunitarios que utilizan el euro
podría bendecir dicho uso y facilitar la continuidad en las relaciones
monetarias y financieras.
En el peor de los casos, las entidades financieras con sede en Catalunya podrían acceder a la liquidez del BCE a través de filiales o sucursales establecidas en la zona euro, como lo hacen regularmente numerosos bancos no comunitarios de acuerdo con lo establecido en la normativa relevante del BCE (la llamada “Documentación General”).
¿Cuál de los escenarios analizados es más deseable
para todas las partes implicadas? En un escenario de cooperación, donde ninguna parte tiene
como objetivo deliberado el perjuicio de la otra, la posibilidad de un divorcio
amistoso con costes mínimos para todas las partes no debería ser una quimera. Más allá de las formalidades jurídicas, nada debería
poder impedir la continuidad plena, por lo menos de facto, del marco de
relaciones económicas y financieras actuales, y de los derechos y obligaciones
que le están asociados. Por otra parte, resulta difícil imaginar una actitud
intransigente por parte del Estado español ante el fait accompli de una
Catalunya independiente, ya que ello tendría
importantes costes económicos para España, y ninguna ventaja que no
fuera la (posible) satisfacción de castigar a Catalunya y a sus ciudadanos por
haber elegido un marco político distinto al actual. Entre otras cuestiones, cabe suponer que una actitud hostil cerraría la puerta a cualquier negociación
de buena fe sobre el reparto de la deuda contraída por el Reino de España.
Dadas las más que probables consecuencias adversas
para España de un escenario de confrontación una vez consumada la decisión del
pueblo catalán de construir un Estado propio, la
actual ofensiva intimidatoria del Gobierno español no parece gozar de mucha
credibilidad, siendo su única explicación la voluntad de doblegar
el deseo de la gran mayoría de los catalanes de poder decidir libremente su
futuro.
ES UN PLACER LEER ESTOS
ARTÍCULOS DE GENTE QUE, CON UN POCO DE SUERTE, CUANDO SEAMOS LIBRES, TRABAJARÁN
PARA EL FUTURO PRÓSPERO DE CATALUNYA
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